
El Gobierno nacional anunció una modificación en el régimen de propiedad de tierras rurales que reabre el debate sobre el acceso, la inversión extranjera y el control del territorio. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que se avanzará en cambios sobre la Ley de Tierras Rurales, una norma sancionada en 2011 que establece límites a la titularidad extranjera de campos en el país.
Según explicó Adorni, el objetivo oficial es “modernizar” el marco legal vigente para atraer inversiones y dinamizar el sector agropecuario. Aunque no se difundió aún el texto completo de la iniciativa, el anuncio sugiere una flexibilización de las restricciones actuales, que fijan topes tanto a nivel nacional como provincial y también por titular individual extranjero.
La Ley 26.737 establece que las personas o empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país, con límites similares en cada provincia y municipio. Además, impide que un mismo titular supere las mil hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones. Estas disposiciones fueron impulsadas con el argumento de preservar la soberanía territorial y evitar la concentración en manos extranjeras.
Desde el Gobierno sostienen que el contexto actual requiere reglas más abiertas para captar capitales, especialmente en un escenario de necesidad de divisas y crecimiento productivo. En esa línea, la eventual reforma buscaría facilitar operaciones, reducir trabas administrativas y ampliar las posibilidades de inversión en el sector rural.
Sin embargo, el anuncio ya genera reacciones. Distintos sectores advierten que una flexibilización podría reavivar tensiones en torno a la extranjerización de la tierra, un tema sensible en la Argentina por su impacto económico, ambiental y geopolítico. Organizaciones rurales y especialistas en desarrollo territorial plantean la necesidad de mantener mecanismos de control que garanticen un equilibrio entre inversión y soberanía.
La modificación de la Ley de Tierras Rurales forma parte de un paquete de reformas que el Gobierno nacional enviará al Congreso en los próximos días. Incluye también cambios en las leyes de Desalojo, de Expropiaciones y de Fuego.