Investigan la entrega irregular de toneladas de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia reveló la entrega presuntamente irregular de una importante cantidad de alimentos, chapas e insumos a la Caja Popular de Ahorros (CPA), en carácter de subsidios y sin un destino específico.

La transferencia de esa mercadería, que la cartera social tenía almacenada para asistir a sectores vulnerables, se realizó entre marzo y octubre de 2023, sobre el final del mandato del exgobernador Juan Manzur, en un año netamente electoral.

A través del Acuerdo N° 4644, fechado este miércoles 16 de octubre, el organismo de control, con las firmas de Miguel Chaibén Terraf (presidente) y Sergio Díaz Ricci (vocal), dispuso la sustanciación de una Comprobación Sumaria en el Ministerio de Desarrollo Social, a los fines de determinar la existencia de eventuales perjuicios al erario público y deslindar las responsabilidades emergentes.

A partir de un pedido de informes elevado por los contadores fiscales del organismo, desde dicha cartera presentaron una seria de planillas que detallan las órdenes de entrega, con su numeración respectiva, fecha, N° de expediente, producto, cantidades y el nombre de la funcionaria que autorizo la entrega de la mercadería, la entonces ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga.

Además, los auditores revelaron que, de la información proporcionada por dicha cartera, se constató que entre las personas vinculadas a la CPA que fueron autorizadas a retirar la mercadería figuraban el interventor de la entidad, José Díaz, y el subinterventor y actual legislador provincial, Hugo Ledesma.

Según los contadores fiscales del TC, desde el Ministerio “no se hizo mención respecto del programa bajo el cual se retiraron dichas mercaderías, siendo responsables según órdenes de autorización la Dra. Lorena Málaga”.

El expediente publicado esta semana por el organismo de control indica que entre marzo y octubre de 2023 el Ministerio de Desarrollo Social le entregó a la CPA 1950 paquetes de arroz de un kilo; 2220 paquetes de fideos tipo spaguetti largo (por 500 gramos); 2200 kilos de harina; 1300 cajas de leche en polvo (por 800 gramos); 1400 paquetes de lentejas (por 400 gramos); 2200 cajas de puré de tomate (por 520 gramos); 1900 kilos de yerba mate; 1200 latas de picadillo; 1400 botellas de aceite de girasol (por 900ml) y 600 kilos de azúcar. Además, siempre según los auditores del TC, la cartera que conducía Málaga le entregó a la CPA un total de 50 camas cucheta de una plaza (de caño), 50 chapas sinusoidal C27 de 3.45 m, 100 sillas plásticas reforzadas y 20 mesas plásticas.

“Dichos subsidios fueron recibidos por el Interventor Dr. José César Díaz y el entonces Subinterventor Sr. Hugo Guillermo Ledesma (entre otros funcionarios) de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, entidad autárquica del estado provincial cuya misión es actuar como organismo financiero y promover el ahorro, la actividad de seguro, la explotación y/o administrar los juegos de azar oficiales, actividades inmobiliarias, entre otras funciones”, remarcaron desde el TC.

Destino incierto

Además, el organismo de control advirtió que “no se encuentra vigente ningún convenio formal entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Caja Popular de Ahorros que autorice a esta última a actuar como intermediario para la entrega de los subsidios dinerarios o en especie”.

En el acuerdo firmado por Terraf y Díaz Ricci, el organismo de control señaló que, conforme lo establecen la Constitución Provincial y la Ley N° 5115, de Administración Financiera, “el Ministerio de Desarrollo Social tiene la competencia específica y exclusiva para otorgar subsidios destinados a personas en situación de vulnerabilidad social”. Y agregaron que “dicha norma no contempla la participación de la Caja Popular de Ahorros, ni de sus funcionarios, en la distribución de subsidios, y menos aún sin un convenio formal que delimite dicha intervención”.

Además, el TC recordó que la CPA, conforme a la Ley N° 5115, “no tiene asignadas entre sus funciones y objetivos la competencia de distribución de subsidios sociales en especie, pertenecientes a programas del Ministerio de Desarrollo Social”. En este sentido, el organismo de control resaltó que la misión de la entidad crediticia “no se vincula con la asistencia social directa por cuenta y orden del Ministerio de Desarrollo Social, ni con la administración de fondos de esta naturaleza sin un convenio que lo legitime, y tampoco se registran entre las atribuciones de su Directorio las de retirar mercadería de esa cartera en carácter de subsidio”.

Posibles delitos

Al evaluar los antecedentes del caso, el TC consideró que “resulta imperativo investigar si el otorgamiento de los subsidios se ajustó a la normativa y si la intervención de la Caja Popular de Ahorros fue legalmente válida”. Y advirtió que “la falta de un convenio que legitime su actuación como intermediaria” refuerza la necesidad de avanzar con una actuación administrativa para determinar si hubo irregularidades.

En este sentido, Terraf y Díaz Ricci señalaron que “atendiendo a las irregularidades expresadas y a las cuestiones relativas a las respectivas competencias de los órganos administrativos involucrados, así también como el indeterminado destino final de las mercaderías e insumos entregados justifican la apertura de una Comprobación Sumaria”.

Los integrantes del TC señalaron que “este procedimiento permitirá esclarecer los hechos, verificar la legalidad de las actuaciones y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas correspondientes, de conformidad con los principios de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas”.

Además, indicaron que dicho procedimiento “es el marco adecuado para analizar y llegar a conclusiones definitivas, a efectos de deslindar las responsabilidades legales emergentes”.

En el Acuerdo del TC se designó como instructores de la Comprobación Sumaria, que deberá estar concluida en un plazo de 60 días, a los abogados fiscales Maximiliano Molina y Florencia Terán Nougues, con la asistencia de la co-instrctora contable Dorotea Griet.

Sin respuestas

TDN le consultó a José Díaz, interventor de la Caja Popular de Ahorros, si tenían conocimiento de esta investigación del Tribunal de Cuentas y el funcionario respondió que todavía no recibieron pedidos de informes en el marco de la auditoría. De todas maneras, se comprometió a brindar la información cuando tengan acceso al expediente iniciado por el TC.