Legisladores buscan recrear una fiscalía anticorrupción en Tucumán

Un grupo de legisladores tucumanos presentó ante la Cámara un proyecto de ley para crear la Fiscalía Especializada en Corrupción y Criminalidad Económica, un organismo que no existe en Tucumán desde 2005. La iniciativa lleva la firma del legislador Manuel Courel y la adhesión de Ricardo Bussi, presidente del bloque Fuerza Republicana; José Nicolás Seleme y Agustín Romano Norri.

El proyecto crea un organismo de carácter permanente, con competencia en todo el territorio provincial e independencia funcional y autonomía presupuestaria. Según su articulado, la nueva fiscalía intervendrá de manera necesaria en las investigaciones por delitos contra la administración pública previstos en los artículos 248 a 279 del Código Penal -entre ellos el enriquecimiento ilícito del artículo 268, inciso 2°- y en otras figuras conexas, como el lavado de activos, la evasión tributaria agravada y ciertos delitos informáticos y societarios, cuando presenten vinculación funcional con hechos de corrupción.

La fiscalía estará a cargo de un Fiscal Anticorrupción con jerarquía y remuneración equivalentes a las de un Fiscal de Cámara, seleccionado por concurso público de antecedentes y oposición ante el Consejo Asesor de la Magistratura y designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. El proyecto establece que no podrá haber ocupado cargos en el Poder Ejecutivo provincial ni funciones partidarias, y que no estará sujeto a instrucciones de otros fiscales ni del Ministro Fiscal respecto de la iniciación, orientación o conclusión de una investigación. Su intervención, señala el texto, será continua e indisponible y no podrá ser desplazada ni sustituida por otros representantes del Ministerio Público Fiscal.

En materia presupuestaria, la iniciativa dispone que la fiscalía constituirá un programa separado dentro del Ministerio Público Fiscal, cuya formulación y ejecución quedará a cargo del Fiscal Anticorrupción, con un control administrativo previo limitado a cuestiones de legalidad y sin injerencia sobre el mérito o la conveniencia del gasto.

El proyecto incorpora, además, un segundo título que crea un régimen de querella colectiva para causas de competencia de la nueva fiscalía. La norma habilita a constituirse como querellantes particulares a asociaciones y fundaciones sin fines de lucro cuyo objeto estatutario incluya la defensa de la transparencia o la lucha contra la corrupción, a los legisladores provinciales respecto de hechos con incidencia provincial durante la vigencia de su mandato, y a los concejales municipales respecto de hechos vinculados con el municipio para el cual fueron elegidos. Según el texto, esa legitimación no requerirá acreditar un daño individual ni autorización previa de la Legislatura o del Concejo Deliberante, y sólo podrá rechazarse ante un conflicto de intereses directo, participación en el hecho investigado o utilización procesal abusiva debidamente comprobada.

En los fundamentos del proyecto, sus autores sostienen que la impunidad de la corrupción constituye uno de los problemas institucionales más graves de la provincia y atribuyen esa situación a la falta de una política permanente y verificable de persecución penal de esos delitos, más que a un vacío en el catálogo de figuras del Código Penal.

La iniciativa llega después de que la Fiscalía Regional del Centro Judicial Concepción rechazara, por falta de legitimación activa, el pedido de Courel y del concejal de Simoca Luis Escobar para constituirse como querellantes particulares en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga a la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros. El régimen de querella colectiva que ahora proponen habría alcanzado, de estar vigente, a un caso con esas características.

Tucumán no cuenta con una fiscalía especializada en delitos de corrupción desde 2005, cuando la Corte Suprema de la provincia dispuso su disolución.