El Gobierno exoneró a un docente por conducta inapropiada con alumnas y le prohibió volver a ejercer

El Gobierno de Tucumán dispuso la exoneración definitiva del docente Lucas Maximiliano Varela, dependiente del Ministerio de Educación, luego de una investigación administrativa que determinó que incurrió en conductas incompatibles con el ejercicio de la función educativa, en el marco de una denuncia presentada por el padre de una alumna de la Escuela Agrotécnica “Soldado Cajal”, ubicada en la localidad de Las Cejas.

La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 3.770/5 (MEd), fechado el 10 de diciembre de 2025 y publicado este lunes en el Boletín Oficial, que dio por concluido el sumario administrativo iniciado en octubre de 2024 y confirmó los cargos formulados contra el docente, aplicando la sanción máxima prevista por el Estatuto del Docente (Ley N° 3.470).

Según surge de los considerandos del decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, la investigación se originó a partir de una denuncia por comportamiento inapropiado, lo que derivó en la separación preventiva del cargo y la reubicación del docente en funciones administrativas mientras avanzaba el proceso.

Durante el sumario se incorporaron actas escolares, descargos del imputado, informes del Servicio de Asistencia Social Escolar y del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario, declaraciones testimoniales y pruebas documentales, todas las cuales fueron evaluadas por la Junta de Disciplina y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación.

En la conclusión del sumario, la Instrucción sostuvo que Varela violó los deberes establecidos en el artículo 5° del Estatuto del Docente, que obliga a desempeñar la función con dignidad y a observar una conducta moral acorde al rol educativo. En ese sentido, el decreto reproduce una definición contundente del órgano instructor: “Resulta inadmisible que un agente estatal en ejercicio de una función educativa mantenga comunicaciones privadas con estudiantes sin un propósito estrictamente pedagógico, por fuera del marco institucional previsto”.

El dictamen agrega que las declaraciones incorporadas al expediente acreditaron que los mensajes “trascendieron el mero contacto informativo y generaron incomodidad, confusión y posterior retiro de las alumnas de las clases”, circunstancias que no fueron desmentidas por pruebas aportadas por el docente.

El Poder Ejecutivo subrayó además que la decisión se adoptó en resguardo del interés superior de niños, niñas y adolescentes, conforme a lo establecido por las leyes nacionales y provinciales de protección integral de derechos. Tanto la Ley N° 8.293 como la Ley Nacional N° 26.061 fueron citadas como fundamento central para priorizar la integridad psíquica, emocional y moral de las estudiantes frente a cualquier otro interés en conflicto.

En ese marco, el decreto, que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, consideró acreditadas las razones fácticas y jurídicas para aplicar la exoneración, sanción prevista en el artículo 56 del Estatuto del Docente para las faltas graves de disciplina. Además, ordenó comunicar la medida a las Juntas de Clasificación Docente, ya que la falta cometida inhabilita al agente para ingresar o reingresar al sistema educativo en carácter de titular, interino o suplente.

La norma también dispuso la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia y fue refrendada por la ministra de Educación y la secretaria de Estado del área, cerrando así un proceso administrativo que, según remarca el propio decreto, se desarrolló respetando el debido proceso y el derecho de defensa.