JUSTICIA FEDERAL
Cierran el edificio del TOF en Tucumán por riesgo eléctrico y suspenden la actividad presencial
La medida fue dispuesta por la presidenta del tribunal, Carina Farías, tras el informe crítico de EDET. Se prohíbe el ingreso desde este 14 de abril y hasta nuevo aviso, mientras se garantizan solo actuaciones urgentes.
La crisis edilicia en la Justicia Federal de Tucumán sumó en las últimas horas un episodio nuevo: finalmente, el edificio donde funciona el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) quedó formalmente cerrado y sin actividad presencial a partir de este martes 14 a las 7 de la mañana, en línea con las advertencias técnicas que habían encendido las alarmas.
La medida fue ordenada por la presidenta del tribunal, la jueza Carina Farías, quien dispuso la prohibición de ingreso de cualquier persona a la sede ubicada en Chacabuco 125, en San Miguel de Tucumán. La resolución, según precisó el el delegado regional de la UEJN, Ignacio García Mena, tendrá vigencia “hasta tanto se resuelva el problema eléctrico” que afecta al inmueble.
Tal como adelantó este lunes Tendencia de Noticias, el cierre se apoya en el informe elaborado por la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), que había advertido sobre riesgos inminentes de electrocución y/o incendio debido al deterioro generalizado de las instalaciones eléctricas. Ese diagnóstico ya había motivado el reclamo del gremio judicial para clausurar el edificio y pasar a una modalidad de trabajo remoto.
Ahora, con la decisión institucional adoptada, el tribunal activa un esquema de contingencia. Según lo dispuesto, los secretarios del TOF y los titulares de los Ministerios Públicos que funcionan en el mismo edificio quedaron facultados para arbitrar los medios necesarios que permitan garantizar la atención de aquellas medidas que no admitan demora.
La resolución confirma, en los hechos, el escenario de gravedad que venía describiendo el informe técnico: no se trata de fallas aisladas, sino de un sistema eléctrico comprometido en su conjunto, con potenciales consecuencias sobre la seguridad de trabajadores, funcionarios y público en general.
En ese contexto, la clausura preventiva implica la paralización de la actividad ordinaria en el edificio judicial, mientras se aguarda una solución estructural al problema energético. La incógnita, ahora, pasa por los plazos de normalización de la actividad presencial en el TOF.
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