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EL CASO SALTA

Concejales y funcionarios de la capital tucumana aceleran los proyectos para regularizar las aplicaciones de transporte

La semana pasada, en Salta regularon las apps electrónicas al aprobar el “Régimen de transporte de personas con intermediación de plataformas digitales”. El objetivo era “garantizar la seguridad, calidad y eficiencia de la prestación”. Qué pasa en Tucumán.

Por Tendencia de noticias

14 abr, 2025 12:41 p. m. Actualizado: 14 abr, 2025 12:42 p. m. AR
Concejales y funcionarios de la capital tucumana aceleran los proyectos para regularizar las aplicaciones de transporte

La regulación de las plataformas electrónicas de transporte sigue siendo uno de los temas pendientes y de debate entre los ediles del Concejo Deliberante de la capital y los funcionarios del municipio de San Miguel de Tucumán.


Concejales y funcionarios capitalinos buscan acelerar la elaboración y presentación de una normativa que regule las apps en el municipio, teniendo en cuenta el reciente caso de regulación que se registró en la provincia de Salta, donde aprobaron el “Régimen de transporte de personas con intermediación de plataformas digitales”, que permite que apps como Uber, Didi, Salta Taxi y Salta 123 funcionen legalmente en el ámbito de la ciudad, según cita una nota de La Gaceta.


Entre los principales puntos de la medida, se destaca que las empresas deberán constituir domicilio legal en Salta, aunque no será obligatoria la habilitación comercial ni la oficina física. Además, los conductores tendrán un plazo de dos años para obtener la licencia profesional, deberán contar con seguro correspondiente y se les exigirá certificado de antecedentes penales.


En el caso de Tucumán, se analiza cómo lograr que las empresas fijen domicilio en la Capital y con qué criterio se establecerá la carga impositiva. Un proyecto presentado por la Municipalidad propone que a las personas físicas o jurídicas, radicadas en el municipio o en el exterior, se les impongan gravámenes por utilizar económicamente la prestación del servicio.


En el caso de Salta, la tributación está sujeta al requisito del domicilio fiscal, aunque no se establecen detalles al respecto. Inicialmente se había planteado la creación de un Fondo de Movilidad Urbana Sostenible financiado por las plataformas, pero la propuesta fue descartada para evitar que la medida tenga un “fin recaudatorio”.


En San Miguel de Tucumán coinciden en solicitar certificado de antecedentes penales, y algunas iniciativas contemplan la creación de un registro de permisionarios con información sobre los vehículos prestadores del servicio, los titulares y los conductores.


Entre otros detalles, la norma salteña establece que la autoridad de aplicación será el Ejecutivo municipal, que podrá firmar convenios con organismos de control, e incluye requisitos específicos para la regulación del transporte en motos. Los concejales de San Miguel de Tucumán dejaron en claro que el transporte en motocicletas será un debate a futuro, por la necesidad de recabar más información al respecto.


Datos del chofer

En el caso de Salta, es requisito fundamental que las apps deban garantizar que los usuarios puedan ver los datos del chofer, hacer reclamos y contar con un botón antipánico que conecta con el 911, además de permitir el envío de ubicación en tiempo real y asegurar los vehículos utilizados.


Algo en lo que ambas ciudades coinciden es en la imposición de una antigüedad máxima para los vehículos: Salta impone que los autos deberán tener menos de 15 años, y las motos, hasta 10. En Tucumán todavía no están definidos los detalles.


En Salta, los conductores deberán contar con una licencia profesional, aunque tendrán un plazo de dos años para obtenerla; no deberán tener antecedentes penales graves; y deberán residir en Salta y cumplir con sus responsabilidades fiscales. Por otro lado, la ordenanza contempla que taxistas y remiseros puedan sumarse a las plataformas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.


En resumen, en el municipio de San Miguel de Tucumán, las reuniones entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante continuarán en las próximas semanas, con el objetivo de apresurar la elaboración de una normativa para ser tratada en el recinto. Se priorizará la búsqueda de consenso pero, en caso de que no ocurra, se contempla la aprobación de dos dictámenes para que los 18 ediles definan sus posturas en sesión parlamentaria.

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