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LA SEMANA POLÍTICA

Cheques y ventanillas municipales: 10 claves para entender el archivo de una denuncia sensible para el poder

Una alerta de la UIF y un pedido de investigación de la Procelac generaron un escándalo político en los inicios de 2025. La silenciosa desestimación judicial y una conclusión categórica: no hubo delito.

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Fernando StanichTendencia de noticias
29 mar, 2026 07:04 p. m. Actualizado: 29 mar, 2026 09:39 p. m. AR
Cheques y ventanillas municipales: 10 claves para entender el archivo de una denuncia sensible para el poder

1) Denuncia de la Procelac


La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos denunció a fines de 2024 la posible comisión de delitos relacionados con infracciones a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, asociación ilícita, peculado y lavado de activos, en el marco de operatorias financieras de varias municipalidades de Tucumán.


2) Base de la denuncia


La denuncia se fundamentó en Informes de Inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detallaban maniobras presuntamente irregulares, consistentes en la extracción masiva de fondos públicos en efectivo sin respaldo documental y sin trazabilidad del destino final.


3) Modalidad de las operaciones


La principal modalidad utilizada fue la extracción de fondos mediante "cheques ventanilla", considerada inusual e injustificada para la gestión de fondos públicos por su escaso control y vulnerabilidad.


4) Patrón común y montos involucrados


Se identificó un patrón común de retiro de grandes sumas de dinero en efectivo, concentradas en fechas cercanas a eventos electorales de 2023 y 2024, lo que generó la hipótesis de uso de fondos públicos para financiamiento político-partidario. El monto total de operaciones sospechosas detectadas por la UIF ascendió a aproximadamente $39.485 millones.


5) Casos municipales específicos


El documento detalla análisis específicos para las municipalidades de Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros y Juan Bautista Alberdi, todas con patrones similares de extracciones masivas de efectivo sin justificación.}


6) El "vacío" administrativo en Juan Bautista Alberdi


Se detectaron 110 extracciones en efectivo por un total de $5.997.676.813,11 entre enero de 2023 y junio de 2024, representando el 30% de los fondos acreditados. Estas extracciones se realizaron de forma estructurada, con montos repetitivos y coincidiendo con fechas electorales.


7) Origen de los fondos y falta de justificación


En el caso de Juan Bautista Alberdi, las extracciones fueron precedidas por transferencias del Fondo Fiduciario del Municipio Juan Bautista Alberdi y del Gobierno de la Provincia de Tucumán. La Municipalidad no aportó documentación que acreditara el destino efectivo de los fondos extraídos, a pesar de ser requerida.


8) Calificación de "sospechosas"


Tanto la UIF como la Procelac calificaron las operaciones como "sospechosas" según el artículo 21 de la Ley 25.246, debido al elevado volumen de extracciones en efectivo, la ausencia de respaldo documental, la coincidencia temporal con eventos electorales, la intervención de autoridades y el débil correlato patrimonial.


9) Posición del Ministerio Público Fiscal


Tal como adelantó en exclusiva Tendencia de Noticias el sábado, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz aconsejó la desestimación de la investigación inicial, argumentando que los hechos no encuadran en ninguna tipicidad legal y que, en todo caso, responden a situaciones administrativas con "cierta displicencia en la operatoria" pero sin la comisión de un ilícito. "Los hechos analizados no revisten entidad suficiente para habilitar la formulación de cargos", por lo que correspondía la desestimación por inexistencia de delito", expuso.


10) Resolución Judicial


El Juzgado Federal de Tucumán 1, subrogado por Guillermo Díaz Martínez, resolvió archivar la causa principal, pero ordenó remitir copias del informe integral del Banco Macro S.A. y el informe administrativo de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi al Expediente N° 8467/2025, caratulado "Campos, Rodrigo José Alberto y otro s/ Infracción Ley 23.737", para su incorporación en una causa conexa. En esa causa, el principal procesado es el ex intendente Luis Campos, y por el cual su gestión fue intervenida en 2025 por el gobernador Osvaldo Jaldo. El ex jefe municipal oficialista, su esposa la legisladora Sandra Figueroa y otros ex funcionarios, empresarios y dirigentes están investigados en una causa por presuntos delitos vinculados al lavado de activos y al narcotráfico.

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