Sur Finanzas: la Justicia ordenó entregar 24 vehículos a la Corte y dispuso nuevas medidas sobre Ariel Vallejo

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó una serie de nuevas medidas en la investigación sobre Sur Finanzas, entre ellas la entrega a la Corte Suprema de Justicia de 24 vehículos pertenecientes a Ariel Vallejo, dueño de la empresa.

El magistrado otorgó un plazo de tres días para que Vallejo ponga los rodados a disposición del máximo tribunal. Entre los bienes alcanzados se encuentran una Ferrari California descapotable y tres motocicletas, según el fallo al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas.

La decisión fue adoptada, de acuerdo con la resolución judicial, “a los fines de garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo” ante un eventual decomiso en el marco de las investigaciones en las que se analizan presuntos delitos de evasión y lavado de activos.

La disposición integra una batería de 41 medidas de prueba ordenadas por Rodríguez Ponte en la causa que investiga las operaciones de Sur Finanzas. La firma quedó bajo investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero y por sus vínculos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y distintos clubes del fútbol argentino.

Vallejo, además, ha sido vinculado con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Esa relación forma parte del contexto de la investigación, sin que ello implique por sí mismo responsabilidad penal de las personas o entidades mencionadas.

Entre las medidas dispuestas, el juez solicitó informes al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires sobre los bienes registrados a nombre de las personas, sociedades y clubes alcanzados por la investigación.

También requirió información a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

Rodríguez Ponte dispuso además que Vallejo no pueda prestar, “por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza”. La restricción comprende también su participación como socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico en proveedores de servicios de pago (PSP) o en otras entidades que presten servicios financieros.

El magistrado ordenó, a su vez, tasar la oficina que Sur Finanzas tenía en Adrogué. Según el fallo, el objetivo es “contrastar el valor de intercambio consignado en la escritura de adquisición con el valor real y de mercado” del inmueble.

Finalmente, el juez solicitó la inmovilización de las cuentas bancarias, billeteras virtuales y fondos de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP, mientras continúa la producción de pruebas dentro de la investigación judicial.