El departamento donde está detenida Cristina Kirchner quedó bajo embargo por la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad por delitos de corrupción, ordenó nuevos embargos preventivos sobre propiedades vinculadas a la expresidenta y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de las medidas destinadas a garantizar el decomiso establecido en la sentencia.

La decisión alcanza, entre otros bienes, al departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, ante lo cual ya se especula sobre la posibilidad de que le asignen otro lugar para cumplir arresto. La medida de embargo también se extiende a numerosos inmuebles ubicados en Puerto Madero; propiedades en El Calafate y Río Gallegos; y establecimientos hoteleros vinculados a la familia Kirchner.

La resolución judicial fue adoptada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del TOF 2, a partir de un pedido formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. También comprende propiedades y vehículos relacionados con otros condenados en el expediente.

En su resolución, el tribunal consideró que corresponde adoptar los “resguardos necesarios para preservar los bienes individualizados” y garantizar que la Justicia mantenga la posibilidad efectiva de avanzar posteriormente con su decomiso.

El planteo se inscribe en la ejecución de la condena por la causa Vialidad, que además de imponerle a Cristina Kirchner una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, estableció el decomiso de bienes por aproximadamente $685.000 millones, monto por el cual deben responder solidariamente los condenados.

Una vez firme la sentencia, el tribunal había intimado a los responsables a depositar $684.990.350.139,86, cifra determinada judicialmente como producto del delito. Ante la falta de pago, se inició el proceso destinado a identificar activos susceptibles de ser decomisados.

Como resultado de ese procedimiento fueron individualizados 111 bienes para su tasación y eventual remate, a los que se sumaron otras propiedades propuestas por la fiscalía y que todavía se encuentran bajo análisis del tribunal.

“Existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que impuso una consecuencia patrimonial concreta, actualmente exigible y todavía insatisfecha”, remarcaron los magistrados.

En esa línea, aclararon que la medida cautelar no busca anticipar una eventual sanción económica, sino asegurar el cumplimiento de una decisión que ya forma parte de la sentencia. “La pretensión cautelar no se apoya, entonces, en la eventual imposición futura de una condena patrimonial, sino que se dirige a garantizar la ejecución de una decisión ya adoptada”, señalaron.

Los bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner

Una parte relevante de la resolución está relacionada con propiedades de Hotesur SA y Los Sauces SA, sociedades de las que son titulares Máximo y Florencia Kirchner.

El tribunal aclaró que los hijos de la expresidenta no fueron condenados en la causa Vialidad, pero fundamentó la medida sobre esos activos en las relaciones económicas que, según se estableció durante el proceso, existieron entre la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez, apuntado como testaferro de los Kirchner.

“El dinero proveniente de la maniobra defraudatoria había generado beneficios económicos directos para Lázaro Antonio Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner”, sostuvo el TOF.

Los jueces señalaron que durante el período investigado existió una “conexión económica” materializada en diferentes negocios y mencionaron particularmente operaciones relacionadas con la explotación turística, alquileres y emprendimientos vinculados con los hoteles de la familia Kirchner, en las que intervinieron sociedades pertenecientes a Báez.

A partir de esos antecedentes y de la información registral reunida, el tribunal resolvió avanzar cautelarmente sobre los bienes de las sociedades hasta que se adopte una resolución definitiva respecto de su eventual decomiso.

“Habrá de avanzarse cautelarmente sobre los bienes de dichas firmas, hasta tanto se adopte una decisión a su respecto en cuanto al decomiso pretendido”, estableció el TOF 2.

Entre los inmuebles alcanzados aparecen el departamento de San José 1111; un dúplex, un departamento, siete cocheras y una baulera en el Complejo Madero Center, en Puerto Madero; el Hotel La Aldea de El Chaltén; además de propiedades ubicadas en El Calafate y Río Gallegos.

Propiedades de Lázaro Báez y José López

La resolución también alcanza a bienes pertenecientes a empresas relacionadas con Lázaro Báez, condenado en el mismo expediente.

Entre ellos figura un inmueble de Kank y Costilla SA y dos propiedades correspondientes a Loscalzo y Del Curto SRL. Esas compañías, junto con Austral Construcciones, fueron vinculadas durante el juicio con las contrataciones de obras viales nacionales investigadas en Santa Cruz.

También se dispuso una medida sobre otra propiedad ubicada en esa provincia, actualmente alcanzada por un trámite sucesorio y que, según consta en el expediente, había sido adquirida por Báez en 2005.

La decisión judicial incluye además la renovación de embargos sobre nueve vehículos vinculados a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López.

Entre ellos aparecen camionetas de marcas como BMW, Land Rover, Dodge y Chrysler, además de vehículos de colección, entre ellos un Torino GS.

En el caso de López, la medida comprende también una embarcación y dos propiedades ubicadas en el departamento Chicligasta, en el sur tucumano.