Unanimidad parlamentaria para impulsar Parques Productivos y Distritos Tecnológicos en Tucumán

La aprobación legislativa por unanimidad del Régimen Provincial de Parques Productivos y Distritos Productivos Tecnológicos aspira a representar un impulso estratégico para la economía de Tucumán, al sentar las bases para la atracción de inversiones locales, nacionales e internacionales, la creación de puestos de trabajo de calidad y la modernización del entramado empresarial hacia la economía del conocimiento. La nueva legislación, remitida por el Poder Ejecutivo, establece un marco normativo integral que facilita la transición del modelo tradicional de parque industrial hacia aglomeraciones sostenibles e inteligentes, integrando la producción primaria, la industria y la investigación científica.

La ley contempla un esquema de incentivos fiscales que incluye la exención total del Impuesto a los Sellos para la compra de lotes y contratos asociados, la liberación del Impuesto Inmobiliario por un plazo de 10 años —ampliable a 15 años en municipios y comunas rurales declaradas en vías de desarrollo—, beneficios especiales para proyectos con certificación ambiental verde y la posibilidad de acumular desgravaciones en Ingresos Brutos y Salud Pública para inversiones de gran escala bajo el amparo de la Ley 9911 (Régimen de Incentivos para las Inversiones).

Durante la fundamentación del dictamen de la Comisión de Economía y Producción, el legislador Leopoldo Rodríguez (foto inferior) actuó como miembro informante y detalló los objetivos esenciales de la norma al sostener que "este proyecto de ley tiene como objetivo promover la radicación y el desarrollo de empresas sostenibles en el territorio de la provincia, agrupándolas en zonas delimitadas... propiciar la integración y complementación de las actividades económicas, productivas y comerciales... alentar la capacitación de los recursos humanos, de los recursos empresariales y laborales, promover y favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación local y facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología desde las universidades, centros públicos de investigación y organismos de ciencia y tecnología". Rodríguez remarcó el salto cualitativo en la planificación provincial al expresar que con esta ley, Tucumán "realiza una transición del concepto clásico del parque industrial hacia una visión integradora de parques productivos y distritos productivos tecnológicos, de los cuales pueden ser públicos, privados y mixtos. Esto permitirá ordenar los asentamientos económicos, propiciar la integración de cadenas de valor, reducir costos de inversión en infraestructura común y resolver de forma planificada la relocalización de empresas".

A su turno, la legisladora Silvia Elías intervino en representación de la Comisión de Ciencia y Tecnología para manifestar el acompañamiento de su bancada y contextualizar el trabajo previo del cuerpo, expresando que "nuestra comisión lo ha tratado al tema... era un sueño de la comisión tener un polo científico tecnológico. Pero este proyecto que ha venido del Ejecutivo tiene como otra mirada, tiene una mirada, si se quiere más federal y que viene también a suplir un tema que todos no podemos desconocer y es que han ido apareciendo ya distritos tecnológicos y parques productivos por distintos lugares de la provincia". Elías ponderó la oportunidad de la norma ante el contexto económico al señalar que se trata de una iniciativa " importante en este momento en el que están cerrando semejante cantidad de empresas, en el que necesitamos hacer cosas para que nuestras industrias, nuestras empresas puedan gastar menos, relacionarse más fácil, poder complementarse unas con otras y eso es lo que se logra cuando se hacen estos distritos tecnológicos... una infraestructura mejor organizada", rescatando los alivios fiscales en sellos e inmobiliario, las desgravaciones en salud pública para la creación de nuevos empleos y la puesta en marcha del Registro Provincial y del Consejo Consultivo.

En el transcurso del debate, el legislador Claudio Viña planteó una inquietud orientada a fijar un límite temporal a las facultades que la ley otorga a la autoridad de aplicación para declarar municipios o comunas en vías de desarrollo. Recogiendo esa observación, el legislador Agustín Romano Norri resaltó el cambio de época hacia la innovación y la tecnología señalando que "el concepto del parque industrial tradicional ha cambiado y ahora es hacia distritos productivos y tecnológicos. Antes a los parques industriales uno lo medía en los metros cuadrados que tenían los galpones. Hoy ha cambiado esto definitivamente. Recordemos que Mercado Libre, por ejemplo, la empresa insignia de nuestro país y de Latinoamérica que vale hoy más de 100.000 millones de dólares, esa empresa ha nacido en un garage". Con respecto a la sugerencia de Viña, Romano Norri manifestó que le parecía válida pero hizo hincapié en el equilibrio territorial al señalar que "puede llegar a tener más beneficio si se lo hace en Tafí del Valle que se lo haga en el Gran San Miguel de Tucumán porque eso va a generar oportunidades a un sector que quizás puede tener menos inserción o posibilidad". Asimismo, expresó su expectativa de que "estos beneficios impositivos generen que tanto empresarios tucumanos, empresarios nacionales e internacionales se animen a invertir en Tucumán porque tenemos todo. Tenemos los recursos humanos, tenemos las universidades, tenemos un sector productivo innovador muy bueno en la provincia".

Por su parte, la legisladora Nancy Bulacio (foto inferior) explicó en detalle las modificaciones incorporadas durante el trabajo de comisión, las cuales reformularon el Título IV y los artículos 14 al 19 para incluir formalmente a las plataformas bioindustriales. "El parque productivo organiza territorio e infraestructura para la radicación de empresas. Plataforma bioindustrial organiza y articula cadenas de valor". La parlamentaria argumentó que esta figura potencia los recursos locales sosteniendo que "Tucumán ya tiene una base para hacerlo... reconoce el aprovechamiento integral de la biomasa de caña, la bioenergía, los bioproductos... La plataforma bioindustrial no debe quedar limitada exclusivamente a la caña de azúcar... debe permitir incorporar biomasa agrícola, agroindustrial, forestal, residuos orgánicos y otros recursos renovables... No queremos solamente producir más, queremos producir más, mejor, transformar más y agregar más valor... conectar industria, conocimiento, trabajadores, empresas, ciencia y tecnología".

Al hacer uso de la palabra, y pese a anticipar su acompañamiento afirmativo en razón del contenido productivo del texto, el legislador Walter Berarducci expresó con dureza su malestar por la metodología de trabajo de la Cámara, al criticar que los proyectos elaborados por los parlamentarios no reciban tratamiento mientras que las iniciativas del Poder Ejecutivo son sancionadas con celeridad. "Viene un proyecto del Ejecutivo y en 10 días está dictaminado y en 10 días estamos sesionando y aprobándolo. Y hace exactamente desde el 20 de marzo del 2024 que presenté un proyecto del mismo tenor con las mismas exenciones y no tiene tratamiento, ni siquiera mención en el orden del día y eso también hace a la defensa del poder legislativo, de los principios, de la República, de la democracia". En su reclamo de jerarquización institucional, el legislador enfatizó que "solo cuando la idea viene del Ejecutivo, la idea prospera".

Para cerrar las intervenciones, el legislador José Cano tomó el planteo efectuado por Berarducci para proponer una revisión en los criterios de técnica legislativa de la Cámara y ponderó la calidad del marco normativo aprobado. Finalmente, el parlamentario elogió los alcances de la ley al señalar que "me parece muy bueno que Tucumán tenga una ley de estas características, una ley muy similar a la ley 14.395 de Santa Fe, diría casi igual, o las que tiene la provincia de Córdoba, Río Negro, Neuquén", sugiriendo además "incluir definitivamente a las universidades en el Consejo Consultivo que plantea el artículo 6. De hecho, las universidades son consultoras privilegiadas del Estado y me parece que es absolutamente pertinente que integren el Consejo Consultivo". Pese al pedido, Rodríguez no hizo lugar y el dictamen mantuvo su redacción original en este ámbito, que igualmente fue avalado por la totalidad de los 43 parlamentarios que votaron la norma.