La Justicia aprobó una evaluación psiquiátrica a Felipe Sosa en el penal de Benjamín Paz

Casi de imprevisto, se realizó este miércoles una nueva audiencia en torno al asesinato de Érika Álvarez. En concreto, se tocaron dos temas, ambos referidos a Felipe Sosa, principal sospechoso y hasta ahora único detenido por el crimen: la comunicación del imputado con sus defensores y una evaluación psiquiátrica por un posible síndrome de abstinencia.

El motivo principal de la convocatoria tuvo que ver con su salud. Sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, solicitaron un traslado a un establecimiento médico para que Sosa reciba atención psiquiátrica, ya que, según aseguraron, sufre un problema de adicción a sustancias.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Luz Becerra, se opuso a esta posibilidad, ya que, según un informe del Dr. Santiago Anzorena, médico psiquiatra del Cuerpo Médico Forense del MPF, Sosa no evidenció síntomas de adicción en la evaluación realizada previa a su detención.

Además, Becerra remarcó que, en la audiencia de formulación de cargos, el imputado negó tener problemas de consumo y señaló que ingería drogas solamente de manera social. El abogado querellante, Carlos Garmendia, acompañó esta postura.

Cosiansi y Flores, que quedaron como los únicos abogados luego de las renuncias de Isaías Díaz Romero y Sergio Díaz Juárez, postularon que la declaración de Sosa en la primera audiencia respondió a una estrategia de la defensa anterior. Cosiansi, además, apeló a un informe del Comité Nacional para la prevención de la Tortura, haciendo hincapié en las malas condiciones de Benjamín Paz que, indicó, podrían empeorar la salud de su cliente. El abogado también reclamó haberse enterado de la audiencia apenas un par de horas antes, por lo que no tuvo tiempo de prepararse adecuadamente.

El propio Sosa reconoció no un problema de adicción propiamente dicho, pero sí aseguró que consumía drogas "prácticamente todos los días". Y aunque negó tener síntomas de abstinencia, sostuvo tener miedo por cómo pueda evolucionar su cuadro.

En relación al diálogo con su cliente, además, Cosiansi y Flores reclamaron la posibilidad de que las reuniones se den de manera privada, ya que aseguraron que siempre que se encontraron con Sosa había guardias presentes en la sala. También denunciaron un trato diferencial para con el imputado con respecto a otros detenidos en contextos similares, y Sosa declaró estar aislado e incomunicado.

Tras escuchar todas las posturas, y luego de algunos cruces entre Cosiansi y Garmendia, el juez Eduardo González denegó la posibilidad de un traslado para Sosa en pos de atención médica. " No hay hasta aquí síntomas de abstinencia que requieran un traslado urgente", expresó el juez.

De todas formas, el magistrado resolvió librar oficio al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) para que, en el lapso de 48 horas, un profesional de la salud mental se constituya en el penal de Benjamín Paz y realice un examen a Sosa, lo diagnostique e indique el tratamiento médico a seguir.

Por otro lado, si bien instó a Cosiansi y Flores a realizar un proceso administrativo para resolver los problemas de comunicación con Sosa, el juez sí pidió al servicio penitenciario que informe si el acusado tiene un tratamiento diferenciado con respecto al resto de los procesados en cuanto a las medidas privativas de la libertad y a las entrevistas con sus abogados defensores.