Tras la caída de Maduro, el chavismo endurece la represión y despliega su Ejército en las calles

Desde la captura y extracción de Nicolás Maduro, el jefe del régimen chavista depuesto y hoy juzgado en Estados Unidos por narcoterrorismo y delitos de lesa humanidad, Venezuela ingresó en una nueva fase de endurecimiento autoritario marcada por la militarización del espacio público, la persecución política y el avasallamiento de libertades básicas.

Desde este lunes rige en todo el país el estado de excepción, denominado oficialmente estado de conmoción exterior, que se tradujo de inmediato en un despliegue masivo de fuerzas de seguridad, con puestos de control en distintos puntos de Caracas. En varios de ellos, efectivos armados detuvieron a transeúntes y conductores, los obligaron a descender de sus vehículos y revisaron de manera compulsiva sus teléfonos celulares, en busca de mensajes, audios o publicaciones considerados “hostiles” al régimen.

El decreto, publicado en la Gaceta Oficial con fecha 3 de enero —el mismo día en que Maduro fue capturado en la capital venezolana tras una serie de ataques estadounidenses contra objetivos militares— establece un régimen de excepción por 90 días prorrogables, dispone la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, militariza infraestructuras críticas como los servicios públicos y la industria petrolera, y otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo, entre ellas la requisición de bienes, el cierre de fronteras y la eventual prohibición de manifestaciones.

La tensión escaló pasada la medianoche del lunes, cuando el ministro del Interior y jerarca del régimen, Diosdado Cabello, difundió un video rodeado de efectivos armados con fusiles de asalto y anunció el inicio de patrullajes intensivos en todo el territorio para “garantizar la paz”. En paralelo, vecinos de Caracas reportaron el despliegue de tanques de la Guardia Nacional Bolivariana y un control casi total de la movilidad urbana, una postal que profundizó el clima de miedo e incertidumbre.

Según testimonios recogidos en la capital, los uniformados retienen personas en la vía pública y revisan celulares en busca de cualquier expresión de apoyo a los ataques de Estados Unidos o a la caída del exmandatario chavista. En ciudades como Maracaibo y Barquisimeto, el refuerzo policial también fue visible, aunque sin la presencia de blindados.

Bajo el nuevo marco de excepción, el Estado queda habilitado a detener arbitrariamente a quienes incumplan restricciones de circulación, participen en concentraciones no autorizadas o sean considerados “sospechosos” de alterar el orden público o afectar infraestructuras ahora bajo control militar. El gobierno interino justificó la medida como una respuesta frente a una supuesta “agresión externa”, aunque los hechos exhiben un operativo de disciplinamiento interno dirigido a sofocar cualquier disidencia.

El decreto invoca el artículo 338 de la Constitución de 1999, que habilita estados de conmoción interior o exterior, pero organizaciones jurídicas y de derechos humanos advirtieron graves inconsistencias institucionales. La ONG Acceso a la Justicia señaló que el mismo día de la firma del decreto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo declaró la ausencia temporal de Maduro y designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Pese a ello, el texto del estado de excepción aparece suscripto por Maduro, lo que abre serios interrogantes sobre su validez legal.

Represión contra la prensa

Al clima de control reforzado se sumaron denuncias por persecución a periodistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que 14 trabajadores de medios fueron detenidos y luego liberados durante un operativo desplegado en las inmediaciones del Palacio Legislativo, mientras se juramentaba la nueva directiva de la Asamblea Nacional y Rodríguez asumía como presidenta interina. Entre los detenidos había corresponsales y colaboradores de medios internacionales.

Los comunicadores fueron interrogados, sometidos a la revisión forzada de sus teléfonos y se les prohibió transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías. Aunque todos recuperaron la libertad horas después, uno fue deportado a Colombia. El SNTP recordó además que 23 periodistas continúan detenidos de forma prolongada en Venezuela.

En paralelo, el periodista italiano Stefano Pozzebon, corresponsal de CNN, fue detenido y expulsado del país al arribar al aeropuerto de Caracas, pese a contar con permiso de residencia. Según fuentes citadas por ANSA, permaneció retenido durante varias horas antes de ser embarcado rumbo a Colombia.

Ante este escenario, la Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (EditoRed) exigió el cese inmediato de la persecución contra la prensa y la restitución de las garantías constitucionales. “La libertad de prensa es el termómetro de la salud democrática de una nación”, advirtió la entidad, al remarcar que sin periodismo libre “no hay ciudadanos, sino súbditos”.

EditoRed denunció además una ruptura del orden jurídico internacional, al señalar que las acciones del régimen violan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Democrática Interamericana. “Ignorar estos mandatos no es un acto de soberanía, sino una violación deliberada del derecho internacional”, concluyó.

Agencias AP y ANSA