Sin papeles ni control: la fiscalía federal expuso el vacío administrativo en la Municipalidad de Alberdi

Aunque la Justicia Federal archivó la investigación relacionada con los pagos mediante cheques por ventanilla en cuatro municipalidades de Tucumán, mantuvo el suspenso en el caso puntual de Juan Bautista Alberdi. En rigor, el dictamen del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz concluye que la respuesta oficial que ese municipio remitió ante el requerimiento judicial terminó por abrir más interrogantes que certezas.

Tal como adelantó ayer en exclusiva Tendencia de Noticias, el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez resolvió archivar el expediente que más inquietud generaba en la Casa de Gobierno. Se trata de la pesquisa abierta a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que había puesto bajo sospecha el manejo de fondos públicos en distintos municipios de la provincia entre 2023 y 2024. El titular de ese organismo, Diego Velasco, había formulado a fienes de 2024 una denuncia contra siete municipios del norte argentino. Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá, Alberdi y San Isidro de Lules, de Tucumán; y las municipalidades catamarqueñas de Corral Quemado, Belén e Icaño; y la salteña San Carlos.

Aquel expediente se originó tras la detección de operaciones financieras consideradas inusuales, principalmente por la reiteración de extracciones de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla, una modalidad permitida pero de baja trazabilidad. En total, el volumen de dinero por investigar ascendía a $ 39.487 millones: los montos retirados ascendían a $ 17.200 millones en Banda del Río Salí; $ 11.400 millones, en Famaillá; $ 6.000 millones, en Alberdi; $ 4.200 millones, en Lules; y $3.900 millones, en Monteros.

A partir del dictamen del fiscal Vehils Ruiz, en el que habla de "displicencia y manejo arbitrario de recursos", el magistrado dispuso el archivo de las persquisas por inexistencia de delito en cuatro de los cinco municipios. No obstante, y también en consonancia con el planteo del fiscal, el juez ordenó la remisión del expediente vinculado a Alberdi al Juzgado Federal N° 2. En ese despacho se tramita el expediente N° 8467/2025, en el que el principal procesado es el ex intendente Luis Campos, y por el cual su gestión fue intervenida en 2025 por el gobernador Osvaldo Jaldo. El ex jefe municipal oficialista, su esposa la legisladora Sandra Figueroa y otros ex funcionarios, empresarios y dirigentes están involucrados en una causa por presunta infracción a la Ley 23.737, que incluye supuestos delitos referidos a narcotráfico y lavado de activos.

Sin información ni documentación clave

En el dictamen del fiscal Vehils Ruiz queda en claro los hallazgos de los que había hablado la intervención de Alberdi apenas se hizo cargo del municipio. Principalmente, la falta de información para poder realizar una auditoría interna. Ese había sido uno de los principales reclamos del designado interventor, Guillermo Norry.

El escrito del fiscal detalla un cuadro de fuerte déficit informativo, ausencia de documentación clave y fallas estructurales en los mecanismos de control del manejo de fondos públicos.

Por ejemplo, un pedido de información, ordenado el 12 de junio de 2025 por el juzgado federal interviniente, apuntaba a reconstruir el circuito administrativo y financiero del municipio durante el período investigado. Sin embargo, la respuesta comunal fue, según el fiscal, insuficiente desde su base: la propia Municipalidad reconoció no contar con registros ni documentación que permitieran identificar aspectos centrales de la operatoria.

Entre las omisiones más relevantes, el informe señala la imposibilidad de precisar qué funcionarios intervinieron en la emisión y cobro de cheques utilizados para extracciones en efectivo, así como la falta de información sobre los mecanismos internos de autorización, control, traslado y rendición de esos fondos. Tampoco se aportaron elementos que acrediten la existencia -o inexistencia- de normativas internas aplicables a ese tipo de maniobras financieras, ni detalles sobre eventuales coordinaciones con el Banco Macro S.A., entidad a través de la cual se canalizaron los retiros.

El vacío documental se profundiza cuando el fiscal analiza la ausencia de instrumentos básicos de la administración pública. La Municipalidad no acompañó órdenes de pago, resoluciones, balances, cuentas de inversión ni actas del Concejo Deliberante que permitan reconstruir el uso de los fondos durante los ejercicios 2023 y 2024. Las menciones normativas incluidas en la respuesta -limitadas a referencias generales a la Ley Orgánica de Municipalidades y a la Ley de Administración Financiera- carecen de respaldo empírico que demuestre su aplicación efectiva.

Incluso en materia de control interno, el panorama es igualmente opaco. El interventor municipal manifestó desconocer si las cuentas de inversión correspondientes a los períodos bajo análisis fueron aprobadas por el Concejo Deliberante. Las pocas resoluciones aportadas presentan inconsistencias en su autenticidad, fecha y validez, y no están acompañadas por actas, informes contables ni dictámenes de auditoría. Esta situación, advierte el fiscal, impide verificar si las rendiciones de cuentas fueron efectivamente presentadas, tratadas y aprobadas conforme lo exige el ordenamiento provincial.

Otro punto crítico señalado en el informe es la falta de claridad sobre el circuito de fondos provenientes del Fondo Fiduciario Municipal y del Superior Gobierno de Tucumán, que -según los extractos bancarios incorporados a la causa- habrían constituido la principal fuente de financiamiento del municipio durante el período investigado. La administración local no explicó cómo ingresaban esos recursos ni cómo se aplicaban, ni aportó documentación que permita identificar partidas presupuestarias, destinatarios de pagos o criterios de distribución de los fondos retirados en efectivo.

A partir de este cuadro, el fiscal Vehils Ruiz concluye que la respuesta municipal revela un estado de “virtual parálisis administrativa” en materia de registración, control y rendición del manejo de fondos públicos. Esta situación, sostiene, configura un escenario preocupante para el análisis penal de los hechos.

En contraste con otras administraciones comunales investigadas -respecto de las cuales se reunieron elementos objetivos que permitieron avanzar hacia su desvinculación procesal-, en el caso de Juan Bautista Alberdi persisten “zonas grises” que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, vuelven prematuro y jurídicamente riesgoso disponer el archivo de las actuaciones en esta etapa.

El informe incorpora además datos remitidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que aportó legajos tributarios de personas investigadas.

Así, la reconstrucción del flujo de dinero público en Juan Bautista Alberdi continúa atravesada por lagunas documentales y respuestas incompletas. Con ese panorama, el juez dispuso la remisión de las actuaciones para que sean anexadas a una causa en la que además de Campos y de la legisladora Figueroa, están procesados por supuesto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita José Roldán (ex secretario de Hacienda), Pablo Barrionuevo (ex secretario de Acción y Desarrollo Social), José Albano Loru (ex concejal) y Roque “Chipi” Giménez (empresario).