El PE adujo evitar un perjuicio de $5000 millones para la Provincia al cancelar expropiaciones por la falta de fondos nacionales para obras

La administración del gobernador Osvaldo Jaldo oficializó una serie de desistimientos en procesos de expropiación de terrenos estratégicos con el objetivo de proteger el patrimonio de la provincia ante la parálisis de la obra pública nacional. Esta decisión, que fue dada a conocer de manera exclusiva a través de sendos informes publicados por Tendencia de Noticias, busca evitar que el Estado tucumano deba afrontar indemnizaciones millonarias por tierras donde ya no se podrán ejecutar los proyectos previstos debido al recorte de fondos federales. Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Jaldo fundamentó la medida señalando: “Nos adelantamos a la sentencia desistiendo de las expropiaciones y evitamos una condena superior a los 5.000 millones de pesos”.

El primero de los proyectos afectados es el Centro Multimodal de Cargas en Cevil Pozo, un polo logístico de 120 hectáreas proyectado sobre tierras del empresario Emilio Luque. La obra, que buscaba potenciar el comercio mediante la combinación de transporte aéreo, terrestre y ferroviario, quedó descartada al no estar incluida en la planificación vigente del Ministerio de Obras Públicas, lo que permitió a la Provincia evitar el riesgo de afrontar una indemnización que superaba los 900 millones de pesos (que actualizados superan los 5.500 millones). Al respecto, el mandatario destacó: “Vamos a hacer respetar el cien por cien el patrimonio de la provincia. Las expropiaciones del pasado se convirtieron en juicios contra la Provincia que pueden derivar en condenas millonarias y embargos de cuentas públicas. lo que pondría en riesgo servicios esenciales como salud, seguridad y educación”.

“Desde el primer día que nos hicimos cargo, hemos dejado muy clara nuestra posición. Primero, en cuanto al respeto por la propiedad privada en la provincia de Tucumán, algo elemental y fundamental para quienes quieran realizar inversiones, con el respaldo legal del gobierno provincial", sostuvo el tranqueño.

Justificaciones

Por su parte, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, explicó que bajo la actual gestión “la decisión de expropiar ha sido muy justificada: hay obra, hay financiamiento y hay posibilidad de hacerla. No antes”. Esta nueva política de "uso racional y eficiente de los recursos" obligó también a frenar la expropiación de 80 hectáreas en El Espinillo (Burruyacu), donde se proyectaba una Estación Transformadora de Extra Alta Tensión. La obra, valuada en más de 100 millones de dólares, se tornó inviable luego de que la Nación paralizara el financiamiento para el transporte de energía, permitiendo al erario público ahorrar un pago indemnizatorio que ya ascendía a casi $1.400 millones.

Finalmente, el Gobierno desistió de la expropiación de terrenos del Ingenio Concepción en Cruz Alta, donde el Instituto Provincial de la Vivienda proyectaba la construcción de un complejo de 650 viviendas y una escuela. Al darse de baja los programas del extinto Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, la Provincia decidió recuperar los 483millones que ya había depositado judicialmente. “Desistir significa que el Estado puede dejar sin efecto la expropiación antes de la condena y recuperar el dinero depositado”, detalló Pedicone de Valls, subrayando que las constancias judiciales indicaban que Tucumán debía afrontar una suma total de 5.268 millones por estos tres inmuebles sin contar con el financiamiento para las obras.

Cuidar el peso

El Gobernador contextualizó que la Provincia llevó adelante un proceso de recuperación de tierras públicas. Al respecto, precisó: “El 29 de octubre de 2023 iniciamos un proceso de recuperación de tierras del Estado que estaban en posesión de personas que no podían justificar su tenencia. En dos años hemos recuperado casi 1.000 hectáreas que pertenecen a los tucumanos y que tendrán una planificación para su utilización”.

En este sentido, Jaldo concluyó que "no están dadas las condiciones porque no hay financiamiento para obras de gran magnitud que la Provincia no puede costear. Si se consigue financiamiento, Tucumán hará todo lo necesario para que se concreten”.

Asimismo, informó el impacto económico de la decisión. “Nos adelantamos a la sentencia desistiendo de las expropiaciones y evitamos una condena superior a los 5.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, la Provincia está en condiciones de recuperar cerca de 2.000 millones de pesos. En momentos difíciles, los tucumanos debemos cuidar cada peso y saber cómo invertirlo”.