FOPEA alertó que un artículo de la Ley de Soberanía Nacional podría criminalizar el ejercicio del periodismo

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por uno de los artículos del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y advirtió que su redacción podría afectar la libertad de expresión, penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y limitar la crítica sobre asuntos de interés público.

El planteo de la entidad está dirigido particularmente al artículo 111 de la iniciativa, que propone incorporar el artículo 225 bis al Código Penal para sancionar determinadas acciones vinculadas con la injerencia extranjera sobre procesos electorales y la opinión pública.

El texto establece penas de cinco a 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, procure alterar procesos electorales o "manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva". En los supuestos agravados contemplados por el proyecto, la escala asciende a entre ocho y 15 años.

FOPEA aclaró que comparte tanto la defensa del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas como la necesidad de preservar los procesos electorales frente a eventuales operaciones de injerencia extranjera. Sin embargo, consideró que algunos aspectos de la iniciativa deberían ser modificados durante su tratamiento legislativo.

La organización sostuvo que existen puntos que deben ser revisados para evitar "un retroceso en la discusión libre, penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y limitar la crítica política y de asuntos de interés público".

El cuestionamiento al concepto de "desinformación"

El principal reparo de FOPEA apunta a la formulación del nuevo delito. Según la entidad, expresiones utilizadas en el proyecto como "manipular la opinión pública" y "desinformación" no tendrían la precisión suficiente para delimitar inequívocamente cuáles son las conductas susceptibles de recibir una sanción penal. "La descripción de la conducta típica del delito como 'manipular la opinión pública' y la descripción de 'desinformación' carecen de la precisión que exige la materia penal", cuestionó la organización.

A criterio del Foro, esas expresiones "no delimitan con claridad qué conducta se castiga" y podrían dejar un margen amplio de interpretación al momento de aplicar la norma.

FOPEA aclaró, no obstante, que su planteo no implica desconocer el problema de la desinformación. Por el contrario, reafirmó su compromiso con el combate contra ese fenómeno y contra las operaciones de injerencia extranjera destinadas a distorsionar el debate público.

La entidad calificó ese objetivo como legítimo, pero sostuvo que las herramientas utilizadas para enfrentarlo deben garantizar simultáneamente el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Luego de señalar que la redacción fue analizada por especialistas y constitucionalistas, FOPEA consideró necesario introducir modificaciones para compatibilizarla con las garantías contempladas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Por ese motivo, la organización reclamó al Congreso de la Nación que separe el tratamiento de ese artículo del resto del proyecto y abra una instancia de revisión con participación de entidades vinculadas con el periodismo y los derechos humanos.

Entre los cambios reclamados, FOPEA pidió establecer una definición taxativa de las conductas que podrían ser sancionadas y sumar una cláusula que excluya expresamente de responsabilidad penal la difusión de opiniones, informaciones y críticas protegidas por la libertad de expresión.

La controversia sobre el artículo no quedó limitada a FOPEA. Constitucionalistas y dirigentes de distintos bloques opositores también plantearon objeciones a la amplitud de algunas de las figuras contempladas en el proyecto y sus eventuales efectos sobre la libertad de expresión. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que las nuevas herramientas apuntan a enfrentar formas contemporáneas de injerencia extranjera y que las decisiones adoptadas bajo el régimen estarán sujetas a control judicial.

La discusión quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados, donde el proyecto deberá atravesar el debate legislativo y podrá ser modificado antes de una eventual sanción.