Piden interpelar a la ministra Montaldo por la crítica situación edilicia y el posible cierre de escuelas en la provincia

La legisladora Silvia Elías de Pérez (foto inferior) presentó un proyecto de resolución para citar a la ministra de Educación, Susana Montaldo, con el fin de que brinde informes detallados sobre la Escuela N° 346 "Ángel Custodio Bustos" y la Escuela Fray Pedro Zavaleta. La iniciativa surge ante la profunda preocupación de las comunidades educativas por la falta de información oficial sobre cierres e inhabilitaciones que afectan el derecho a la educación de cientos de alumnos.

El pedido de interpelación se sustenta en la necesidad de que el Poder Ejecutivo rinda cuentas sobre decisiones que comprometen la accesibilidad escolar. Según el documento, se busca "brindar explicaciones precisas y documentadas respecto de la situación institucional" de los establecimientos. La legisladora fundamenta que "en ambos casos, la comunidad educativa ha manifestado preocupación ante decisiones o procesos que implicaría el cierre, inhabilitación prolongada y reestructuración de los establecimientos, sin que exista hasta el momento información oficial clara, pública y fundada".

En el caso de la institución ubicada en la localidad de La Iguana (Departamento Graneros), la preocupación radica en un posible cierre o reestructuración. Elías de Pérez destaca que esta escuela "presta servicio educativo en una zona donde no existen alternativas cercanas y que, además, cuenta con comedor escolar, cumpliendo una función social insustituible".

Por ello, el cuestionario para la ministra incluye puntos críticos como la matrícula actual, la evolución de la misma en los últimos cinco años, el estado de la infraestructura edilicia y, fundamentalmente, el "impacto que la eventual medida tendría sobre el servicio alimentario escolar que actualmente presta la institución".

La situación de la Escuela Fray Pedro Zavaleta, en San Miguel de Tucumán, reviste una gravedad mayor por el tiempo transcurrido. El documento señala que el establecimiento "permanece inhabilitado desde hace 4 años, con su comunidad educativa trasladada y fragmentada a otros establecimientos". Esta fragmentación se dio en condiciones que han sido "reiteradamente cuestionadas por docentes y familias".

Decreto de la discordia

Uno de los puntos más polémicos que la ministra deberá aclarar es el destino de los recursos para un alquiler que nunca se utilizó. El proyecto menciona el Decreto N.° 2.923/5 (MEd) de septiembre de 2023, que autorizó la contratación directa de un inmueble en calle General Paz N.° 139 para el funcionamiento de la escuela. Sin embargo, la legisladora radical denuncia que, "pese a haberse dispuesto formalmente dicha contratación y a los recursos comprometidos para tal finalidad, el inmueble nunca fue utilizado para el traslado ni para el funcionamiento efectivo de la institución educativa".

Finalmente, los fundamentos del pedido de interpelación subrayan que la educación es un derecho cuya garantía es "responsabilidad indelegable del Estado". En este sentido, Elías de Pérez sostiene que las decisiones que impliquen el cierre o inhabilitación de escuelas "no pueden adoptarse ni sostenerse sin fundamentos técnicos transparentes, evaluación de impacto territorial y previsión de alternativas reales que aseguren continuidad pedagógica y accesibilidad material".