PAMI detectó graves irregularidades en un policonsultorio de Tucumán y radicó denuncias penales en la provincia y en Chaco

El PAMI lleva adelante un proceso de depuración de su red prestacional a escala nacional que ya costó la baja de más de 1.500 prestadores por incumplimientos graves, entre los cuales se destacan dos casos que derivaron en denuncias penales: uno en San Miguel de Tucumán y otro en la provincia del Chaco. Así lo comunicaron en forma conjunta el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y el Ministerio de Salud de la Nación, bajo la conducción del director ejecutivo Esteban Leguízamo.

El establecimiento bajo la lupa en Tucumán es Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades médicas y prácticas ambulatorias ubicado en la capital provincial. La auditoría integral realizada sobre el lugar expuso una serie de faltas que abarcan tanto aspectos administrativos como incumplimientos a la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves, los auditores constataron que el establecimiento carecía de habilitación municipal actualizada y que los legajos profesionales estaban incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados. A esto se sumaron demoras de hasta 21 días para acceder a turnos en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología.

Uno de los hallazgos más llamativos fue el sistema de asignación de turnos: el policonsultorio los otorgaba cada un minuto bajo la modalidad de orden de llegada, práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada. Además, se detectó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al organismo sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello del profesional interviniente, y estudios sin los informes correspondientes. El PAMI señaló que estas conductas configuran una violación a la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El segundo expediente —identificado como EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP— involucra a un médico identificado como J.C., perteneciente a la UGL XIII de Chaco. Las irregularidades fueron detectadas por las áreas técnicas del organismo durante controles de rutina, y revelaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias entre las prestaciones facturadas y la actividad real del profesional.

Un esquema de fraude que se investiga desde hace años

Ambas situaciones se enmarcan en un proceso de fiscalización que el PAMI intensificó desde que Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP radicó ante la Justicia federal una denuncia por una estafa articulada mediante órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados, que dio lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en las especialidades de cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en solo cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un único día, vinculadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo ininterrumpido.

Como respuesta, el organismo implementó un esquema de monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del sistema de turnos digitales, auditorías continuas y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados. El PAMI aclaró que las bajas aplicadas no afectarán la continuidad de los tratamientos de los afiliados, que serán redirigidos a otros efectores dentro de la red de atención nacional. En abril de 2026, la estructura de control interno se reforzó con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del organismo.