Universitarios endurecen el plan de lucha tras fracasar otra negociación con el Gobierno

El conflicto en las universidades nacionales volvió a escalar este jueves tras el fracaso de una nueva reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes, que rechazaron la propuesta salarial y anticiparon un endurecimiento del plan de lucha.

En Tucumán, desde ADIUNT advirtieron que, sin respuestas favorables, las protestas se profundizarían en plana discusión del Presupuesto 2027. El sector viene reclamando, además, que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

La última mesa negociación se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de la convocatoria realizada por la Secretaría de Educación. El Gobierno reiteró la propuesta formulada a comienzos de septiembre, que contempla un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre y que ya había sido rechazada por las organizaciones sindicales.

La nueva audiencia tampoco permitió acercar posiciones. “El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas”, anticipó uno de los representantes gremiales que participó del encuentro con autoridades del Ministerio de Capital Humano.

Los sindicatos reclaman que, además de esos incrementos, se aplique una recomposición destinada a recuperar la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Las organizaciones estiman ese deterioro en torno al 32,5%.

Para las 15 de este jueves estaba prevista una segunda audiencia del Gobierno con los gremios no docentes. Una vez finalizada esa instancia, las organizaciones del sector universitario definirían los próximos pasos del plan de lucha.

Entre las alternativas que ganan fuerza aparece la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria. Sería la quinta movilización nacional desde el comienzo de la actual administración nacional y la segunda de este año. La protesta ya venía siendo preparada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales para comienzos de octubre, después de distintas jornadas de paro y actividades públicas desarrolladas durante septiembre.

En Tucumán advierten que el conflicto se profundizará

El endurecimiento del reclamo tendrá repercusión directa en Tucumán. Horas antes de la nueva audiencia paritaria, el secretario gremial de ADIUNT, Walter Díaz, había advertido que la falta de respuestas del Gobierno podía derivar en nuevas medidas de fuerza.

El dirigente vinculó el reclamo salarial con otro de los grandes focos del conflicto: los recursos previstos para las universidades nacionales en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso.

La iniciativa contempla aproximadamente $7,3 billones para el sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que serán necesarios unos $11 billones para sostener las actividades durante el próximo año.

Para ADIUNT, incluso esa última cifra debería considerarse como un punto de partida.

“Nosotros lo tomamos como un piso porque la verdad hace falta un poco más para que puedan funcionar”, afirmó Díaz en declaraciones a LV12.

El dirigente tucumano remarcó que la discusión presupuestaria no puede separarse de la situación salarial de docentes y no docentes. Según explicó, los trabajadores necesitan una recomposición considerable para regresar al poder adquisitivo que tenían antes del comienzo de la actual administración nacional.

“Estamos hablando ahora del 30% para recuperar el nivel que uno tenía en diciembre de 2023”, señaló.

Díaz mencionó además la situación de las becas estudiantiles y las dificultades presupuestarias que atraviesan las casas de estudios. “Es un combo muy complejo y hay bastante enojo”, resumió el dirigente de ADIUNT.

Una diferencia de casi $4 billones

La discusión salarial se desarrolla en paralelo con la disputa por el Presupuesto 2027. El Gobierno nacional incorporó alrededor de $7,3 billones para las universidades, mientras que los rectores reunidos en el CIN solicitaron aproximadamente $11 billones.

La diferencia ronda así los $3,7 billones, aproximadamente un 33% de lo solicitado por el sistema universitario.

Según publica Infobae, las autoridades de las universidades públicas sostienen que cerca del 90% de los recursos requeridos corresponden a salarios docentes y no docentes. El resto se destinaría a gastos de funcionamiento, infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios.

El Gobierno, en cambio, asegura que el funcionamiento de las casas de altos estudios estará garantizado durante 2027 y sostiene que la principal diferencia con las universidades se concentra en el componente salarial. También afirma que el proyecto presupuestario contempla un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y toma como referencia una inflación anual proyectada del 18%.

La discusión llegó esta semana al Congreso, donde los rectores presentaron su propuesta presupuestaria ante diputados y senadores. El CIN advirtió que, si durante el tratamiento legislativo no se introducen modificaciones a las partidas destinadas al sistema, las dificultades podrían comprometer incluso el normal comienzo del ciclo lectivo 2027.

La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto tiene además un frente judicial vinculado con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

El CIN sostiene que el Poder Ejecutivo todavía no cumplió plenamente con los artículos referidos a salarios y becas, pese a la existencia de una medida cautelar. El Gobierno rechaza esa interpretación y argumenta que la Justicia no ordenó aplicar la totalidad de los recursos que reclaman las universidades.

“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir”, sostuvo el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.

“Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”, agregó.

El Gobierno sostiene, por su parte, que la cautelar comprende actualizaciones relacionadas con salarios y becas y afirma que los incrementos previstos hasta octubre permiten cumplir con los parámetros establecidos judicialmente.

El conflicto se traslada al Presupuesto 2027

Con la negociación salarial nuevamente estancada, la discusión universitaria comienza a trasladarse con mayor intensidad al Congreso, donde deberá definirse el Presupuesto nacional para el próximo año.

La diferencia entre los recursos solicitados por las universidades y los contemplados por el Ejecutivo aparece como uno de los principales puntos de disputa. Mientras el Gobierno mantiene su objetivo de equilibrio fiscal y sostiene que cualquier incremento de partidas deberá indicar su correspondiente fuente de financiamiento, los rectores y gremios advierten que los recursos previstos resultan insuficientes.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió al cruce de las críticas a la política universitaria del Ejecutivo y recordó los recortes presupuestarios registrados durante la gestión anterior. Sus declaraciones fueron posteriormente difundidas por el presidente Javier Milei.