Rescatan a nueve hermanos sometidos a una red de abusos y violencia intrafamiliar

La localidad de Figueroa, en la provincia de Santiago del Estero, se convirtió en el escenario de un hallazgo desgarrador tras un allanamiento ordenado por la justicia en el barrio Las Lomas. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad detuvieron a una pareja y a uno de sus yernos, acusados de liderar una estructura de sometimiento contra nueve hermanos, de un total de trece, quienes convivían en un entorno de violencia extrema, abusos sexuales y desnutrición severa. Las víctimas, entre las que se encuentran personas con discapacidad, eran mantenidas en condiciones deplorables a casi 90 kilómetros de la capital provincial.

Al ingresar a la propiedad, ubicada a la vera de la ruta 5, los agentes se toparon con una escena atroz: una de las víctimas con discapacidad estaba atada a una cama, mientras que otras menores eran presuntamente ofrecidas a vecinos a cambio de sumas de dinero o incluso botellas de vino. Los investigadores señalaron que el padre de familia era quien coordinaba estas transacciones inhumanas, permitiendo que terceros accedieran a sus hijas bajo un régimen de corrupción de menores. Además, se constató que los hermanos con dificultades motrices eran golpeados y grabados con teléfonos celulares para diversión de los capturadores.

Los detalles de la denominada "casa del horror" reflejaban un ensañamiento particular; una de las habitaciones permanecía cerrada con candado resguardando colchones nuevos, mientras las víctimas eran obligadas a dormir sobre las tablas desnudas de las camas. Las pericias médicas iniciales detectaron moretones y lesiones de diversa gravedad en los cuerpos de los rescatados, evidenciando el castigo físico sistemático al que eran sometidos. Durante el operativo, se observó con preocupación que los niños ni siquiera se atrevían a responder a las autoridades sin antes buscar el permiso visual de los adultos.

Tras el rescate, dos de las víctimas debieron ser internadas de urgencia por su delicado estado de salud, mientras que el resto permanece bajo estricto monitoreo médico y psicológico. La justicia provincial, a través de las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera, formuló cargos de máxima gravedad que incluyen abuso sexual gravemente ultrajante, abandono de persona y lesiones calificadas por el vínculo. La causa avanza ahora bajo un concurso real de delitos que busca castigar la multiplicidad de vejámenes cometidos contra los menores y las personas en situación de vulnerabilidad.