Tucumán lidera el NOA con un aumento de adolescentes en conflicto penal, en medio del debate por la imputabilidad

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina ha ganado relevancia en los últimos años, y en 2025 se ha intensificado con la presentación de múltiples proyectos de ley en la Cámara de Diputados (hay un total de 14), que iniciará su tratamiento en comisiones este martes.

Impulsado principalmente por el gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, este tema busca reformar el actual Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley N.º 22.278 de 1980, que fija la edad mínima de imputabilidad en 16 años. El proyecto oficial propone reducir esta edad a 13 años, aunque un consenso emergente apunta a establecerla en 14 años, tras negociaciones entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, y otros bloques menores. Este acuerdo, que modifica la propuesta original del Ejecutivo, busca garantizar las firmas necesarias para un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones que involucra a Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda y Familia, Niñez y Juventudes.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte oposición de diversos sectores, que cuestionan su eficacia y advierten sobre posibles violaciones a los derechos de los menores.

A nivel local

En este marco, y de acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, al que tuco acceso Tendencia de Noticias, en Tucumán la población adolescente en dispositivos de cumplimiento de una medida penal ascendían a 73 casos hasta fines del año pasado, lo que constituye un incremento del 62,2% si se toman en cuenta los datos de 2023, donde los menores implicados sumaban 45. De esta forma, nuestra provincia lidera el ranking a nivel regional de adolescentes con causas penales registradas, superando a Salta (57), Santiago del Estero (41), Catamarca (9) y Jujuy (6). En tanto que, a nivel nacional, Tucumán ocupa el sexto lugar, siendo que la principal jurisdicción con mayores jóvenes bajo el régimen penal es la provincia de Buenos Aires (2.287), seguida por Córdoba (660). Entre todas los distritos suman un total de 4.068 menores infractores de la ley.

Además, el ministerio comandado por Sandra Pettovello, informó que, en relación a la franja etaria y el tipo de dispositivo del cumplimiento de la medida penal, en el caso de Tucumán, es el siguiente: 16 jóvenes de 18 años o más y 56 adolescentes entre los 16 y 17 años se encuentran en "Dispositivos de Medidas Penales en Territorio". Aquí, según los datos oficiales, se incluyen a adolescentes y jóvenes infractoras/es o presuntos infractores a la ley penal, como Dispositivos de Acompañamiento y Supervisión, Programas de Supervisión y Monitoreo, Libertad Asistida, Sistemas de Acompañamiento, entre otros.

El trabajo que desempeña el equipo técnico de estos dispositivos consiste en el monitoreo, acompañamiento y supervisión de los adolescentes en territorio, en el marco de su red socio comunitaria y familiar. "Desde el punto de vista formal, todos los adolescentes en estos dispositivos deben contar con una medida judicial dispuesta por Juzgados o Tribunales con competencia en la materia. El objetivo principal de este tipo de dispositivo es acompañar a los adolescentes en la elaboración de un proyecto de vida que los aleje de su vinculación con la transgresión y promueva su inclusión en la comunidad a partir del ejercicio de una ciudadanía responsable", señalan desde Capital Humano.

A su vez, en un caso en la provincia, se da la situación que el joven está bajo el cumplimiento de prisión domiciliaria.

Solamente Córdoba (113 casos), Buenos Aires (34) y Salta (5), poseen una población menor a 16 años en dispositivos de cumplimiento de una medida penal.

Competencias y causas penales

A nivel país, los delitos contra la propiedad fueron los de mayor incidencia cometidos por menores (2.328 casos), seguidos por delitos contra las personas (551), delitos contra la integridad sexual (307), por detallar solo los principales actos ilícitos.

En su informe, el Ministerio de Capital Humano señaló que el abordaje de adolescentes infractores o presuntos infractores de la ley penal se lleva adelante en el marco del Sistema de Protección Integral desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. No obstante, se aclara que "las competencias en materia procesal penal juvenil — incluyendo la implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad, la creación de dispositivos especializados y la asignación de recursos— corresponden exclusivamente a las jurisdicciones provinciales".

Por su parte, el Ministerio de Justicia informó que, de acuerdo con un relevamiento

nacional llevado a cabo en todos los poderes judiciales del país por la Dirección

Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal del mismo

ministerio, durante el año 2023 se iniciaron 44.935 causas penales en las que había,

al menos, un imputado/a menor de edad.

Asimismo, de acuerdo con lo reportado por el Registro Nacional de Reincidencia,

durante el año 2023 se dictaron 109 sentencias condenatorias a personas menores

de 18 años.

La cartera, comandada por Mariano Cúneo Libarona, señaló además que, según el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, en los casos de inimputabilidad, el juez debe investigar el hecho ilícito y la posible intervención de terceros. Así mismo, antes de declarar la inimputabilidad o disponer la libertad, se ordena un peritaje psicológico y psiquiátrico para evaluar el riesgo de peligrosidad o reincidencia, además de un informe ambiental sobre las condiciones de vida del involucrado. También se consulta a un equipo interdisciplinario e intervienen organismos de protección de derechos del niño y equipos de salud según la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. El seguimiento y control de la persona inimputable es informado y supervisado mensualmente por el juez y el fiscal.

Además, en el mencionado proyecto de ley se prevé la figura del supervisor que estará a cargo del seguimiento y control del imputado, e intervendrá en los casos de

imposición de medidas alternativas a la prisión.

Costos

Por otra parte, el Ministerio adjuntó datos provenientes de la Subsecretaría de Política Criminal, a los que accedió Tendencia de Noticias, donde se indica que la previsión presupuestaria para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil para la justicia nacional, que integra el presupuesto, y que representa, según la estimación -teniendo en cuenta los datos sobre causas iniciadas- el 5% del total de casos a nivel país, sería sobre 300 casos.

De esta manera, se requerirían adicionales para 12 supervisores, lo que representaría

un costo de $75.298.080. Asimismo, deberían preverse 300 programas socioeducativos, laborales, deportivos, recreativos o culturales, lo que representa un costo de $72.540.921 anuales.

Los casos de menores dentro de la justicia federal representan una pequeña porción.

Esta afirmación se basa en los datos del Registro de sentencias condenatorias

realizado por el Registro Nacional de Reincidencia, en el que representaron el 2,99%

en todo el país. Ello permitiría pronosticar un total de 179 casos al año, lo que motiva

el nombramiento de un total de 8 supervisores, con un costo fiscal anual de

$50.198.720.

Asimismo, para los 179 casos estimados ante la justicia federal, el costo total estimado en relación con los programas socioeducativos, laborales, deportivos, recreativos o culturales asciende a $43.282.749.

Por lo cual, el total de imputación presupuestaria para la aplicación del nuevo "Régimen Penal Juvenil" asciende a la suma de $241.320.470.

Características de la iniciativa

El proyecto oficial, presentado el 15 de julio de 2024, tiene como puntos principales:

• Edad de Imputabilidad: Reduce la edad mínima de 16 a 13 años para delitos tipificados en el Código Penal (hay consenso para que la edad sea a partir de los 14 años).

• Penas Máximas: Establece que los menores no podrán recibir reclusión perpetua, y el máximo de prisión será de 20 años, incluso si la escala penal para adultos fuera mayor.

• Penas Alternativas: Para delitos con penas de hasta 6 años, se contemplan medidas como amonestaciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibiciones de contacto con víctimas, y reparación del daño, priorizando la resocialización sobre la privación de libertad.

• Investigación de Menores de 13 Años: Aunque no serán imputables, se investigará su participación en delitos, con peritajes psicológicos e intervención de organismos de protección. En casos de riesgo, se podrá ordenar su internación para “readaptación social”.

• Resocialización: Incluye programas educativos, deportivos, de formación ciudadana y tratamientos médicos para reintegrar a los jóvenes a la sociedad.

Argumentos a Favor

• Seguridad Pública: El oficialismo y aliados como el PRO sostienen que la baja de la edad de imputabilidad responde a un aumento de delitos cometidos por menores de 16 años, que actualmente quedan impunes. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “es fundamental” actuar frente a la “alta tasa de criminalidad entre adolescentes”.

• Protección de Víctimas: El proyecto busca garantizar justicia para las víctimas, evitando la percepción de impunidad. El diputado Gerardo Huesen opinó que se ha presentado una ley de baja de imputabilidad "para considerar el daño que produce un menor que delinque", a la vez que reconoció la falta de legislación penal juvenil.

• Resocialización: El texto oficial incluye medidas alternativas y programas de reinserción, como educación y formación laboral, para evitar la reincidencia. La senadora nacional Beatriz Ávila está de acuerdo en cambiar el régimen penal actual, "que tiene un estilo paternalista y data de 1980, además de buscar un proyecto que debe ser enmarcado en un contexto social general".

En Contra

• Falta de Evidencia: Organismos como UNICEF y expertos como Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, argumentan que no hay pruebas de que bajar la edad reduzca el delito. Lerner criticó la premisa del Ejecutivo, “delito de adulto, respuesta de adulto”, por contradecir la Convención de los Derechos del Niño. El diputado nacional Pablo Yedlin expresó que no está de acuerdo respecto de la relación causa- efecto de la menor inseguridad con la disminución de edad de imputabilidad.

• Impacto en Menores: Cynthia Britez, de la Asociación Americana de Juristas, advirtió que “el proyecto no considera el impacto que tiene la pena privativa de la libertad en el proyecto existencial” de los menores, afectando su desarrollo y futuro.

• Falta de Infraestructura: Varios legisladores señalaron que el sistema actual no cuenta con centros de detención adecuados para menores. El proyecto oficial no incluye partidas presupuestarias para construir nuevos espacios, lo que podría agravar las condiciones de reclusión.

• Reincidencia: Estadísticas citadas por el bloque de Unión por la Patria indican que menos del 1% de los delitos graves son cometidos por menores, y que la reincidencia es mayor (83%) entre quienes pasaron por institutos de menores, según la Universidad Tres de Febrero.

• Postura de la Iglesia: Monseñor Dante Braida, de la Pastoral Social, expresó que “poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, abogando por políticas de prevención y educación. Por su parte, el sacerdote José Ignacio Abuin, del Arzobispado de Tucumán, señaló que "un menor que entra en conflicto con la ley, o bien está influenciado por un adulto que lo manipula para obtener un beneficio propio, o bien está abandonado a su propia suerte por el mundo adulto y sus instituciones".