Taxis vs. Aplicaciones: el Sindicato de Peones busca una ley provincial para evitar "la extinción" del sector

En un escenario de profunda transformación para el transporte urbano, el Sindicato de Peones de Taxis de Tucumán elevó a la Legislatura un ambicioso proyecto de ley denominado R.U.T.A.T. (Régimen Único de Transporte por Aplicaciones y Taxis). La iniciativa busca establecer un marco regulatorio de alcance provincial que termine con lo que el sector considera una "competencia desleal" por parte de las plataformas digitales. Este movimiento gremial se produce en un contexto clave: tras años de vacío legal, San Miguel de Tucumán ya implementó una ordenanza que legaliza y tributa a las aplicaciones, un modelo que el gobernador Osvaldo Jaldo puso en valor y que la provincia observa como posible norte para una normativa general.

La nota de elevación, firmada por el Secretario General Carlos Pizarro (foto inferior) fundamenta la necesidad de la ley en la protección del servicio tradicional. Según el documento, la falta de regulación está "llevando al taxi a la propia extinción, dejando en la indigencia a miles de familias tucumanas".

El proyecto R.U.T.A.T. no busca la prohibición, sino una equiparación estricta de condiciones. En su exposición de motivos, el sindicato señala: "El transporte individual de pasajeros ha experimentado una transformación significativa con la aparición de plataformas electrónicas, lo que ha generado desigualdades regulatorias, laborales y de seguridad entre los servicios tradicionales de taxi y los nuevos modelos de negocio".

En el proyecto, la mención al antecedente judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un pilar fundamental para justificar la necesidad de regulación. "Tenemos un importante antecedente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ordenó al Gobierno Porteño a regular las App de transporte y a que equilibren la situación entre quienes cumplen con las normas vigentes (taxis y remises) y quienes las incumplen."

"Dicho fallo recaído en los autos 'Sindicato de Peones de Taxis de Capital Federal y Otros c/Ministro de Desarrollo Urbano y Tpte y Otros s/Otras Demandas contra Autoridad Administrativa', al equiparar la actividad mediada por plataformas digitales con el transporte de pasajeros, sostiene que las plataformas no pueden operar en un vacío legal que les permita eludir los estándares de seguridad exigidos a los taxis y remises y que afecta el derecho a la igualdad de los taxistas, quienes deben cumplir con aranceles, verificaciones y licencias, para competir con un servicio que no cumple con ninguna de esas condiciones."

El sindicato utiliza esta jurisprudencia para sostener que la regulación no es solo una opción administrativa, sino una obligación del Estado para garantizar que todos los actores del transporte compitan bajo las mismas reglas y exigencias de seguridad.

Mientras este proyecto inicia su camino legislativo, en la Capital la realidad ya cambió. En diciembre pasado, el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad una ordenanza que saneó el viejo régimen de 2006. Tras un debate de más de cuatro horas, se creó el SUTRAPA (Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil), eliminando la palabra "Público" de la sigla general para incluir un capítulo específico de transporte privado por plataformas (Uber, Cabify, Didi). Esta norma obliga a las empresas a inscribirse en un registro municipal y a tributar el TEM (Tributo Económico Municipal).

Cupos, tarifas y seguridad

El proyecto de ley del sindicato propone medidas de control mucho más restrictivas que las actuales municipales. Uno de los puntos más polémicos es el establecimiento de un cupo máximo anual de vehículos particulares habilitados para plataformas, el cual sería determinado por la autoridad competente en base a estudios de capacidad vial.

En cuanto a la transparencia y seguridad, el Artículo 12° del proyecto es tajante:

"Queda prohibido totalmente el uso de vidrios polarizados, entintados, oscurecidos o con cualquier tipo de película o material adherido que reduzca la visibilidad hacia el interior o exterior del vehículo. Solo se permiten los vidrios transparentes de fábrica".

Asimismo, el sindicato busca regular el algoritmo de precios de las apps. El Artículo 4° propone que las plataformas solo puedan variar el precio en un margen del 15% por arriba o por debajo de la tarifa oficial del taxi, evitando las "tarifas dinámicas" excesivas.

Un eje central del reclamo es la formalización. El gremio exige la creación de un Sistema Nacional de Registro Laboral del Transporte donde todos los choferes, ya sean de taxis o de apps, deban figurar con sus datos personales y antecedentes.

El proyecto subraya en su Artículo 2°: "En todos los casos se entiende que hay Relación de Dependencia, cualquiera fuera la denominación que las partes le dieran al contrato que las une y se regirán especialmente por la Leyes Laborales (Ley de Contrato de Trabajo y CCT 436)".

Esta visión choca con la naturaleza de "colaboradores independientes" que sostienen las aplicaciones, pero el sindicato insiste en que las empresas deben ser "responsables solidarios ante cualquier situación del titular del móvil autorizado".

La postura del Gobierno Provincial

El gobernador Jaldo se había pronunciado hacia fines del año pasado sobre este conflicto, mostrando cautela pero valorando el camino iniciado por la Capital. El mandatario destacó la iniciativa municipal para "ponerlos a todos en igualdad de condiciones" y adelantó que la Provincia aguardará la consolidación de estos resultados para avanzar en una ley provincial. "Queremos que en todo el territorio provincial tengamos las mismas decisiones y las mismas reglamentaciones", señaló Jaldo, lo que abre la puerta a que el proyecto del Sindicato de Peones sea el borrador base para una discusión mayor.

La ordenanza de la Capital ya exige requisitos de seguridad similares a los que pide el sindicato, como la presentación de antecedentes penales, seguros con cobertura al pasajero y que los vehículos no superen los 13 años de antigüedad. No obstante, el proyecto provincial de los taxistas va más allá al exigir que el servicio de plataformas sea "exclusivamente de tipo puerta a puerta" y que los vehículos tengan una identificación visual uniforme (logotipos y distintivos reglamentados), algo que hoy las aplicaciones evitan para mantener la discreción de los autos particulares.

Por último, mientras la normativa municipal de la Capital ya incluyó un régimen para motodelivery y transporte de pasajeros en motocicleta (exigiendo casco, seguro y prohibiendo la captación de pasajeros en la vía pública), el proyecto del sindicato se centra exclusivamente en el transporte automotor, buscando consolidar al taxi como el eje rector de la movilidad urbana en Tucumán.

El debate está ahora en manos de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura, donde los legisladores deberán decidir si el modelo de "interés público" de la Capital se extiende a toda la provincia o si se endurecen las condiciones para las plataformas digitales bajo el rigor de la ley R.U.T.A.T.