El fallo sobre el IPLA sacude el debate político: Seleme pide avanzar hacia su eliminación

La resolución de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo, que ordenó al Gobierno de Tucumán poner fin en 60 días a la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) ya comenzó a generar repercusiones políticas. El legislador José “Pepe” Seleme, del bloque Avanza Tucumán, interpretó la decisión que dió a conocer Tendencia de Noticias, como un punto de inflexión y anticipó que buscará llevar la discusión un paso más allá: la eliminación definitiva del organismo.

El fallo puso bajo la lupa una situación institucional que se extendió durante más de 26 años. La Justicia ordenó avanzar con la normalización del instituto al considerar que una intervención que debía tener carácter excepcional no puede transformarse en una condición permanente.

La resolución no implica la eliminación del IPLA ni declaró inconstitucional la ley que creó el organismo. Sin embargo, para Seleme representa un respaldo a uno de los principales cuestionamientos que viene sosteniendo desde hace años.

“Este fallo marca un antes y un después. Es un paso enorme, pero no el último”, sostuvo el legislador.

La reacción de Seleme se produce en un contexto en el que el funcionamiento del IPLA viene siendo cuestionado por comerciantes y trabajadores que participaron de movilizaciones y acciones judiciales contra el organismo. El legislador vinculó directamente la sentencia con esos reclamos y destacó el rol de quienes impulsaron la vía judicial.

“Este fallo es el resultado de tanta lucha, de tantas marchas y del esfuerzo de miles de trabajadores, quiosqueros y dueños de negocios que durante años se vieron violentados por el accionar del IPLA”, afirmó.

El dato político que deja la sentencia es que el Gobierno provincial deberá definir cómo instrumentará la normalización del organismo dentro del plazo fijado por la Cámara. La decisión judicial no resuelve qué estructura tendrá el IPLA después de la intervención, pero obliga a abrir esa discusión.

El legislador considera que la salida no debería ser simplemente reemplazar la intervención por una conducción normalizada, sino avanzar directamente hacia la desaparición del instituto. “De una vez por todas, estamos encaminados hacia el cierre definitivo del IPLA”, afirmó.

Su propuesta apunta a sustituir las funciones del organismo por políticas públicas vinculadas con la prevención de las adicciones y el acompañamiento de quienes atraviesan problemas de consumo.

“La Justicia termina confirmando algo que nosotros denunciamos desde hace años: no se puede tener un organismo intervenido durante más de 26 años como si eso fuera normal. Lo excepcional se convirtió en permanente, y eso es contrario a la propia ley”, sostuvo.

La resolución judicial introduce ahora un límite temporal concreto a una situación que se había extendido durante más de dos décadas. El Ejecutivo tiene 60 días para avanzar con la normalización, mientras que el debate político sobre el futuro del instituto queda abierto.

Seleme pretende aprovechar ese escenario para insistir con una discusión que excede el cumplimiento de la sentencia. “Yo voy a seguir peleando hasta que el IPLA sea definitivamente eliminado y reemplazado por políticas públicas que realmente sirvan para prevenir las adicciones y acompañar a quienes más lo necesitan”, afirmó.