El Colegio de Abogados expresó malestar por reformas judiciales impulsadas por la Corte y la Legislatura

El Colegio de Abogados de Tucumán expresó su malestar ante los avances en proyectos de modificación normativa vinculados al funcionamiento del sistema de justicia provincial que estarían siendo analizados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y la Legislatura de Tucumán, sin la participación formal de la entidad que representa a los abogados de la provincia.

Desde la institución indicaron que tomaron conocimiento de las iniciativas a través de publicaciones en redes sociales, lo que motivó el envío de notas formales solicitando ser incluidos en el análisis de las reformas. Las presentaciones, a las que Tendencia de Noticias tuvo acceso, fueron dirigidas al presidente de la Corte, Daniel Leiva, y al presidente de la Legislatura, el vicegobernador Miguel Acevedo.

El planteo del Colegio surge luego de que el propio Acevedo difundiera en su cuenta de X una reunión de trabajo realizada junto a Leiva y al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, en la que se analizaron posibles cambios en normas clave del sistema judicial provincial.

Según el mensaje publicado por el vicegobernador, durante el encuentro se evaluaron “posibles adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial (Leyes N° 8933 y 9119) con el objetivo de optimizar su funcionamiento”, además de avanzar en el análisis de modificaciones vinculadas a la Ley de Mediación Obligatoria Previa (Ley N° 7844).

En ese marco, el presidente del Colegio de Abogados, Alberto José López Domínguez, cuestionó que la entidad no haya sido convocada a participar del debate previo sobre reformas que impactan directamente en el ejercicio profesional y en el funcionamiento del sistema de justicia. “Quiero contarles que el Colegio de Abogados ha tomado conocimiento por redes sociales de una reunión en la que se hace referencia a modificaciones de leyes muy importantes para nuestra provincia y para el ejercicio de nuestra profesión”, señaló el titular de la institución en un mensaje dirigido a los matriculados.

Ante esta situación, el Colegio presentó notas formales tanto en la Corte Suprema como en la Legislatura solicitando la intervención institucional que, según remarcaron, les corresponde por ley.

Desde la entidad recordaron que el artículo 21 inciso 5 de la Ley 5233 establece la obligación de consultar al Colegio de Abogados en cuestiones vinculadas al ejercicio de la profesión, la legislación procesal y las reformas del sistema judicial. “Los mencionados proyectos de modificación no nos han sido remitidos para dictaminar en la forma prevista por la ley vigente”, advirtieron en las notas enviadas a las autoridades de los otros poderes del Estado.

No obstante, el Colegio aclaró que comparte el objetivo de fortalecer algunos mecanismos institucionales, particularmente en lo que respecta a la mediación como herramienta para resolver conflictos sin llegar a juicio.

En ese sentido, señalaron que coinciden con la necesidad de fortalecer los mecanismos de mediación obligatoria previa, al considerar que estos pueden contribuir a agilizar la resolución de controversias y facilitar el acceso a la justicia.

Normas clave

Las reformas bajo análisis involucran normas clave del sistema judicial provincial. La Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán, que fue modificada en los últimos años por las leyes 8933 y 9119, estructura el funcionamiento del sistema judicial provincial bajo la dirección de la Corte Suprema e incorpora herramientas de gestión como el sistema de Colegio de Jueces y las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGA), orientadas a agilizar los procesos.

Por su parte, la Ley de Mediación Obligatoria Previa (N° 7844) establece la mediación como instancia prejudicial obligatoria para gran parte de los conflictos civiles y comerciales, con el objetivo de promover soluciones consensuadas antes de llegar a un proceso judicial.

Si bien desde el Colegio de Abogados señalaron que comparten el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, insistieron en que cualquier modificación normativa debe construirse con participación institucional y respeto por los mecanismos previstos por la legislación vigente.

“Ratificamos nuestra vocación de trabajo articulado con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pero también el compromiso de defender la participación del Colegio en toda reforma que involucre a la abogacía y al acceso a la justicia”, señalaron.