
El Gobierno de Tucumán decidió separar de sus cargos al comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte (URN), y a su segundo, Sergio Juárez, tras comprobarse que ambos habrían empleado a presos y efectivos policiales para realizar trabajos de construcción en una vivienda particular de Beltrán, ubicada en la zona de El Cadillal.
El escándalo se desató a partir de una denuncia anónima recibida por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que advertía sobre el uso irregular de detenidos y personal bajo sus órdenes en tareas ajenas al servicio.
Por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro informó el caso a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y se dio intervención inmediata a la Justicia.
A partir de datos aportados a través de llamadas anónimas, seguida de una investigación reservada, la Policía detuvo a cuatro personas en El Cadillal que resultaron ser dos hombres que cumplían una condena y debían estar alojados en la Comisaría Chuscha y otros dos efectivos policiales.

El propio Agüero Gamboa supervisó las actuaciones en el lugar y dispuso el inicio de un sumario administrativo y penal, en el marco del proceso de depuración interna que lleva adelante la fuerza provincial bajo la conducción del jefe y subjefe de Policía, comisarios generales Joaquín Girvau y Roque Yñigo.
Desde Casa de Gobierno confirmaron que por decisión de Jaldo, Beltrán y Juárez fueron apartados y serán dados de baja, como parte de las sanciones adoptadas ante lo que se considera un hecho de corrupción y abuso de autoridad dentro de la institución.
Hasta el momento no se informó quiénes reemplazarán a los jefes desplazados, mientras el Ministerio de Seguridad continúa las actuaciones para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.