Ordenaron continuar la investigación por la muerte de un soldado ocurrida hace 23 años

Noticias Argentinas difundió que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó continuar la investigación por la muerte del soldado voluntario Mauro Ramírez, un hecho ocurrido hace 23 años en el Destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino, ubicado en la localidad misionera de Apóstoles.

La decisión fue adoptada tras un recurso presentado por la querella que representa a la madre de la víctima. Los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques —con el voto en disidencia de Diego Barroetaveña— resolvieron anular el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, que había confirmado la decisión del juez federal local de rechazar la declaración indagatoria de los soldados Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida.

La muerte de Ramírez ocurrió el 26 de junio de 2003, cuando el joven, de 21 años, cumplía funciones de guardia en el destacamento militar. El deceso se produjo como consecuencia de un disparo efectuado con su arma reglamentaria, un fusil FAL calibre 7,65 milímetros.

Según informó el portal Fiscales, la investigación quedó inicialmente en manos de la Justicia provincial, que pocos meses después archivó la causa al considerar que se trató de un suicidio. No obstante, la madre del soldado denunció el hecho ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco y, tras una discusión de competencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en agosto de 2004 que debía intervenir la Justicia federal.

A fines de abril de 2008, luego de solicitar diversas medidas probatorias, el fiscal federal de Posadas entendió que correspondía archivar las actuaciones, decisión que fue avalada por el juez interviniente.

Recién en junio de 2015, la Procuración General de la Nación asignó un segundo fiscal para intervenir en el expediente, con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). Casi un año después, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el desarchivo de la causa al considerar que la instrucción había sido deficiente y que se registraron graves irregularidades, algunas de las cuales motivaron incluso la denuncia del juez provincial que intervino inicialmente. Días más tarde, el juez federal ordenó reactivar la investigación.

En ese contexto, la querella solicitó que se citara a declarar a un soldado y a un suboficial que se encontraban con la víctima al momento del hecho, al sostener que durante el procedimiento de cambio de guardia se habría producido el disparo que impactó en Ramírez, como consecuencia de una mala manipulación del arma por parte del soldado que lo reemplazaba.

El juez federal rechazó el pedido y la querella apeló ante la Cámara, que confirmó la decisión al considerar que el llamado a prestar declaración indagatoria es una facultad discrecional del magistrado instructor, quien debe evaluar su pertinencia y utilidad para la investigación. Frente a ello, la querella interpuso un recurso de casación.

En su dictamen, el fiscal general Javier De Luca sostuvo que correspondía hacer lugar al planteo, al entender que el caso constituía una excepción a la regla general de inapelabilidad del rechazo de declaraciones, ya que se encontraba comprometida la posible responsabilidad internacional del Estado argentino, incluyendo eventuales conductas de impericia, encubrimiento o irregularidades posteriores al hecho.

Finalmente, los jueces Slokar y Mahiques coincidieron con el criterio del fiscal de Casación y resolvieron hacer lugar al recurso de la querella, ordenando que continúe la investigación por la muerte de Mauro Ramírez.