"Emilio Luque hoy no va a cobrar el juicio contra la Provincia", replicó Jaldo a los cuestionamientos del empresario

El clima de tensión entre un actor del sector privado y el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo tras el cruce público entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el empresario Emilio Luque. El conflicto se originó a raíz de la decisión del Gobierno provincial de desistir de la expropiación de 159 hectáreas en Cevil Pozo, destinadas originalmente al Centro de Transferencia Multimodal de Cargas, una medida que el Estado justificó para evitar un pago indemnizatorio superior a los $5.500 millones en un contexto de falta de fondos nacionales para la obra.

Ante las críticas de Luque, quien tildó a la administración de "mal pagador", Jaldo respondió con ironía, centrando su postura en la defensa del patrimonio provincial por encima de los intereses particulares. La reacción del mandatario tucumano fue contundente al ser consultado sobre el malestar del empresario. “Bueno, a mí me preocuparía que Emilio Luque esté contento porque seguramente le estaría cobrando a la provincia el juicio. Hoy no lo va a cobrar”, sentenció Jaldo en declaraciones a la prensa. Con estas palabras, el titular del Ejecutivo ratificó el rumbo de su gestión de dar marcha atrás con procesos expropiatorios que, ante la imposibilidad de concretar las obras por el recorte de partidas federales, terminarían convirtiéndose en condenas millonarias y embargos contra las cuentas públicas.

Previamente, Luque había manifestado su indignación por lo que considera un "maltrato" hacia el sector privado que colaboró con el proyecto desde su inicio en 2014. El empresario denunció un "peregrinaje" judicial de años y la pérdida de seis temporadas de cosecha de caña debido a la parálisis de las tierras. En sus declaraciones, Luque lanzó una dura caracterización del Estado como deudor: “Cuando el gobierno tiene que cobrar, cobra, embarga, aplica tasas usurarias. Cuando el gobierno tiene que pagar es el peor pagador”. Además, criticó la existencia de la ley de inembargabilidad en Tucumán, señalando que mientras el fisco embarga a los ciudadanos "sin miramientos", el Estado goza de una protección que lo vuelve un deudor difícil de abordar.

El proyecto del Centro Multimodal de Cargas buscaba aprovechar la ubicación estratégica de los predios, cercanos al aeropuerto Benjamín Matienzo, para potenciar la logística regional. Sin embargo, la Fiscalía de Estado autorizó el fin del litigio mediante el Decreto 564/1, argumentando que la obra no figura en la planificación actual del Ministerio de Obras Públicas y que el monto reclamado por Luque comprometía seriamente las arcas provinciales. Mientras el empresario evalúa ahora destinar esas tierras a un emprendimiento inmobiliario, el Gobierno insiste en que el desistimiento es un acto de responsabilidad fiscal para evitar un perjuicio económico que no puede asumirse en la coyuntura actual.