La reforma judicial recibió un nuevo guiño, a la espera de que la Corte resuelva la demanda de los Colegios de Abogados

“Una objeción abstracta a la integración del órgano”. Así definió la Sala IV de la Cámara civil el planteo de un demandado que cuestionó la reforma judicial y la composición del propio tribunal. Esta semana,el tribunal rechazó la inconstitucionalidad de la Ley 9.987 y de las acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que la implementaron, y defendió la fusión de las cámaras como una “reorganización legal general”. En paralelo, la CSJT debe resolver aún la demanda que los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur plantearon contra la misma ley.

El planteo lo hizo el 3 de septiembre Juan Andrés Robles, demandado en una tutela autosatisfactiva, contra la ley y las acordadas 830 y 831. Cuestionó que la Cámara unificada se integrara con magistradas que, según dijo, “nunca concursaron” ni fueron designadas para la materia civil y comercial común, y pidió un nuevo sorteo limitado a las salas I, II y III. Aclaró que no recusaba y que objetaba la integración objetiva del tribunal. Sostuvo además que la ley delegó en la Corte la integración de las salas sin fijar parámetros, en violación del artículo 3 de la Constitución provincial. Dijo compartir los fundamentos de la acción de los Colegios, aunque afirmó que su planteo era autónomo. El fallo lleva las firmas de las vocales Florencia Natalia Presti y Gisela Fajre.

“No explica, ni menos acredita, de qué modo la integración que cuestiona afecta en concreto su derecho de defensa”, sostuvo la sala sobre Robles. Agregó que esa sola circunstancia bastaría para desestimar el planteo, pero analizó igualmente los fundamentos. Recordó que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de “suma gravedad institucional” que solo corresponde cuando la repugnancia con la Constitución es “manifiesta, clara e indudable”.

El tribunal afirmó que la fusión de las cámaras no se dispuso por un acto reglamentario sino por una ley formal, sancionada el 18 de junio, promulgada el 29 y publicada el 1 de julio. Señaló que el artículo 6 de la Ley 9.987 encomienda a la Corte las medidas reglamentarias y de organización necesarias para implementarla y que el artículo 13, inciso 17, de la Ley Orgánica le permite asignar competencias. Para la sala, eso es un ejercicio de las facultades de superintendencia y no una delegación prohibida: la ley “fijó por sí misma la estructura del tribunal”, con cinco salas de tres miembros.

Sobre el juez natural, sostuvo que la garantía impide sustraer arbitrariamente una causa, pero no reorganizar tribunales mediante leyes generales. Citó un fallo de la Corte Suprema de la Nación que dice que “no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal”. Señaló que la Sala IV es un tribunal permanente, que la causa se le asignó por sorteo el 1 de septiembre y que las vocales fueron designadas por el procedimiento constitucional como vocales de Cámara, sin traslado a otro cargo. Agregó que la reforma busca equilibrar las cargas de trabajo y citó el debate legislativo del 18 de junio, en el que la legisladora Carolina Vargas Aignasse dijo que permite que “quienes son camaristas de Documentos y Locaciones adquieran también la competencia Civil y Comercial”.

La acción de los Colegios de Abogados, presentada el 29 de agosto, plantea entre sus ejes la competencia material múltiple de cámaras y juzgados, que a su juicio afecta el juez natural, y la delegación en la Corte de facultades para definir la organización judicial, los mismos puntos que la sala rechazó en este caso. La Corte se declaró competente el 28 de octubre, en la sentencia 1595, y no resolvió aún la medida cautelar para suspender los efectos del artículo 1° de la ley.

Una voz disidente

El vocal Benjamín Moisá, que asumió el 26 de octubre la presidencia subrogante de la Cámara para resolver un conflicto de competencia, criticó la sentencia en un análisis propio. Sostiene que la sala respondió a la legalidad de la reforma y no al “problema constitucional central”, el alcance de la investidura judicial. A su juicio, confunde la competencia del órgano con la investidura personal para ejercerla, limita el juez natural a la prohibición de tribunales especiales e iguala la jerarquía de los cargos sin explicar por qué uno en Documentos y Locaciones habilita para la materia civil y comercial común. Agrega que el fallo no examina los concursos, las propuestas ni los decretos de designación, trata “superficialmente” la delegación del artículo 3 y cita los precedentes “Canales” y “Bertuzzi” sin demostrar que se apliquen al caso. Concluye que la sentencia no refuta la tesis constitucional del planteo, sino que la “elude”.

No es la primera vez que Moisá sostiene esa posición. El 20 de octubre, en una disidencia en una causa iniciada por la Caja Popular de Ahorros, concluyó que los vocales de la sala carecían de habilitación constitucional para conocer en causas de competencia originaria de Documentos y Locaciones y de Cobros y Apremios. La mayoría resolvió la cuestión procesal sin declarar la inconstitucionalidad de la reforma. “La discrepancia constitucional de un juez respecto del alcance de sus atribuciones no constituye, por sí sola, una infracción funcional”, escribió en esa disidencia.

El 29 de octubre, en el expediente “Schusterman Darío c/ Banco Hipotecario”, una causa de Documentos y Locaciones, Moisá fue un paso más allá. “Por consiguiente, me declaro constitucionalmente inhábil para ejercer mi jurisdicción en la presente causa”, concluyó. “Concursé, fui seleccionado, propuesto y designado para desempeñar el cargo de Vocal de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común”, escribió, y agregó que no lo hizo para Documentos y Locaciones. “La investidura judicial no constituye una habilitación genérica para ejercer cualquier función jurisdiccional”, sostuvo. Aclaró que no cuestiona “la conveniencia administrativa de la reforma” ni se opone “a la asunción de mayores responsabilidades”, sino que “un magistrado no puede ejercer válidamente funciones jurisdiccionales para las cuales no ha sido seleccionado ni designado conforme al procedimiento constitucional correspondiente”. Ese escrito expresa su posición personal: no consta que el tribunal haya aceptado su apartamiento ni que se haya declarado la invalidez de la reforma.