
La querella que representa al diputado nacional de La Libertad Avanza por Tucumán, Federico Pelli, cuestionó el desarrollo de la investigación judicial por la agresión que sufrió durante una recorrida por la ciudad de La Madrid y denunció presuntas irregularidades en el manejo del legajo por parte del Ministerio Público Fiscal.
El planteo fue realizado a través de un escrito presentado ante la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción por el abogado Juan Colombres Garmendia (h), quien actúa como representante y asesor técnico de la víctima en la causa iniciada contra el empleado público Marcelo “Pichón” Segura, imputado por el delito de lesiones graves.
En la presentación, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el letrado sostuvo que la investigación penal preparatoria se estaría llevando adelante con un “desconocimiento de la querella” respecto de algunas diligencias incorporadas al expediente.
Uno de los puntos señalados refiere a un oficio remitido a una empresa de telefonía celular para obtener información sobre una línea presuntamente vinculada al imputado. Según el escrito, la querella tomó conocimiento de esa medida recién durante una audiencia judicial.
“Esta querella nunca tomó conocimiento de que se había librado dicho oficio”, planteó Colombres Garmendia, quien agregó que la situación terminó “poniendo en ridículo a la víctima al peticionar nuevamente la misma medida ante el juez”.
El abogado sostuvo que esa circunstancia afecta el principio de publicidad y control de la prueba por parte de las partes involucradas en el proceso.
Planteo por supuesta “limitación al derecho de defensa”
En otro tramo del escrito, la querella cuestionó la incorporación de un informe médico presentado por la defensa del imputado que, según el planteo, no habría sido puesto en conocimiento de la víctima durante una audiencia realizada el 6 de abril.
Según explicó Colombres Garmendia, el documento fue agregado al legajo con fecha anterior, pero recién fue compartido con la querella cuando estaba por vencer el plazo para interponer un recurso. “Concurrir a una audiencia desconociendo evidencias es grave, y el MPF pareciera no entenderlo”, sostuvo el letrado en su presentación.
El abogado remarcó que la falta de acceso oportuno a determinadas pruebas “sitúa a una de las partes en un plano de desigualdad, impidiéndose el ejercicio del derecho de contradicción, como parte integrante del derecho de defensa en juicio”.
En la presentación también se advierte sobre lo que la querella considera un cambio en la línea investigativa del Ministerio Público Fiscal. Según recordó el abogado, durante la audiencia de formalización de cargos la fiscalía sostuvo que Segura habría actuado junto a otras personas que aún no habían sido identificadas.
“UD Segura Marcelo Claudio y un grupo de personas aún no identificadas se interpusieron en su camino impidiéndoles continuar su marcha”, cita el escrito al reconstruir lo expuesto por la fiscalía en esa audiencia.
Sin embargo, el letrado sostuvo que hasta el momento no se produjeron medidas para avanzar en la identificación de esas personas.

Informe médico y pedido de junta médica
Otro de los puntos planteados por la querella fue la presentación de un informe médico de parte que, según sostiene, indica que el imputado estaría en condiciones de permanecer en un establecimiento carcelario y no bajo arresto domiciliario, como le concedió el juez de la causa.
A partir de ese documento, la defensa de la víctima solicitó la convocatoria de una junta médica para evaluar el estado de salud de Segura.
No obstante, la fiscalía respondió que el planteo debía realizarse “por la vía y forma de corresponda”, lo que motivó un nuevo cuestionamiento por parte del abogado.
“Después de más de 20 años de ejercicio profesional, me surge el interrogante: ¿cómo es la vía y forma de adjuntar una evidencia en el proceso penal adversarial?”, expresó Colombres Garmendia en el escrito.
La causa
La investigación se tramita bajo el legajo C-002437/2026 por el delito de lesiones graves y tiene como imputado a Segura, un empleado público a quien desde la oposición vinculan con el ministro del Interior, Darío Monteros, acusado de haber agredido con un cabezazo al diputado libertario durante una visita a La Madrid.
El episodio ocurrió cuando Pelli recorría la zona para asistir a vecinos afectados por las inundaciones que golpearon esa ciudad del sur tucumano. Como consecuencia del violento ataque, el parlamentario opositor sufrió la fractura de tabique nasal y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
En el mismo expediente, la fiscalía dispuso que el legislador nacional comparezca para prestar declaración testimonial y ser examinado por el médico forense, como parte de las medidas previstas en la investigación.
En el cierre de su presentación, la querella advirtió sobre la gravedad de las irregularidades denunciadas y anticipó que tomará nuevas medidas en el proceso.
“Repito: esa postura de limitar la posibilidad de proponer y adjuntar evidencias marca el rumbo impreso a esta investigación, donde los derechos de la querella son desconocidos y avasallados”, concluyó el escrito firmado por el abogado Colombres Garmendia.