No pudieron justificar fondos de Río Seco y ahora deberán responder por $170 millones

El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) declaró patrimonialmente responsables a dos exautoridades de la comuna rural de Río Seco y les formuló un cargo fiscal por $170.249.859,30, luego de concluir un juicio de cuentas originado por la falta de regularización de fondos correspondientes al quinto bimestre de 2023.

La decisión quedó plasmada en el Acuerdo N° 3304, del 1° de septiembre último, mediante el cual el organismo cerró el proceso seguido contra la excomisionada comunal Carmen del Valle Alejandro y el exsecretario habilitado Jorge Antonio Nieva. La responsabilidad fue establecida en forma solidaria y el monto reclamado, que los apuntados por el TC deberán reponer de sus bolsillos, continuará actualizándose hasta su efectivo pago.

El caso se suma a una serie de actuaciones recientes del organismo de control que vienen poniendo bajo la lupa la falta de transparencia en la administración y rendición de fondos públicos en las comunas rurales del interior tucumano. En los últimos meses, el organismo aplicó cargos fiscales millonarios contra actuales y anteriores autoridades de distintas jurisdicciones por observaciones que no pudieron ser regularizadas durante los respectivos procesos de control.

El expediente de Río Seco se remonta a septiembre de 2025, cuando el Tribunal dio por concluido un sumario e inició un juicio de cuentas contra Alejandro y Nieva debido a la falta de regularización de una observación correspondiente al quinto bimestre de 2023.

El monto original cuestionado ascendía a $75.610.520,10. Durante el procedimiento, la excomisionada realizó distintas presentaciones y constituyó domicilio, mientras que Nieva no compareció y fue declarado en rebeldía mediante el Acuerdo N° 157/26.

Uno de los argumentos presentados por Alejandro fue descartado por el organismo debido a que la documentación aportada correspondía a otro período y a otro comprobante. Según el análisis incorporado al expediente, el antecedente presentado acreditaba la regularización de una observación del sexto bimestre de 2022 por poco más de $43 millones, pero no permitía compensar ni justificar los fondos cuestionados en el ejercicio 2023.

El Tribunal también había requerido la presentación de los extractos bancarios correspondientes al quinto bimestre de 2023, documentación que consideraba necesaria para justificar las erogaciones observadas. Sin embargo, según la resolución, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el plazo otorgado venció sin que esos elementos fueran incorporados.

En el caso de Nieva, el organismo señaló que, pese a haber sido notificado de la apertura a prueba, no compareció, no formuló descargo ni ofreció elementos para justificar su gestión.

El Tribunal consideró acreditado un daño patrimonial

Al evaluar el expediente, el organismo fue más allá de señalar una deficiencia formal en la rendición. En las conclusiones del acuerdo, que lleva las firmas del presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf y de los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, el organismo sostuvo que, ante la falta de documentación que acreditara el empleo legal de los recursos, quedó configurado un “daño patrimonial cierto y directo contra las arcas del Estado Provincial”. Sobre esa base, determinó la responsabilidad personal y solidaria de los dos exfuncionarios.

La Contaduría Fiscal General actualizó posteriormente los $75,6 millones originalmente observados mediante la tasa activa del Banco Nación. Al 30 de junio de 2026, la deuda alcanzaba los $170.249.859,30.

Finalmente, el Tribunal clausuró el juicio de cuentas y formuló por esa suma el cargo fiscal contra Alejandro y Nieva, monto que seguirá incrementándose hasta que sea cancelado.

Además, en el acuerdo, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, se dio intervención al Departamento Judicial para que procure el cobro y, en caso de ser necesario, ejecute judicialmente el cargo fiscal.

Una seguidilla de casos en las comunas

La resolución sobre Río Seco no aparece como un episodio aislado. Apenas unas semanas antes, el Tribunal había concluido otros dos juicios de cuentas contra autoridades comunales.

El 18 de agosto formuló un cargo fiscal por $82.516.357,08 contra el excomisionado de Los Ralos, Juan Cruz Brandán, y el exsecretario habilitado Pablo Alejandro Mocoroa, por una observación correspondiente al tercer bimestre de 2023 que no terminó de ser regularizada. Dos días después, otro acuerdo estableció un cargo por $7.832.908,75 contra autoridades de El Naranjo y El Sunchal. Entre ambos expedientes, las responsabilidades patrimoniales superaron los $90 millones.

La sucesión de fallos viene de meses anteriores. En julio, Tendencia de Noticias reveló que el organismo había formulado cargos fiscales que en conjunto superaban los $430 millones en dos expedientes: casi $149 millones contra autoridades de San Felipe y Santa Bárbara y más de $281 millones contra exfuncionarios de La Esperanza. Los procedimientos también estaban vinculados con problemas en la rendición, balances pendientes y observaciones sobre el manejo de recursos públicos.

Entre los antecedentes se encuentra además El Manantial, donde a fines de 2025 el Tribunal ratificó la responsabilidad patrimonial de dos exfuncionarios y reformuló en más de $142 millones un cargo originado en fondos pendientes de rendición del sexto bimestre de 2020.

La reiteración de expedientes relacionados con balances demorados, rendiciones incompletas y fondos cuyo destino nunca fue justificado ante el órgano de control, muestra una problemática que excede casos puntuales.