La educación, el gran ausente de la agenda argentina

Hay problemas que se viven y problemas que se piensan. En Argentina, la educación pertenece, cada vez más, a la segunda categoría. Así lo muestra el informe "Percepción social sobre la educación y la política educativa", publicado esta semana por Argentinos por la Educación, que reconstruye dos décadas de opinión pública para llegar a una conclusión que incomoda: en 2024, apenas el 5% de los argentinos considera a la educación como el problema más importante del país.

El número parece pequeño. Y lo es. Pero lo que lo vuelve significativo no es su tamaño sino su historia. Hace veinte años, en 2006, esa cifra trepaba al 9%. Volvió a acercarse a ese pico en 2011 y otra vez en 2017. Luego cayó en picada hasta el 3,4% en plena pandemia -cuando las aulas cerraron y la escuela se convirtió, paradójicamente, en el centro de todas las conversaciones- y desde entonces viene recuperándose apenas. El resultado de ese lento rebote es el 5% actual. La educación, en el ranking de urgencias ciudadanas, ocupa el séptimo lugar, detrás de la economía, la política, el desempleo y la inseguridad.

El informe, elaborado por Valentina Gabrielli -economista de la Paris School of Economics-, Tomás Besada y Eugenia Orlicki, cruza datos de Latinobarómetro con la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. Cubre el período 2004–2024 para la percepción ciudadana y llega hasta marzo de 2026 en el análisis de satisfacción con la política educativa del gobierno nacional. El resultado es uno de los retratos más completos disponibles sobre cómo los argentinos ven -o dejan de ver- a la escuela como problema colectivo.

La paradoja central es precisamente esa. Todos los argentinos, cuando se les pregunta en abstracto, reconocen que la educación es estratégica para el desarrollo del país. Nadie dice que no importa. Pero cuando la pregunta se vuelve concreta -¿cuál es el problema principal que enfrenta la Argentina hoy?- la educación desaparece del podio. Las voces consultadas por los investigadores lo sintetizan sin eufemismos: hay una brecha creciente entre el reconocimiento simbólico del sistema educativo y el lugar que ocupa en las prioridades sociales y políticas reales. Es comprensible, advierten, que en un contexto de emergencias múltiples otras problemáticas materiales e inmediatas capturen la atención pública. Pero comprensible no significa inocuo.

El desglose sociodemográfico aporta matices que el número global oculta. Son las mujeres quienes más mencionan a la educación como problema central: el 7% frente al 6% de los varones. También aumenta la preocupación entre los sectores de nivel socioeconómico alto, donde llega al 8%, mientras que en los sectores bajos se queda en el 6%. La lectura que sugiere este cruce es incómoda pero elocuente: la educación como problema es más visible para quienes tienen recursos para elegir escuela -y por lo tanto mayor exposición a sus diferencias de calidad- y menos urgente para quienes tienen problemas más inmediatos que resolver antes del mediodía.

Por franja etaria, el grupo de 26 a 40 años lidera la preocupación con el 7%, lo que tiene una lógica generacional clara: son justamente quienes tienen hijos en edad escolar o acaban de egresar del sistema. Entre los mayores de 61 años, la cifra cae al 4%. Es decir, cuanto más lejos se está de la escuela en términos vitales, menos se la percibe como problema urgente. El sistema educativo aparece así como una preocupación de los que lo transitan o lo acaban de transitar, no de la sociedad en su conjunto.

El panorama regional tampoco es alentador, y en cierto modo funciona como espejo que amplía el diagnóstico local. En América Latina, el promedio de quienes señalan a la educación como el principal problema de su país es aún más bajo que en Argentina: apenas el 3,4%. La lista regional la encabeza la inseguridad con el 19,1%, seguida por los problemas económicos con el 18,1%. La educación aparece entre los cinco primeros problemas únicamente en Brasil -donde ocupa el tercer lugar con el 10%, detrás de la salud y la política- y en Uruguay. En el resto de los países de la región, directamente no figura entre las prioridades ciudadanas.

La segunda parte del informe aborda la satisfacción con la política educativa del gobierno nacional entre 2018 y 2026, y ahí el panorama es todavía más sombrío. Durante la mayor parte de ese período, la aprobación osciló entre el 20% y el 35%, con fluctuaciones que no responden tanto a cambios en la política educativa concreta como a los ciclos políticos generales del país. El punto más alto se registró entre 2019 y comienzos de 2020, cuando la aprobación rozó el 45%, en coincidencia con el cambio de gobierno y el efecto luna de miel que suele acompañar a las gestiones entrantes. Luego vino el desplome: en 2022 la satisfacción tocó uno de sus pisos históricos, con guarismos cercanos al 20%, en el contexto de la pospandemia y el conflicto sostenido por la presencialidad. Desde 2023 se observa una recuperación parcial, pero en marzo de 2026 -el dato más reciente del informe- la satisfacción volvía a ubicarse en torno al 28%. Valentina Gabrielli lo resume: la satisfacción con la política educativa tiene un techo del 35% desde la pandemia hasta hoy, y ese techo no cede.

Lo que esa cifra revela no es solo descontento con una gestión particular. Es descontento estructural con el modo en que el Estado gestiona la educación, independientemente de quién gobierne. La aprobación máxima del 45% registrada en el breve período 2019–2020 fue la excepción, no la regla. Durante veinte años de medición, la norma fue la insatisfacción. Y sin embargo, esa insatisfacción no se traduce en demanda política activa: la gente está descontenta con la política educativa, pero no exige cambios con la misma intensidad con que exige bajar la inflación o reducir la inseguridad.

Ahí reside el nudo del problema que el informe deja planteado sin resolver del todo: la educación es un bien que se valora en abstracto y se descuida en concreto. Está entre los siete principales problemas del país según la percepción ciudadana, pero no llega al podio en ningún año de los veinte medidos. Genera insatisfacción sostenida con la política pública, pero esa insatisfacción no se convierte en presión electoral suficiente como para mover la agenda de gobierno. El resultado es un sistema educativo que puede deteriorarse despacio, sin que nadie lo grite con la misma urgencia con que se grita el dólar o el precio del asado.