Pasado el escándalo, la fiscalía pidió sobreseer a un sacerdote de Simoca acusado de abusar de una menor

El sacerdote Pablo Valdez, imputado por abuso sexual de una menor de 16 años, podría quedar libre de acusación en los próximos días si prospera un pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) formulado este lunes para sobreseer al párroco. 

El caso se había hecho público en mayo de 2022, cuando vecinos y familiares de la adolescente descubrieron lo ocurrido e intentaron linchar al sacerdote en la puerta de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Simoca. Debió intervenir la policía para rescatarlo y la joven se desmayó en medio del desorden.

La causa, desde entonces, transitó un sinuoso camino. Cayó en manos de la fiscal Eugenia Posse, que decidió archivarla en dos oportunidades, indica Luciana Gramaglio, abogada querellante en la causa, en representación de la menor. Según la titular de la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento en Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Contra la Integridad Sexual del Centro Judicial de Monteros, los hechos investigados no constituían un delito sexual sino un comportamiento “moralmente reprochable” por parte del sacerdote, de 54 años. La investigadora entendió que la menor había consentido la relación.

Cuando la joven cumplió la mayoría de edad buscó reactivar la investigación. Acompañada por Gramaglio y sus colegas Martín González y Aldana Molina Franco, solicitó el desarchivo de la causa. Así, el Tribunal de Impugnación declaró nulo el archivo y advirtió que se trataba de un acto arbitrario que restringía el acceso a la justicia de la joven, según declaraciones de la abogada en el sitio Meta Crisis.

La investigación se reanudó, esta vez, a cargo de la fiscal Mónica García, quien encontró elementos suficientes para solicitar su imputación. “El 26 de noviembre, tras casi un año de insistencia por parte de la víctima para ser escuchada y lograr que su causa avanzara, el juez (Mario) Velázquez confirmó la imputación de Valdez por abuso sexual agravado. En su resolución, señaló: ‘Valen aquí también las críticas, cuanto menos reprochable e inentendible accionar de una unidad fiscal que se dice especializada en la investigación y juzgamiento de delitos contra la integridad sexual y la violencia de género en la presente causa. Aparentemente no tuvo en cuenta los múltiples parámetros legales, constitucionales y convencionales que deben rodear la investigación de los hechos como los que motivaron este legajo’”, asegura Gramaglio en el portal. 

Sin embargo, en diálogo con Tendencia de Noticias, la abogada explicó este lunes que otro fiscal, Gerardo Salas, pidió el sobreseimiento del sacerdote. El juez anunciará su decisión en los próximos días. 

La decisión del Ministerio Público Fiscal de volver a excluir de la causa al párroco despertó el reclamo de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, organización que presta su apoyo y acompañamiento a la joven. El organismo denunció que la Justicia busca cerrar la causa antes de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, prevista para principios de noviembre de este año. 

“Pablo Valdez, de 54 años, conoció a la adolescente cuando tenía 14 años e iba a la Infancia Misionera. Valdez no era una persona cualquiera; era la máxima autoridad de la iglesia del pueblo y su confesor espiritual. Los abusos comenzaron cuando ella tenía 16 años. Él utilizó la fe de la joven, la casa parroquial y el momento de la confesión para someterla y abusarla. ‘Vos me tenes que cuidar para que no vaya preso’ le decía constantemente garantizando su impunidad a través de la culpa y el silencio de la denunciante”, reclamaron. 

“Para justificar el sobreseimiento la Fiscalía dice que la joven consintió. Que entre ellos, un cura de 54 años y una adolescente de 16, hubo una ‘relación’. Que ella consintió todos los hechos de violencia sexual que declaró en Cámara Gesell. El lugar que tenía que ser un refugio se transformó en un espacio de coacción, violencia y abuso sexual”, cuestionaron. 

Valdez se encuentra apartado de la parroquia de Simoca desde el estallido del escándalo y suspendido por la Iglesia Católica. En su momento, el obispo José Antonio Díaz había declarado que se ponía a disposición de la Justicia y denunciante con su familia para ayudarlos a atravesar la situación. También anunció la apertura de un proceso de investigación  preliminar en el marco del Derecho de la Iglesia, aunque se desconoce qué resultado tuvo ese proceso.