La Legislatura frenó el teletrabajo en la administración pública para evitar otro posible veto de Jaldo

Bajo la presidencia subrogante del legislador Sergio Mansilla, la Legislatura provincial vivió este jueves un episodio de deliberada contención legislativa, al decidir, por moción de orden, remitir de nuevo a estudio de comisiones el proyecto de ley que buscaba regular el teletrabajo en el ámbito de la administración pública. La iniciativa, impulsada por la Comisión de Energía y Comunicaciones y avalada inicialmente por unanimidad en su dictamen, sucumbió ante argumentos de rigor presupuestario y delimitación competencial, en un gesto que trasciende la mera técnica parlamentaria para revelar ciertas fisuras en la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, conducido por Osvaldo Jaldo. Parlamentarios oficialistas, con una molestia apenas velada en sus intervenciones, aludieron a la necesidad de un análisis más exhaustivo para eludir vetos que, pese al consenso legislativo, están caracterizando la gestión jaldista.

El debate, se nutrió de intervenciones que, si bien celebraban la innovación del teletrabajo como paradigma relacional, no eludieron las sombras de su implementación en el sector estatal. Luis Alberto Olea, presidente de la comisión impulsora, abrió las alocuciones con una defensa concisa y humanitaria, subrayando los beneficios inclusivos de la modalidad remota. "Esta ley apunta un poco a la movilización en la tarea de la administración pública y el teletrabajo favorecería a algunos agentes con discapacidad; también reduce el costo de transporte que, en algunos casos, representa un porcentaje amplio en el sueldo de los trabajadores públicos", expuso Olea.

A continuación, Rodolfo Ocaranza, coautor del proyecto (foto inferior), desplegó un análisis de mayor enjundia, trenzando historia, sociología y economía en un tapiz que posiciona al teletrabajo como "una de las innovaciones y transformaciones en las relaciones laborales más innovadoras y más fuertes que hemos sido capaces de atestiguar en estos últimos años no solo en nuestro país, la provincia y en el mundo". El legislador desglosó los tres pilares de su auge –la masificación tecnológica, los tips socioculturales y el catalizador pandémico de 2020–, para luego enfatizar su potencial en el ámbito público, donde "la presencialidad es fundamental es prioritaria y es irremplazable" en ciertas áreas, pero donde la hibridación emerge como antídoto a la inercia estatal. Ocaranza no escatimó en beneficios: inclusión para discapacitados y cuidadores familiares, elevación de la productividad por resultados sobre horarios, sostenibilidad ambiental mediante la reducción de emisiones, y ahorros en infraestructura. No obstante, con prudencia, advirtió de riesgos como "la dilución que hay en los límites entre el trabajo y la vida personal" y la "pérdida de la cohesión organizacional", abogando por esquemas híbridos, capacitaciones en ciberseguridad y evaluaciones por objetivos. "Por eso es que la normativa atiende a priorizar la forma híbrida, es decir, es deseable que haya teletrabajo pero también es deseable que las personas, al menos en algunos días de la semana, lleven adelante su tarea de madera presencial para lograr una cohesión de equipo", indicó.

Fue Roque Tobías Álvarez (titular de la bancada oficialista) quien selló el destino del proyecto mediante una moción de orden que, bajo el barniz de la honestidad técnica, destilaba la fatiga acumulada por vetos ejecutivos. Habiendo firmado el dictamen en la comisión, Álvarez retractó su apoyo inicial al constatar insuficiencias que rozan lo competencial y lo fiscal. Invocando el reglamento interno, argumentó que el texto incursiona en dominios ajenos a Energía y Comunicaciones, como salarios y regímenes laborales, que corresponden a la comisión de Legislación Social. Citó el artículo 4, que prioriza ingresos con "perfil adecuado para la prestación de servicio bajo la modalidad de teletrabajo" y prohíbe posteriores reclamos de presencialidad, y el artículo 8, que prevé "erogaciones que no están ni siquiera cuantificadas" en suministros informáticos, conectividad y reparaciones, potencialmente generando "dos escalas salariales" y "dos tipos de ingreso". "Hay erogaciones que no están ni siquiera cuantificadas y que no sé si el Ejecutivo está dispuesto a dar las computadoras y a garantizar la conectividad", interrogó, para luego aludir con sorna a la situación de los vetos: "la verdad que creo que nunca está de más prestar la debida atención y el estudio para evitar algo que después también sí de alguna manera nos molesta a todos, que son los vetos".

Álvarez instó a consultas con la Fiscalía de Estado y el Ejecutivo, "para ver si está de acuerdo con tener dos escalas salariales", remitiendo así el expediente a Legislación Social. La decisión, adoptada sin disenso aparente, ilustra las tensiones donde la unanimidad legislativa choca con la discrecionalidad ejecutiva.

En los últimos meses, Jaldo vetó al menos tres iniciativas unánimes –desde reformas impositivas hasta iniciativas ambientales–, argumentando siempre desfasajes presupuestarios o inconstitucionalidades formales, lo que generó, según fuentes cercanas al bloque oficialista, cierto malestar entre legisladores que ven diluida su labor en el umbral del despacho gubernamental de 25 de Mayo y San Martín.