El Gobierno de Bolivia enfrenta su primer conflicto social con panificadores

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno de Bolivia enfrenta su primer conflicto social desde la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira, luego de que los panificadores decidieran romper el diálogo con el Poder Ejecutivo y aplicar de inmediato un incremento en el precio del pan de batalla (la tradicional barra de pan francés), un producto básico en la dieta nacional.

La Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol) anunció que el precio pasará de 0,50 a 0,80 bolivianos en La Paz y El Alto, tras denunciar que el Gobierno no entregó, durante tres meses, los insumos subvencionados que la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) debe distribuir para sostener el precio oficial.

El dirigente de Conapabol, Rubén Ríos, justificó la decisión asegurando que la situación se volvió insostenible para el sector: “Ya no podemos subvencionar otros tres meses más a la población; queremos una realidad del precio del pan en Bolivia”.

Ríos lamentó la falta de respuesta del viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, quien debía convocar al sector a una reunión clave para revisar el esquema de subsidios a la harina y otros insumos. La cita, prevista para este miércoles, nunca se concretó, lo que llevó a Conapabol a romper el convenio vigente y aplicar el aumento de manera inmediata.

Actualmente, la subvención estatal cubre parte del costo de harina, levadura, azúcar y manteca, lo que permite sostener el valor del pan de batalla. Este sistema, administrado por Emapa, es uno de los pilares de la política de contención inflacionaria en Bolivia, donde los alimentos básicos representan un componente importante del gasto familiar.

El viceministro Serrano calificó la decisión de los panificadores como un “chantaje” al país y aseguró que el Ejecutivo no cederá ante presiones. Añadió que los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Productivo están verificando los costos reales de producción.

El conflicto, que estalla en la tercera semana de gestión de Paz Pereira, abre un frente social sensible para un Gobierno que prometió estabilidad económica y control de precios.