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POLÉMICA MEDIDA DEL GOBIERNO TUCUMANO

“Encerrar adolescentes en una cárcel de adultos no resuelve los problemas de seguridad: los agrava”

Una serie de organizaciones de Derechos Humanos, civiles e institucionales de la Provincia, rechazaron categóricamente la creación de un pabellón para menores en el penal de Benjamín Paz, advirtiendo que la medida constituye un "grave retroceso" en políticas de niñez y vulnera tratados internacionales.

PorTendencia de noticias
06 feb, 2026 11:28 a. m. Actualizado: 06 feb, 2026 11:28 a. m. AR
“Encerrar adolescentes en una cárcel de adultos no resuelve los problemas de seguridad: los agrava”

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, recorrió las instalaciones donde serán trasladados los menores en conflicto con la ley.

La decisión del Poder Ejecutivo provincial de trasladar el alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal al Complejo Penitenciario de Benjamín Paz generó una fuerte reacción de los organismos de derechos humanos en Tucumán. A través de una misiva dirigida al Ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare, la Mesa No a la Baja de la Edad de Punibilidad manifestó su "profunda preocupación" por la implementación del Decreto N.º 112/4. Las organizaciones advierten que esta medida profundiza lógicas punitivas incompatibles con el interés superior del niño y solicitaron una reunión institucional urgente para exponer los impactos negativos de este modelo de encierro.


Desde la Mesa, se sostiene que el traslado implica una desnaturalización de los sistemas de protección integral. En el documento enviado, los referentes señalaron que “la decisión gubernamental constituye un grave retroceso en materia de políticas públicas de niñez y adolescencia, implicando una vulneración de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también una clara profundización de lógicas punitivas, incompatibles con estándares de derechos humanos en la materia”. Según los especialistas, los jóvenes son sujetos en desarrollo que requieren políticas de cuidado y acompañamiento, y no respuestas basadas exclusivamente en el castigo.


Esta postura surge como contrapartida al proyecto ya puesto en marcha por la gestión de Osvaldo Jaldo, que busca trasladar el actual Instituto Roca a un sector del penal de Benjamín Paz bajo el nombre de “Instituto Cura Brochero”. El plan gubernamental contempla el uso del Pabellón 8, un espacio que será adecuado con oficinas modulares, rampas independientes y protección visual en los patios para evitar el contacto con los internos mayores. El gobernador justificó la medida argumentando que para delitos extremos como el homicidio es necesario aplicar firmeza: “Pareciera que la condena no la sienten. Tienen que ir a Benjamín Paz, a un pabellón, estar encerrados y sentir el rigor de lo que siente alguien que comete un delito”.


Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos, la retórica del "rigor" es ilegal. La Mesa cuestionó que el complejo penitenciario fue diseñado para adultos, lo cual condiciona el abordaje socioeducativo. En el texto de la misiva se denuncia que “la medida desconoce gravemente la prohibición expresa de alojar NNyA junto a personas adultas, contenida en el art 37 inc. C de la Convención de los Derechos del Niño. Esta prohibición no se subsana con la habilitación de un ‘pabellón separado’, tal y como lo anuncian las autoridades provinciales”. Además, alertan sobre las deficiencias estructurales de Benjamín Paz, vinculadas a la falta de agua y de propuestas recreativas, lo que expondría a los jóvenes a situaciones de "extrema vulnerabilidad".


Finalmente, la Mesa resaltó que “encerrar adolescentes en una cárcel de adultos no resuelve los problemas de seguridad: los agrava. Lo que está en juego no es solo una medida administrativa, sino el modelo de sociedad que se construye cuando el Estado renuncia a su obligación de cuidar”. Asimismo, advirtieron que el traslado a Trancas, a kilómetros de los centros de vida de los adolescentes, agrava las condiciones de alojamiento al dificultar el vínculo con sus familias y comunidades.


La Mesa No a la Baja de Edad de Punibilidad de Tucumán está integrada por un amplio espectro multisectorial, que incluye a:


  • Fundación Dibujando Sonrisas.

  • ANDHES – Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

  • La Ulloa (Organización de Trabajadores de la Salud Mental).

  • Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

  • Patria Grande.

  • Hogares de Cristo Tucumán.

  • Colegio de Profesionales en Trabajo Social de Tucumán.

  • Abrojos Colectivo de Educación Popular.

  • Proyecto MAP.

  • Patria Amiga.

  • Colegio de Psicólogos de Tucumán.

  • Fundación Mujeres de la Patria Grande.

  • La Poderosa.

  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) - Delegación Tucumán.

  • Fundación Periodismo en Crisis.

  • Centro de Estudios y Acciones en Salud Mental y Derechos Humanos (CEA).

  • Desarrollo y Autogestión.

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