Diputada jaldista estampó su firma en un proyecto de "mano dura" impulsado por el oficialismo libertario

"No hay duda que lo institucional va por un lado y lo político por el otro", la premisa expresada días pasados por el gobernador Osvaldo Jaldo para definir el rumbo de su gestión volvió a cristalizarse con nitidez en el escenario legislativo nacional. La convicción del gobernador de Tucumán se tradujo en la Cámara de Diputados de la Nación a través del explícito acompañamiento de Gladys Medina, presidenta de la bancada jaldista dentro del bloque Independencia, a un proyecto de ley de marcado sesgo punitivo promovido por el oficialismo libertario. El aval de la referente tucumana a esta propuesta para endurecer de forma drástica las condenas por delitos graves de índole sexual guarda una estrecha sintonía con el modelo de gobierno desplegado en la provincia durante más de tres años de gestión, período en el cual el fortalecimiento de la seguridad pública y el combate contra el delito se erigieron como prioridades centrales de la administración del mandatario tranqueño.

La iniciativa, elaborada por la diputada libertaria Virginia Gallardo junto a Laura Rodríguez Machado —titular de la Comisión de Legislación Penal—, propone una reestructuración profunda del Código Penal de la Nación estructurada sobre dos ejes esenciales: la imprescriptibilidad de las causas más gravosas y el aumento generalizado de los techos en las escalas penales. Por un lado, la norma establece que la acción penal no caduque para aquellos ilícitos sancionados con prisión perpetua, al tiempo que amplía los plazos de prescripción para los delitos reprimidos con penas temporales, elevando el máximo de 12 a 15 años, e incrementa las inhabilitaciones temporales de uno a tres años. En sus fundamentos, las autoras argumentaron que "las modificaciones propuestas responden a la necesidad de dotar de mayor coherencia al sistema, adecuar sus disposiciones a la gravedad de los delitos involucrados y nuestra decisión es evitar que el mero transcurso del tiempo, en determinados supuestos especialmente graves, pueda frustrar definitivamente la actuación de la justicia".

En lo relativo a la severidad de los castigos, la propuesta legislativa actualiza la respuesta punitiva frente a los delitos contra la integridad sexual en todas sus tipificaciones. El texto contempla penas de uno a seis años de prisión para abusos sexuales simples contra menores de 13 años; de cuatro a 12 años cuando el hecho configure un sometimiento gravemente ultrajante; de seis a 20 años en casos de acceso carnal; y de ocho a 22 años de reclusión ante figuras agravadas. Asimismo, fija condenas de tres a 10 años para abusos cometidos por personas con vínculos de autoridad, parentesco o función policial, y eleva la escala a un rango de seis a 10 años de cárcel para agresiones sexuales contra adolescentes de 13 a 16 años cometidas bajo relaciones de poder o madurez desigual. La propuesta de Gallardo reunió el respaldo transversal de legisladoras del oficialismo como Giselle Castelnuovo, Johanna Longo, Gladys Humenuk y Gabriela Flores, sumando además las firmas de Pamela Verasay (UCR), Carolina Basualdo (Provincias Unidas), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y la propia Medina.

El respaldo de la bancada que responde al gobernador tucumano marca una nueva diferenciación estratégica respecto del kirchnerismo duro nucleado en Unión por la Patria, espacio que mantiene una postura histórica de rechazo frente a reformas penales de corte represivo o agravamiento de penas. Mientras las huestes jaldistas optan por convalidar iniciativas de tolerancia cero, el bloque kirchnerista bloqueó u opueso resistencia a diversos proyectos de seguridad, tales como la Ley de Reiterancia Delictiva —que habilita la prisión preventiva para procesados con múltiples causas abiertas— y la Baja de la Edad de Imputabilidad de 16 a 14 años en el Régimen Penal Juvenil. Del mismo modo, esa facción opositora votó en contra de la Ley Petri para restringir salidas transitorias a condenados por violaciones o abusos graves, y rechazó el paquete de seguridad que incluyó la Ley Antimafia para sancionar a miembros de organizaciones criminales y la figura del Juicio en Ausencia para juzgar a prófugos en causas complejas como el atentado a la AMIA.

De este modo, la firma de Medina al proyecto que busca agravar los delitos sexuales y frenar la prescripción de causas perpetuas ratifica el sesgo pragmático de la representación parlamentaria tucumana en el Congreso Nacional. La confluencia entre el oficialismo nacional y el jaldismo en materias de orden público exhibe cómo la agenda de seguridad provincial encuentra un canal directo de articulación en la Cámara Baja, y no confluye solamente en la relación que marca el interés económico ante la necesidad de fondos por parte de Nación, lo que puede verse como una consolidación de una línea de acción autónoma que prioriza el rigor punitivo y se distancia de las doctrinas garantistas tradicionales de la oposición kirchnerista.