Un juez ordenó no alojar más presos en una comisaría porque está superpoblada

La crisis carcelaria que atraviesa Tucumán genera tensiones entre la Policía, el Servicio Penitenciario Provincial y el Poder Judicial.

Esta situación volvió a quedar en evidencia con un fallo dictado el pasado 25 de agosto por el juez Alejandro Javier Tomás, quien le ordenó al jefe de Policía, Joaquín Alfredo Girvau Olleta, que se abstenga de disponer el alojamiento de más presos en la Comisaría 11ª, ubicada en avenida Benjamín Aráoz 1095, debido a que está superpoblada.

El magistrado hizo lugar a una acción de Habeas Corpus Colectivo presentada por uno de los detenidos en esa dependencia, Fernando Ezequiel Valdiviezo Pachi, con el patrocinio del abogado Gustavo Morales. En su planteo, el letrado advirtió sobre “la situación de extrema degradación y hacinamiento” en las que su defendido cumple prisión preventiva en la Comisaría 11ª “hallándose actualmente en un pasillo junto a otros internos, siendo que en dicha dependencia hay un total de 90 internos cuando posee una capacidad de 37”.

Además, en la presentación se advirtió que en el lugar de arresto los presos “carecen de alimentación adecuada y padecen enfermedades en la piel, producidas por el hacinamiento y la falta de agua que impide que los internos puedan higienizarse”.

Por esta razón, Morales solicitó que se permita el traslado de cada uno de los detenidos alcanzados por el recurso de amparo a sus respectivos domicilios para que continúen con su arresto “en estricta aplicación de la normativa constitucional, convencional y legal”.

Tras requerir una serie de informes a la Policía, al Servicio Penitenciario y al Ministerio Público Fiscal (MPF) para conocer la situación procesal de los detenidos en esa seccional y determinar si es factible su traslado a otras unidades, el juez Tomás llegó a la conclusión de que “los detenidos que se encuentran actualmente alojados en Comisaría 11ª, padecen un agravamiento ilegítimo de las condiciones en que cumplen las respectivas medidas privativas de libertad física que han sido ordenadas en su contra”.

No obstante, desestimó la pretensión de Morales de que estos presos sean alojados en sus propios domicilios “porque ni siquiera se ha presentado a conocimiento de este juez al menos una nómina de dichos detenidos, si no que tampoco se ha indicado sus domicilios, desconociendo además si estos se encuentran debidamente constatados, mucho menos aún, que se haya agotado las vías ordinarias que el proceso penal establece para el dictado, en su caso, de una medida de arresto domiciliario o de prisión domiciliaria, según se trate de prevenidos o condenados”.

El magistrado envió un exhorto a las autoridades Servicio Penitenciario Provincial (SPP) para solicitar que Valdiviezo Pachi sea alojado en otra dependencia. Sin embargo, le respondieron que “en este momento el alojamiento del amparado es de imposible cumplimiento, en atención a que no se cuenta con cupos de alojamientos disponibles”. El juez agregó que desde el SPP le explicaron que “a consecuencia de la crisis carcelaria que afronta la provincia, en reuniones mantenidas con los jueces de ejecución, la dirección de la Oficina de Gestión Judicial (OGA) y defensorías penales, acordaron establecer un orden de prioridades en el ingreso de los internos que se encuentras en las Comisarías y además dando prioridad a los penados por sobre los prevenidos”. Además, le informaron que “el personal penitenciario no es renuente a obedecer los mandatos judiciales, sino que se encuentran ante una imposibilidad material y jurídica de cumplir la orden judicial”.

Por esta razón, desde el SPP solicitaron al juez una prórroga hasta el día 27 de agosto a los fines de dar cumplimiento con el traslado del amparado a otra dependencia.

Con esos elementos, el juez Tomás le ordenó al jefe de Policía, Girvau Olleta, que no disponga “el alojamiento de más detenidos en los arrestos de Comisaría Seccional 11ª por encontrarse esta superpoblada, debiendo proceder a trasladar a dependencias del Servicio Penitenciario Provincial a los amparados que se encuentran allí detenidos, otorgando preferencia a los condenados, hasta llegar a la capacidad máxima prevista para dichos arrestos”.

Además, le ordenó al director del Servicio Penitenciario, Antonio Ramón Quinteros, que “tenga especial prioridad en el alojamiento de los amparados actualmente detenidos en Comisaría Seccional 11ª, además de conceder la prórroga solicitada hasta el día 27/08/2024, para proceder a alojar en la unidad que corresponda al amparado Fernando Ezequiel Valdiviezo Pachi”.