
El gobernador Osvaldo Jaldo reclamó a la Justicia y a las autoridades educativas que actúen con mayor firmeza frente a los casos de amenazas de tiroteos y a los episodios en los que alumnos llevan armas blancas o de fuego a los establecimientos escolares. Además, pidió que los padres de los menores involucrados sean responsabilizados penal y civilmente por esas conductas.
“Hay que ir a fondo con las medidas. Estos chicos que de alguna manera cometen delitos pintando paredes o llevando armas blancas y armas de fuego tienen que ser detenidos. Tienen que hacer responsables penal y civilmente a sus padres de manera inmediata. No tomemos estas medidas cuando haya heridos o las discutamos sobre un féretro”, sostuvo el mandatario en declaraciones al diario La Gaceta.
Las expresiones del titular del Poder Ejecutivo reflejan el malestar existente en la Casa de Gobierno ante lo que consideran una falta de consecuencias concretas frente a situaciones que generan alarma en la comunidad educativa.
“Quien comete un delito o un intento de delito tiene que quedar detenido y ser expulsado de la institución. A esto hay que darle un corte de cuajo, no da para más. No esperemos que ocurra un hecho lamentable que nadie quiere. No hay margen de ser benévolos, flexibles o mirar para otro lado”, advirtió Jaldo.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación en la provincia: en los últimos días se registraron cerca de 90 denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas de Tucumán, mientras que algunos estudiantes reconocieron haber realizado pintadas vinculadas con esos mensajes.
A la vez, trascendieron episodios recientes que reforzaron la inquietud oficial, como el caso de un alumno que llevó una navaja a la Escuela de Comercio N°1, aunque luego afirmó que se trató de un error, y la decisión judicial que revocó la prisión preventiva dictada a un adolescente de 17 años que había concurrido a clases con un revólver calibre 38, sin que se registraran incidentes.
En ese marco, el gobernador defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y volvió a reclamar mayor dureza por parte del Poder Judicial. “El accionar de la Policía está a pleno. La Justicia tiene que endurecer las medidas. El que comete un delito debe ser detenido y enviado a Benjamín Paz, donde funciona el instituto para menores Padre Brochero. Allí debe recibir acompañamiento, pero no puede poner en riesgo a un colegio”, sostuvo.
Jaldo recordó además que el Poder Ejecutivo provincial emitió recientemente el Decreto N° 772/7, destinado a reforzar las acciones preventivas y establecer consecuencias más severas para quienes protagonizan este tipo de conductas.
La normativa autoriza la expulsión y aprehensión de los estudiantes que participen en amenazas o actos de violencia, con traslado al instituto para menores Padre Brochero. También establece la responsabilidad de los padres o tutores por las conductas de los menores y advierte que los establecimientos educativos podrían perder subsidios estatales si no garantizan el cuidado de los estudiantes.
“El Poder Ejecutivo ha redactado un decreto para que todas las medidas que se tomen en los establecimientos educativos se puedan profundizar e ir a fondo. Ya tenemos el caso de un niño que llevó un revólver y lo mandaron a la casa. Hay otro que llevó una cortapluma y también lo mandaron a la casa, como si nada estuviera pasando. Si alguien lleva un arma al colegio es un riesgo cierto para los compañeros y una preocupación seria para todos los padres. Hay que ir a fondo”, insistió el mandatario.