Tras la polémica por la “cautelar digital” del peronismo, ahora la oposición propone el uso del "poder de policía" de la Provincia para el control de contenidos con IA

Tucumán puede volver a situarse en el epicentro de una discusión de alto voltaje político sobre los límites de la regulación estatal en el entorno digital. En esta oportunidad, un bloque de legisladores opositores presentó un proyecto de ley que pretende dotar a la Provincia de herramientas administrativas para intervenir ante contenidos generados por Inteligencia Artificial (IA) que afecten la identidad o imagen de las personas sin su consentimiento. La iniciativa surge en un clima de extrema susceptibilidad, marcado por la controversia que desató semanas atrás un proyecto del legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse, quien propuso una "Medida Cautelar Digital Urgentísima" para eliminar calumnias en redes en menos de seis horas. Aquella propuesta oficialista fue blanco de feroces críticas por parte de referentes libertarios, quienes la consideraron una forma de censura que coarta la libertad de expresión en la provincia.

La nueva iniciativa legislativa es liderada por la parlamentaria Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán - foto inferior-) y cuenta con las firmas de Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) y Claudio Viña (Compromiso por Tucumán). Según el texto, el objeto central es “establecer un procedimiento administrativo de protección rápida frente al uso no autorizado de la imagen, voz o identidad personal mediante tecnologías de inteligencia artificial”. El proyecto se fundamenta en que el avance vertiginoso de estas herramientas ha generado riesgos para los derechos fundamentales que los mecanismos judiciales tradicionales no logran mitigar a tiempo.

Esta búsqueda de celeridad administrativa emula, en parte, el diagnóstico de Vargas Aignasse, quien sostuvo que “una tutela tardía frente a un daño inmediato es, en términos constitucionales, una forma de tutela ineficaz” debido al carácter "explosivo" de la viralización digital. Sin embargo, la propuesta del oficialismo recibió una respuesta tajante del diputado nacional libertario Gerardo Huesen, quien sentenció que la medida buscaba “amordazar” a las voces críticas bajo un sistema de restricción similar al régimen chino. En medio de este cruce, el propio gobernador Osvaldo Jaldo dio su parecer, condenando los ataques infundados en redes sociales: “Hay personas que se dedican a este tipo de cosas que no es otra que desprestigiar de manera infundada tanto gestiones de gobierno como también llegan a tocar temas personales... está totalmente fuera de lugar”, afirmó el mandatario.

El proyecto de Nievas, Romano Norri y Viña define técnicamente los contenidos a regular, como el “contenido sintético o deepfake”, descrito como “material audiovisual, sonoro, gráfico o digital generado o manipulado mediante inteligencia artificial que reproduzca de forma verosímil la imagen, la voz o características identificatorias de una persona”. Para actuar sobre ellos, la normativa reconoce como bienes jurídicos protegidos “la identidad personal, el derecho a la imagen, la voz, la reputación, y la dignidad de la persona”, en consonancia con el Código Civil y Comercial de la Nación.

Un punto que promete generar debate jurídico es la base legal de la intervención, ya que el proyecto sostiene que se dicta “en ejercicio del poder de policía que corresponde a la Provincia de Tucumán para la protección de los derechos de las personas dentro de su territorio”. La autoridad de aplicación —que será determinada por el Poder Ejecutivo— podrá “requerir información, solicitar aclaraciones, o notificar a proveedores de servicios digitales”, solicitud de medidas judiciales cautelares, e incluso aplicar sanciones que van desde apercibimientos hasta multas proporcionales a la gravedad del incumplimiento.

Conscientes de la polémica por la libertad de prensa que envolvió al proyecto de Vargas Aignasse —quien incluyó un "candado normativo" para proteger la opinión periodística—, los autores de la nueva iniciativa opositora incorporaron garantías explícitas. El texto aclara que “ninguna disposición de la presente ley podrá interpretarse como un mecanismo de censura previa ni restricción indebida a la libertad de expresión, prensa, crítica política, sátira o manifestaciones artísticas”. En su exposición de motivos, los legisladores insisten en que no pretenden regular internet, sino establecer mecanismos complementarios de protección subnacional, argumentando que “un contenido manipulado mediante inteligencia artificial puede viralizarse en cuestión de minutos, generando daños reputacionales, personales o patrimoniales de difícil reparación posterior”.