La Legislatura archivó el pedido de juicio político contra Chaiben Terraf y descartó irregularidades en su actuación

La Comisión de Juicio Político de la Legislatura provincial cerró este lunes el expediente impulsado contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaiben Terraf, al rechazar el pedido de destitución formulado por los periodistas Mauricio Formoso, Roque Galeano y Martín Faciano.

La decisión fue adoptada por unanimidad de los integrantes presentes luego de analizar una denuncia que atribuía al funcionario presunto mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con la ejecución de una obra en el Establecimiento Socioeducativo "San José Gabriel del Rosario Brochero", ubicado en Benjamín Paz.

Según la presentación, el núcleo de la acusación no residía en la obra ni en su finalidad pública, sino en el supuesto incumplimiento del control preventivo que debía ejercer el Tribunal de Cuentas. Los denunciantes sostuvieron que la obra habría sido ejecutada antes de que existiera una intervención efectiva del organismo de control y que posteriormente se habría intentado regularizar administrativamente una situación ya consumada

En la denuncia se formularon cuatro cargos principales: una presunta omisión o desnaturalización del control preventivo, la supuesta facilitación de una convalidación posterior de la obra, una posible alteración del rol constitucional del Tribunal de Cuentas y, como consecuencia de ello, un eventual mal desempeño de Chaiben Terraf.

Sin embargo, la Comisión consideró que esos planteos no lograron demostrar una conducta concreta y grave atribuible al titular del organismo. Por el contrario, los legisladores entendieron que las actuaciones cuestionadas se encuadran dentro de las facultades legales y constitucionales del Tribunal de Cuentas.

En la resolución aprobada este lunes se destaca que los propios denunciantes reconocieron que la obra era necesaria y que no cuestionaban su finalidad pública ni la legalidad de los actos administrativos vinculados a su ejecución. Para la Comisión, esa circunstancia debilitó la acusación, ya que el planteo quedó circunscripto exclusivamente a la discusión sobre la oportunidad del control ejercido por el organismo.

Los legisladores remarcaron además que la Constitución provincial y la Ley de Administración Financiera contemplan expresamente la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas ejerza controles posteriores sobre actos administrativos y gastos públicos. Incluso citaron un acuerdo del propio organismo en el que se reconoce que la obra había sido ejecutada antes del dictado del decreto sometido a revisión, configurando un supuesto de control posterior previsto por la normativa vigente.

"La línea argumentativa de los denunciantes adolece de coherencia lógica", sostiene la resolución, al señalar que se pretendía atribuir responsabilidad política al presidente del Tribunal por una actuación que la propia legislación habilita.

Otro de los argumentos centrales del rechazo fue que los cargos formulados estaban construidos sobre presunciones. La Comisión sostuvo que expresiones como "presunta omisión", "presunta facilitación" o "posible inversión del rol constitucional" no alcanzan los estándares de precisión y gravedad exigidos por la Ley de Juicio Político para habilitar un proceso de destitución.

El dictamen también recuerda que el juicio político es un mecanismo de carácter excepcional y que sus causales deben interpretarse de manera restrictiva. En ese sentido, concluye que en ninguna de las actuaciones incorporadas al expediente surge una conducta atribuible a Chaiben Terraf que pueda encuadrarse como causal constitucional de remoción.

Con esos fundamentos, la Comisión presidida por Sergio Mansilla resolvió rechazar el pedido de destitución y ordenar el archivo definitivo de las actuaciones, cerrando así un expediente que había generado repercusiones políticas por involucrar al máximo responsable del organismo encargado de controlar las cuentas públicas de la provincia.