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Ante el avance de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió que el nivel de malestar social alcanzó un punto que, según sus dirigentes, garantiza el éxito de un paro general el mismo día en que la iniciativa sea debatida en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con información publicada por la Noticias Argentinas, el cosecretario general Cristian Jerónimo, del sindicato del Vidrio, fue quien expresó con mayor contundencia la postura interna de la central obrera. “Están dadas las condiciones para ir a un paro general”, afirmó, al calificar la reforma como “totalmente regresiva” y perjudicial “para los trabajadores y el pueblo en general”.
Jerónimo sostuvo que la medida de fuerza se activará si el proyecto llega al recinto, ya que —según explicó— el descontento de las bases sindicales creció de manera sostenida en las últimas semanas. “Los compañeros y compañeras empezaron realmente a entender el impacto real que va a tener en su vida esta ley”, señaló en
declaraciones radiales.
El dirigente confirmó además que distintos gremios y sectores productivos ya manifestaron su respaldo a la eventual huelga, lo que anticipa una adhesión amplia en caso de concretarse la convocatoria.
La definición final se tomará en una reunión clave de la conducción de la CGT prevista para este lunes, donde se analizará el escenario político y el alcance territorial que podría tener la protesta.
Desde la central obrera aseguran que la movilización no solo buscará frenar los cambios propuestos en la legislación laboral, sino también enviar un mensaje directo a la Casa Rosada sobre el rumbo económico y social del Gobierno. “Va a demostrar el descontento, no solamente con este proyecto de ley, sino con el rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en la Argentina, que no incluye a la mayoría”, advirtió Jerónimo.
Con el reloj legislativo en marcha, la tensión entre el sindicalismo y el Ejecutivo libertario escala a niveles decisivos. En las próximas horas, la CGT definirá si activa formalmente el paro que podría marcar un nuevo punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero.