Piden investigar la destrucción de pruebas clave en la Justicia Federal

Ante la polémica que sacudió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, la legisladora Silvia Elías de Pérez solicitó formalmente al Consejo de la Magistratura de la Nación una investigación exhaustiva sobre la supuesta pérdida y destrucción de elementos bajo custodia judicial. El pedido surge tras revelarse que el descarte de material probatorio en el subsuelo del edificio afectó de manera directa el desarrollo de causas penales en curso, impidiendo que el Ministerio Público Fiscal sostuviera acusaciones por la falta de evidencias físicas.

La presentación, que fue remitida directamente a Horacio Rosatti en su carácter de presidente del Consejo, enciende las alarmas sobre el impacto que estos hechos proyectan en el debido proceso y la normal actividad de los tribunales. De acuerdo a lo informado por este medio, durante una limpieza en los depósitos del tribunal se desecharon documentos, expedientes y secuestros vinculados a expedientes activos; entre ellos, un lote de 58 comprimidos de alprazolam que resultaban vitales para un juicio por infracción a la Ley de Estupefacientes y que, al desaparecer, dejaron al fiscal sin herramientas para acusar.

Ante este panorama, la parlamentaria tucumana fue tajante sobre las consecuencias de estas supuestas negligencias en los depósitos judiciales: “Si se pierde una prueba judicial, pierde la Justicia. Y cuando pierde la Justicia, perdemos todos los ciudadanos que esperamos respuestas y verdad de los tribunales”, sostuvo Elías de Pérez.

El documento presentado busca que el órgano de control judicial determine con precisión el inventario de lo destruido, si existían órdenes oficiales que respaldaran dicho operativo de descarte, y el alcance real del daño en otras investigaciones vigentes. Para la legisladora, se trata de una vulneración severa a las reglas del sistema penal: “Por eso decidí acudir al Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de hechos de enorme gravedad institucional. La custodia de la prueba es una de las bases sobre las que se sostiene cualquier proceso judicial. Cuando esa cadena de resguardo se rompe, se pone en riesgo la posibilidad misma de hacer justicia”, agregó.

Finalmente, la solicitud ante el Consejo de la Magistratura apunta a establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes de los funcionarios a cargo de dichos depósitos, en pos de recuperar la confianza pública en los fueros federales de la provincia.

“Lo que pedimos es simple: que se determine qué ocurrió, quiénes fueron responsables y si existen otras causas que pudieron verse comprometidas. Los tucumanos merecemos una Justicia transparente, responsable y que garantice el debido proceso”, concluyó.