Reforma judicial: los abogados cuestionan la salida al “cuello de botella” de la Cámara Civil

La reforma judicial tucumana será resuelta, precisamente, en tribunales. El constitucionalista Christian Cao trabaja en el planteo de inconstitucionalidad que los Colegios de Abogados de Capital y del Sur anunciaron contra las leyes sancionadas por la Legislatura, y puso el foco en uno de los argumentos centrales utilizados para justificar los cambios: el llamado “cuello de botella” que se había generado en la Cámara Civil y Comercial.

En una entrevista con El Matutino (El Ocho TV), Cao sostuvo que existen otras alternativas para resolver eventuales demoras en la segunda instancia y cuestionó que la respuesta sea modificar las reglas de competencia y reducir la participación obligatoria de abogados en determinados procesos.

“Existen otros motivos, otras maneras de superar esos eventuales cuellos de botella”, afirmó el constitucionalista. Y agregó que “nunca la respuesta puede ser la eliminación de la obligatoriedad de la participación de los abogados en los pleitos”.

El planteo de los Colegios apunta especialmente a la Ley 9.987, que modifica las normas que regulan la organización y las competencias del Poder Judicial. Según explicó Cao, uno de los cambios que cuestionan es la ampliación de las atribuciones de los jueces de Paz.

La objeción tiene dos dimensiones. Por un lado, los abogados sostienen que se están asignando nuevas competencias a magistrados que tienen un mecanismo de designación diferente al de los jueces ordinarios, ya que no interviene el Consejo de la Magistratura. Por otro, cuestionan que la Corte Suprema pueda elevar los montos económicos que determinan qué causas pueden tramitar ante los juzgados de Paz.

Para Cao, esa modificación tiene una consecuencia directa sobre el ejercicio profesional: en determinados procesos podría dejar de ser necesaria la asistencia letrada. “Lo que preocupa es la eliminación de la participación obligatoria de los abogados en este tipo de causas”, señaló.

El constitucionalista sostuvo que la discusión no se limita a los intereses profesionales de los abogados. Según su interpretación, la intervención de un letrado constituye una garantía para las personas que concurren a la Justicia. “La participación de los abogados garantiza en todo tipo de pleitos un juicio justo, conforme a las garantías constitucionales del debido proceso”, afirmó.

La discusión vuelve así sobre el diagnóstico que llevó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a impulsar la reforma. El máximo tribunal había señalado que el principal problema no se encontraba en la primera instancia civil, donde se había reducido fuertemente la cantidad de sentencias pendientes, sino en las cámaras de apelación. Ese desbalance había generado una acumulación de expedientes en la segunda instancia y, particularmente, en el fuero Civil y Comercial.

La reforma avanzó entonces sobre la organización de las cámaras y sobre los criterios de competencia. Los Colegios de Abogados habían advertido durante el debate legislativo que esos cambios podían afectar la especialización de los tribunales y cuestionaron que la solución al problema de gestión terminara modificando las garantías del proceso.

Ahora, Cao retoma ese argumento para preparar la presentación judicial. Para los abogados, una dificultad de funcionamiento de la Cámara Civil y Comercial no justifica eliminar la obligatoriedad del patrocinio letrado en determinadas causas.

La discusión se concentra así en dos planos diferentes: por un lado, la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Justicia y reducir las demoras; por otro, los límites constitucionales que, según los Colegios, deben respetarse al momento de reorganizar competencias y atribuciones.

Durante la entrevista, Cao también rechazó que la reforma pueda ser interpretada dentro de una discusión más amplia sobre la eliminación de intermediaciones profesionales. “Los abogados no somos intermediarios”, respondió. Explicó que la tarea profesional consiste en asesorar, patrocinar y, en algunos casos, representar a las personas que concurren a la Justicia.

“Con nuestro saber técnico lo que hacemos es conducirlo hacia una mejor solución del conflicto”, sostuvo. Para el constitucionalista, la participación del abogado debe ser entendida como una garantía para la defensa de derechos y libertades y no como una instancia que pueda ser eliminada para agilizar los procesos. El argumento será uno de los puntos que quedarán bajo análisis en la acción que preparan los Colegios de Abogados.

Cao confirmó que el planteo todavía se encuentra en etapa de elaboración. La normativa provincial establece un plazo de 60 días para promover la acción desde la publicación de las leyes en el Boletín Oficial. Dentro de ese período, los Colegios de Abogados de Capital y del Sur trabajan junto al constitucionalista y otros profesionales para definir los fundamentos de la presentación. “Los dos presidentes de los Colegios de Abogados de la provincia han encomendado la labor y, por supuesto, con la participación de numerosos colegas estaremos realizando prontamente esta presentación”, señaló Cao.