"No pagan asfalto: pagan manos levantadas", la denuncia que incomoda a la Nación y a Tucumán

La diputada nacional Marcela Pagano, electa por La Libertad Avanza pero distanciada del Gobierno (foto inferior), denunció un presunto esquema mediante el cual fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) habrían sido utilizados para favorecer a gobernadores a cambio del respaldo parlamentario a proyectos promovidos por la administración de Javier Milei. Entre las provincias que mencionó aparece Tucumán, cuyos legisladores acompañaron iniciativas oficialistas en las votaciones señaladas y cuya Dirección Provincial de Vialidad recibió desembolsos para obras sobre la ruta 307, como lo informara Tendencia de Noticias. Desde el Gobierno tucumano rechazaron la interpretación y explicaron que los fondos fueron girados en el marco de un convenio suscripto con la Nación y destinados a cancelar certificados de obra.

La acusación fue formulada por Pagano a través de una serie de publicaciones en la red social X, donde sostuvo que detrás de determinadas votaciones legislativas existió una operatoria de distribución de recursos públicos. “Los ‘aliados’ recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a Gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima”, escribió la diputada, quien aseguró que el mecanismo habría permitido al Poder Ejecutivo avanzar con distintos proyectos en el Congreso.

Según su presentación, los recursos habrían sido canalizados mediante el Banco Nación y tendrían como origen el impuesto a los combustibles, cuya afectación legal está vinculada al financiamiento de obras viales. Pagano afirmó que “el Gobierno repartió a los que le votaban las leyes usando como cajero al banco Nación” y señaló al ministro de Economía, Luis Caputo, como quien “aprieta el botón de pago”.

La legisladora sostuvo además que los desembolsos se concentraron en momentos próximos a determinadas sesiones parlamentarias. En ese sentido, afirmó que durante los días de votación se liberaron 3,44 veces más pagos que durante el resto del mes y sostuvo que los fondos se desembolsaban una vez aprobadas las iniciativas.

De acuerdo con los datos difundidos por Pagano, entre enero y mayo de este año se produjeron tres períodos de particular concentración de pagos. En total, según el relevamiento citado, durante esas ventanas se desembolsaron $33.786 millones, equivalentes al 52,7% de los $83.145 millones destinados a obras por el SisVial durante los primeros cinco meses del año.

Los períodos señalados corresponden a los días 11 al 13 de febrero, cuando el Senado aprobó la reforma laboral y Diputados dio media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil; del 8 al 10 de abril, cuando Diputados aprobó la ley de Glaciares; y del 19 al 21 de mayo, durante el tratamiento de los proyectos Hojarasca y Zonas Frías.

La denuncia también incorpora otros desembolsos vinculados por Pagano con votaciones anteriores. Entre ellos figuran $11.275 millones asociados a la Ley Bases, $6.596 millones destinados a Santa Cruz 48 horas después de la aprobación del DNU relacionado con el FMI, $7.895 millones para obras viales en Jujuy el mismo día de la votación de Ficha Limpia y $20.983 millones durante la semana en que se produjeron las votaciones vinculadas con los vetos a jubilados y personas con discapacidad.

Pagano identificó como gobernadores que, según su denuncia, habrían “cedido a la extorsión” a Carlos Sadir, de Jujuy; Hugo Passalacqua, de Misiones; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Gustavo Sáenz, de Salta. La diputada sostuvo que los legisladores de esas provincias acompañaron al oficialismo en las votaciones que tomó como referencia.

Tucumán aparece en el centro de la denuncia

En el caso tucumano, la diputada puso como ejemplo la ruta provincial 307 y señaló que la obra acumulaba demoras y un avance inferior al 20%, mientras que los desembolsos se habrían concretado en coincidencia con las sesiones legislativas.

El análisis de documentación oficial indica que durante los primeros cinco meses del año la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán recibió $2.322,8 millones a través del SisVial para obras en la ruta 307. Según ese relevamiento, los legisladores alineados con el gobernador Jaldo votaron en las tres sesiones analizadas en el mismo sentido que el oficialismo nacional.

El mismo análisis señaló que el 92,5% de los $18.045,4 millones recibidos por las vialidades provinciales de Tucumán, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero se concentró en las tres ventanas temporales mencionadas. Sin embargo, el propio relevamiento advierte que la coincidencia entre los desembolsos y las fechas de las votaciones no permite por sí sola establecer una contraprestación política ni una relación causal entre ambos hechos.

En ese contexto, especialistas consultados para ese análisis plantearon la necesidad de revisar la documentación para determinar cuáles fueron los criterios empleados por el Ministerio de Economía para ordenar los pagos.

Desde el Gobierno de Tucumán desestimaron la denuncia de Pagano. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur (foto inferior), explicó que los desembolsos se encuentran contemplados en un convenio marco firmado entre la Nación y la Provincia en 2024.

“El envío de fondos es algo que está contemplado en el convenio marco que se firmó en 2024 entre la Nación y la Provincia”, señaló Nazur ante una consulta del diario La Gaceta.

El funcionario recordó que ese acuerdo estableció un mecanismo de financiamiento para determinados proyectos que ya se encontraban en ejecución, entre ellos el segundo tramo de la ruta provincial 307, mediante recursos de origen federal canalizados a través del SisVial.

“Esos montos fueron aplicados a la cancelación de certificados de obra”, agregó.

Nazur también relativizó el volumen de los recursos involucrados frente al costo total de las obras y sostuvo que no se trataba de cifras “significativas” en relación con las sumas necesarias para ejecutar este tipo de infraestructura.

El Sistema Vial Integrado es un fondo fiduciario que recibe una parte de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y tiene como finalidad financiar obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial. Según la información incorporada al relevamiento, parte de esos recursos también fue colocada por el Gobierno en instrumentos financieros, entre ellos plazos fijos y letras del Tesoro.

A la justicia

Pagano afirmó que, a partir de la información reunida, presentó una denuncia penal por presunta “administración fraudulenta, cohecho y malversación”. Según explicó, solicitó “cada certificado con fecha de aprobación, de pago y la firma del que lo liberó”.

La diputada sostuvo además que se trata de “la misma caja de la causa Vialidad” y señaló que el expediente quedó radicado en el juzgado a cargo de Julián Ercolini.

En su exposición, Pagano resumió su acusación con una frase que dio título a su denuncia: “No pagan asfalto: pagan manos levantadas”. También afirmó que más de $1 billón perteneciente a esa caja se encontraría colocado en plazos fijos y citó al economista Ravier, quien habría señalado que parte de esos recursos “la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”.

De este modo, la denuncia de Pagano quedó planteada sobre la base de la coincidencia temporal entre desembolsos y votaciones legislativas, mientras que el Gobierno tucumano atribuyó específicamente los fondos recibidos por la provincia a compromisos establecidos previamente en el convenio de 2024 y a la cancelación de certificados correspondientes a obras en ejecución.