El 85% del Fondo Hídrico terminó en Letras del Tesoro mientras las obras en Tucumán fueron rescindidas en medio de la amenaza de El Niño

La parálisis de las obras financiadas por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica expone a la provincia de Tucumán a riesgos ambientales, sociales y de infraestructura ante la inminente intensificación del fenómeno meteorológico El Niño, luego de que dos proyectos clave de canalización en Monteros y Juan Bautista Alberdi quedaran postergados por la Nación. Pese a las insistentes gestiones institucionales encabezadas en los últimos años por el gobierno provincial para asegurar el financiamiento de estas infraestructuras de prevención, el desvío de los recursos públicos hacia instrumentos de deuda financiera y los conflictos dominiales en el terreno configuraron un escenario de vulnerabilidad en el sur tucumano que contrasta fuertemente con los pronósticos de precipitaciones extraordinarias fijados por los organismos oficiales.

Un relevamiento publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) bajo el título "Fondo Hídrico: obras paradas y plata en Letras", analizó el estado de la cartera nacional financiada mediante el Decreto 1381/01, que se nutre del 4,31% del impuesto a los combustibles. En un contexto donde el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fenómeno de El Niño fuerte para el cierre del año, el trabajo de investigación reveló que, de un total de 24 obras iniciadas en el país, 15 fueron canceladas o suspendidas (13 con convenio rescindido y 2 neutralizadas), 8 continúan en ejecución con ritmos excesivamente lentos y solo 1 fue finalizada. Dentro de este universo de infraestructura paralizada, el informe ubicó a dos proyectos neurálgicos para la provincia de Tucumán: el Canal de alivio sur del Arroyo El Tejar, en la ciudad de Monteros, y el Desagüe Canal Matriz El Badén, en el municipio de Juan Bautista Alberdi.

A partir de informes oficiales del portal MapaInversiones de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica a los que accedió Tendencia de Noticias, se pudo contrastar la inversión total estipulada y el escaso avance físico y financiero que registran ambas intervenciones en el sur tucumano. En el caso del Canal de Alivio Sur del Arroyo El Tejar (Bapin 130677), diseñado para reducir los riesgos de inundación desviando el cauce hídrico hacia el río Pueblo Viejo para evitar que atraviese el centro urbano de Monteros, la obra figura con un costo estimado de $846.759.388. Sin embargo, los registros oficiales detallan un avance físico de apenas el 25,10% y una ejecución financiera del 32,59%. Por su parte, la obra del Desagüe Canal Matriz El Badén (Bapin 130682), orientada a mitigar el agua que desciende del piedemonte e ingresa a la zona urbana de Juan Bautista Alberdi, cuenta con un costo estimado de $115.415.184, presentando un avance físico de tan solo el 12,57% y una ejecución financiera del 9,69%.

El desarrollo de estos proyectos responde a históricas gestiones políticas encaradas por las máximas autoridades tucumanas. Durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo provincial, Juan Manzur viajó a Buenos Aires en febrero de 2021 junto a la entonces intendenta de Alberdi, Sandra Figueroa, y al ex intendente de Monteros, Francisco Serra, para firmar los convenios de cooperación en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. En aquella oportunidad, Figueroa explicó que las obras en Alberdi "tienen como prioridad luchar contra las inundaciones" al amortiguar el 60% del agua que baja desde la montaña, mientras que Serra calificó los trabajos sobre el arroyo El Tejar como "un sueño hecho realidad porque es un cauce que atraviesa el centro de nuestra ciudad". Posteriormente, en septiembre de 2022, el gobernador interino en ese tiempo Osvaldo Jaldo revalidó estos acuerdos en la Capital Federal con funcionarios nacionales para el inicio de cinco obras de desagües pluviales por un monto total de $1.800 millones, destacando que "estas obras son fundamentales para evitar inundaciones en los municipios y departamentos mencionados que gracias al acompañamiento del Presidente de la Nación (Alberto Fernández) y la gestión del Jefe de Gabinete (Mazur) son una realidad para las y los tucumanos".

Además de las demoras presupuestarias a nivel nacional, la concreción de las obras pluviales en el sur de la provincia se vio trabada por severos conflictos de usurpación territorial que demandaron la intervención directa de la Fiscalía de Estado de Tucumán. Mediante el Dictamen N° 1646-23, firmado por quien ocupaba ese rol, Federico Nazur, la provincia debió activar los mecanismos de autotutela administrativa a raíz de una denuncia formulada por la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, donde se alertó sobre la ocupación ilegítima de tierras fiscales a las márgenes del Río Marapa, sobre la Ruta Provincial N° 308. Según constó en las actuaciones, un particular instaló de manera clandestina un balneario y camping privado con muros perimetrales dentro del lecho del río (dominio público hidráulico), impidiendo el avance de la obra adjudicada del Desagüe Canal Matriz El Badén y poniendo en riesgo tanto el financiamiento nacional como la seguridad pública ante eventuales crecidas del cauce.

En sus fundamentos jurídicos, la Fiscalía de Estado sostuvo que "esta autotutela administrativa constituye un verdadero privilegio a favor del Estado" e instruyó a la Dirección Provincial del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente a adoptar, con el auxilio de la fuerza pública, las medidas necesarias para ingresar y recuperar el inmueble usurpado, remarcando que la ocupación ilegal "implica un uso no autorizado de las aguas y márgenes del río; y que pone en riesgo la vida de las personas".

El informe técnico elaborado por el CEPA remarcó además que la parálisis de la infraestructura hidráulica nacional coincide con una drástica reconversión en el destino de los fondos públicos. El estudio precisa que en el acumulado de la gestión de Javier Milei, entre 2024 y mayo de 2026, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica recibió $611.667 millones pero solo destinó a obras $140.971 millones, lo que significa que "de cada 100 pesos que ingresaron, solo 23 se transformaron en obras", marcando un fuerte contraste con los ejercicios 2022 y 2023 cuando el pago de obras superó lo recaudado con ejecuciones del 123% y 158% respectivamente.

El documento del CEPA advirtió que la mayor parte de los recursos fueron derivados a instrumentos financieros del Tesoro Nacional: al 1 de junio de 2026, el Fondo mantenía $290.676 millones colocados en Letras del Tesoro Nacional capitalizables (LECAP), $49.069 millones en cuentas a la vista y $247 millones en plazos fijos, sumando un total de $339.993 millones en activos, de los cuales el 85,5% permanecía invertido en deuda pública. Al analizar el flujo de caja, el reporte resaltó: "El dato más elocuente surge del propio flujo del Fondo: entre enero y mayo de 2026, los intereses cobrados por las LECAP ($59.747 millones) fueron prácticamente iguales a lo que se pagó por obras ($61.082 millones). Es decir, el Fondo creado para financiar obras hídricas funciona, en los hechos, como una fuente de financiamiento del Tesoro".

Por último, la investigación del CEPA puso de relieve la inejecución de créditos internacionales multilaterales preaprobados para mitigar desastres climáticos, como el contrato con el Banco Mundial por USD 200 millones (Préstamo BIRF N.º 9516-AR) destinado al Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas, el cual registra un 0% de ejecución mientras la cartera económica nacional reorienta líneas multilaterales hacia proyectos energéticos y mineros. En sus conclusiones finales, el CEPA sintetizó la problemática advirtiendo que "frente a un fenómeno climático anticipado con meses de antelación, el Gobierno nacional rescindió o paralizó 15 de las 24 obras hídricas iniciadas, colocó el 85% de los recursos del Fondo en Letras del Tesoro y dejó sin usar un crédito del Banco Mundial pensado para inundaciones urbanas".