Una auditoría reveló graves irregularidades en el depósito de armas de la Policía de Tucumán

Una auditoría realizada a principios de octubre por el Tribunal de Cuentas (TC) para conocer el inventario de armas existente en el depósito de la División Armamentos y Equipamientos de la Policía de Tucumán reveló graves irregularidades, por lo que el organismo ordenó la sustanciación de una Comprobación Sumaria a los fines de determinar un eventual perjuicio al erario público.

Entre otras anomalías, el informe del auditor encargado de las actuaciones advirtió sobre la ausencia de un inventario, la presencia de armamento expuesto a un deterioro constante, falta de municiones y de repuestos y un incorrecto uso del espacio físico, entre otras anomalías.

Dicho estudio, presentado a las autoridades del TC el pasado 3 de octubre, indica que, tras una verificación física y documental, se constató que el depósito policial se guardan 1118 unidades de ametralladoras tipo PA3 (FMK-3), 1820 pistolas tipo 11.25 y 20 unidades de lanza granadas IWI GL.  

El auditor del TC señaló que “los 20 lanza granadas IWI GL de origen israelí constatados poseen un calibre de 40 mm y no disponen de munición ya que las mismas son de fabricación militar y no pueden ser adquiridas por la fuerza policial”, razón por la cual “estas armas se encuentran inutilizables desde el punto de vista legal”. Desde la Policía explicaron al encargado del sumario que las compras de estas armas fueron a través del Ministerio de Seguridad en el año 2018, durante el gobierno de Juan Manzur, y que fueron recepcionadas por la Policía en diciembre del 2020.

Con respecto a las 1118 ametralladoras PA3 (FMK-3), el informe de auditoría indicó que “se encuentran ordenadas y apiladas en estantería fija de pared en su gran mayoría”, lo que “provoca el deterioro de las mismas ya que por condiciones climáticas el material de fabricación se va oxidando”. El auditor también advirtió que “existe un porcentaje menor de las mismas (ametralladoras) que se encuentran en su envoltorio de poliestireno original de fábrica que mantiene a las ametralladoras en excelente estado”. Ante la requisitoria del TC, el jefe de la División de Armamentos de la Policía, comisario principal Cristian Cruzado, contó que esas armas “datan de finales de la década del 70´y fueron parte de una donación del Ejército Argentino a la Policía de Tucumán”.

Por último, sobre el estado de las 1820 pistolas del modelo 11.25, el informe de auditoría indicó que “se encuentran ordenadas en cajones de madera, las mismas poseen un estado de desuso y deterioro total, en algunos casos oxidadas, en otros con faltantes de piezas”. El personal del Depósito informó al perito auditor que en años anteriores esas armas “eran desarmadas y utilizadas para repuestos de otras armas”.

Por otro lado, la auditoría determinó que “solamente se pudo constatar el número de serie de las lanzas granadas IWI GL ya que estos pertenecen a una compra reciente del estado”, mientras que de los otros modelos “resulta imposible ya que tienen tres números de serie y en muchos casos se encuentran borrados, limados o ilegibles por la corrosión de los cañones y por el paso del tiempo”.

El profesional a cargo de la investigación administrativa advirtió que “no existe un inventario registrado que indique lo que se encuentra físicamente en el depósito”.

Irregularidades

A continuación, el auditor del TC enumeró todas las anomalías detectadas durante la inspección:

“No existe un inventario que indique de forma precisa lo que se encuentra en depósito; las armas están expuestas a un deterioro constante; no se verifica stock de repuestos; no se tiene autorización para la compra de ciertas municiones; existe un incorrecto empleo del espacio físico para el almacenamiento, organización y resguardo de las armas; no se prevé un sistema informático del stock del almacén, como de las entregas, préstamos y secuestros de armas; no se realiza un adecuado mantenimiento y reparación que aseguren la funcionalidad de las armas en cuestión; los números de series del armamento se encuentran en algunos casos borrado, en otros adulterado o ilegible o poseen más de un número de serie”, detalló.

Ante las irregularidades reveladas en el informe de auditoría, el TC, con las firmas de Miguel Chaibén Terraf (presidente) y Sergio Díaz Ricci (vocal), dictó el Acuerdo N° 4632, con fecha de este 16 de octubre, donde dispone “la sustanciación de una Comprobación Sumaria en el Departamento General de Policía, a tramitarse en sede de este Tribunal de Cuentas, a los fines de determinar la existencia de eventuales perjuicios al erario y deslindar en su caso las responsabilidades emergentes”.

El organismo de control designó como instructor de la actuación a la abogada fiscal Constanza María Dato.