“Jaldo puede ser candidato y lo vamos a defender de manera contundente”, aseguró Ferrazzano

El fiscal de Estado adjunto de Tucumán, Raúl Ferrazzano, defendió la posibilidad de que el gobernador Osvaldo Jaldo se presente a la reelección en los comicios del 9 de mayo de 2027 y aseguró que el artículo 90 de la Constitución provincial contempla expresamente esa alternativa. Frente a la presentación judicial impulsada por sectores de la oposición, anticipó que el Gobierno provincial sostendrá su posición ante la Justicia con argumentos basados en la autonomía de las provincias para organizar sus instituciones y establecer las condiciones de elección de sus autoridades.

Durante una entrevista con el programa Bisturí, de Norte Multimedios, Ferrazzano se refirió a la acción promovida por Cambia Tucumán y otros espacios opositores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que busca poner en discusión la habilitación constitucional del mandatario para competir por un nuevo período.

La controversia se encuentra en una instancia preliminar, luego de que el máximo tribunal nacional diera intervención a la Procuración General de la Nación para que se expida sobre la competencia de la Corte para entender en el planteo.

En ese contexto, el funcionario confirmó que la Fiscalía de Estado intervendrá en representación del Gobierno tucumano, demandado en la presentación. “Nosotros, obviamente, desde la Fiscalía de Estado oportunamente vamos a intervenir en defensa del Gobierno de la provincia, que es el demandado en esta presentación que hace Cambia Tucumán y un resto de partidos políticos de la oposición”, señaló.

A continuación, expuso la interpretación jurídica que sostiene el Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de que Jaldo aspire a continuar al frente de la Gobernación. “Nosotros sostenemos con fundamento y con rigor jurídico que Osvaldo Jaldo tiene la posibilidad de presentarse nuevamente como candidato a gobernador y esto surge de la aplicación expresa de lo dispuesto por el artículo 90”, afirmó.

El artículo 90 y el antecedente de Juan Manzur

Uno de los principales argumentos desarrollados por Ferrazzano fue que el régimen de reelección previsto en la Constitución provincial ya tuvo aplicación en Tucumán.

En particular, mencionó el recorrido institucional del exgobernador y actual senador nacional Juan Manzur, quien ocupó la Vicegobernación durante dos períodos consecutivos antes de ser elegido gobernador y posteriormente reelegido. “Un artículo 90 que ya se viene aplicando en la provincia porque, digamos, el caso testigo es el de Juan Manzur, que fue dos veces vicegobernador y dos veces gobernador”, expresó.

Para el fiscal de Estado adjunto, la redacción de esa disposición constitucional responde a una decisión expresa de los convencionales constituyentes que reformaron la Carta Magna tucumana en 2006. “Es una cuestión que está expresamente prevista por el constituyente ya por el año 2006 y no deja lugar a dudas”, remarcó.

Desde esa perspectiva, Ferrazzano sostuvo que la interpretación del Gobierno no requiere una modificación de las reglas electorales, sino la aplicación de una disposición que, a su entender, ya se encuentra vigente y fue utilizada en procesos electorales anteriores. “Nosotros vamos a defender en el ámbito que corresponda, en los plazos que correspondan, de manera contundente la posibilidad de que Osvaldo Jaldo pueda presentarse el 9 de mayo nuevamente como candidato a gobernador”, enfatizó.

La autonomía provincial

El funcionario trazó una diferencia entre las reglas constitucionales que regulan la reelección presidencial y las que cada provincia establece para sus autoridades.

Consultado sobre los límites previstos por la Constitución Nacional para la continuidad del presidente y el vicepresidente, Ferrazzano sostuvo que esa regulación no puede trasladarse automáticamente al régimen electoral de Tucumán. “Acá hay un tema muy importante que es la autonomía provincial, algo que está reconocido por la Constitución Nacional: que cada provincia puede organizar sus instituciones. Eso es parte del pacto federal cuando nace la Argentina”, explicó.

En esa línea, agregó: “Cada provincia, a través de su Constitución, es la que decide de qué manera va a elegir y cuánto van a durar sus autoridades”.

Según planteó, el sistema federal argentino reconoce a las provincias facultades para establecer sus propias reglas institucionales, dentro del marco de la Constitución Nacional. “Nosotros somos defensores de esa autonomía provincial porque los convencionales constituyentes que han sido votados por el pueblo de la provincia han contemplado en este artículo 90 expresamente esta posibilidad”, sostuvo.

Ferrazzano dijo que ese es el fundamento principal de la posición que defenderá la Provincia en esta cruzada. “Ese es nuestro principal argumento. Tenemos todo un equipo jurídico encabezado por la doctora Pedicone, que oportunamente, en los tiempos procesales, van a conocer cuáles son las posiciones jurídicas técnicas que tiene la provincia”, anticipó.

Críticas a la oposición

Ferrazzano también cuestionó la oportunidad política de la presentación judicial, impulsada por diferentes espacios opositores de la provincia, a los que no se sumó La Libertad Avanza, cuando todavía faltan varios meses para las elecciones provinciales.

Al ser consultado sobre las razones por las que la oposición decidió llevar ahora la discusión a la Justicia, consideró que la iniciativa responde principalmente a una estrategia electoral. “Para instalar esa posibilidad por una cuestión política, para tener discusión”, respondió.

El fiscal de Estado adjunto fue más allá y cuestionó la falta de propuestas que, según su visión, exhiben los sectores opositores. “Nosotros hoy tenemos una oposición muy, muy huérfana de propuestas. No los escucho decir de qué manera van a solucionar los problemas que tiene la provincia de Tucumán”, afirmó.

En ese sentido, apuntó contra dirigentes que actualmente ocupan bancas en el Congreso de la Nación y en la Legislatura provincial. “Muchos de ellos ocupan cargos legislativos nacionales, son diputados, son legisladores de la provincia y, en vez de estar preocupados y ocupados en ver cómo aportan a su provincia para que mejore la calidad de vida de los tucumanos, instalan un tema que obviamente hace ruido mediáticamente, más que jurídicamente”, cuestionó.

Finalmente, interpretó que la judicialización de la candidatura busca posicionar a los espacios opositores en la discusión pública de cara a los comicios del próximo año.

Según Ferrazzano, el objetivo es utilizar la controversia “como caballito de batalla e instalarse en un proceso de discusión electoral”.