La Justicia demoró al padre de un alumno por la reciente ola de amenazas de tiroteos en un colegio de la Capital

La ola de intimidaciones que mantiene en vilo a la comunidad educativa tucumana sumó un nuevo y decisivo capítulo este viernes al mediodía cuando las autoridades lograron demorar al padre de un estudiante fuertemente vinculado a una grave amenaza contra un establecimiento escolar ubicado en la zona sur de la Capital provincial. El rápido avance de la investigación judicial fue posible debido a que la advertencia violenta se había viralizado abiertamente a través de un grupo de WhatsApp integrado por alumnos de la misma institución.

Tras recibir la alerta de pánico, los especialistas técnicos de la División Delitos Telemáticos y Económicos rastrearon velozmente el número telefónico de origen, logrando identificar primero al menor responsable y, de manera posterior, a su tutor.

Con esta información clave sobre la mesa, el Ministerio Público Fiscal ordenó la inmediata demora del adulto responsable y dispuso el secuestro del teléfono celular utilizado para emitir la falsa alarma, convirtiéndose así en el primer aprehendido oficial en el marco de estos preocupantes episodios de índole virtual.

Esta aprehensión se produce en un contexto de extrema tensión social originado a partir del día martes de esta semana, fecha en la que comenzaron a registrarse múltiples y sistemáticas amenazas virtuales contra colegios tanto en la capital como en el interior provincial. Frente a este delicado escenario de alteración del orden, el gobernador Osvaldo Jaldo rubricó recientemente el decreto N.º 772/7, una medida gubernamental de carácter urgente destinada a reforzar drásticamente la prevención, los estrictos controles y las futuras sanciones en todos los recintos educativos.

Lejos de dar por cerrado el operativo preventivo, la fiscal a cargo del caso, Mariana Rivadeneira, se encuentra liderando un intenso trabajo de campo junto a los equipos periciales de la fuerza policial provincial. Las autoridades adelantaron que continuarán recorriendo de manera presencial diversas instituciones escolares afectadas con el firme propósito de recolectar nuevas evidencias tecnológicas que les permitan identificar y sancionar judicialmente a los demás menores involucrados en la viralización de este peligroso accionar cibernético, exigiendo responsabilidades directas a sus respectivos progenitores.