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ESCÁNDALO EN LA FUERZA

El Gobierno echó a dos policías condenados a ocho años de prisión por un robo agravado

La medida alcanza al sargento Jorge Alejandro Rojas y al exagente transitorio Esteban Darío Aráoz. La sentencia quedó firme en febrero de 2025 y el Ejecutivo cerró ahora los sumarios administrativos, luego de tres años de procedimiento disciplinario.

PorTendencia de noticias
19 ago, 2026 06:48 p. m. Actualizado: 19 ago, 2026 06:48 p. m. AR
El Gobierno echó a dos policías condenados a ocho años de prisión por un robo agravado

El Poder Ejecutivo cerró un procedimiento disciplinario iniciado hace tres años y oficializó la expulsión definitiva de dos integrantes de la Policía de Tucumán que fueron condenados a ocho años de prisión efectiva por un robo triplemente agravado. La medida alcanza al exsargento Jorge Alejandro Rojas y al expersonal Transitorio Policial (PTP) Esteban Darío Aráoz y quedó formalizada mediante un decreto publicado este miércoles 19 de agosto en el Boletín Oficial.


Se trata del Decreto N° 1.819/7 (SES), firmado el 6 de agosto por el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, que declaró clausurada la investigación administrativa contra ambos y aplicó la máxima sanción prevista en el régimen disciplinario policial por la comisión de faltas consideradas "gravísimas".


El expediente administrativo tuvo su origen en un allanamiento realizado en el domicilio de Rojas en el marco de la causa "Aráoz Ariel Gustavo y otros s/Robo Agravado", que derivó en actuaciones internas contra el sargento y contra Aráoz.


Según consta en el decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el 7 de agosto de 2024 la Justicia comunicó la condena contra Ariel Gustavo Aráoz, Esteban Darío Aráoz y Jorge Alejandro Rojas, quienes fueron considerados coautores penalmente responsables del delito de robo triplemente agravado por el uso de un arma de fuego cuya operatividad no pudo ser acreditada, por haber sido cometido en poblado y en banda y por haber sido ejecutado por integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario.


Por esos hechos, los tres recibieron una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo. Posteriormente, un oficio judicial del 19 de febrero de 2025 comunicó que la sentencia había quedado firme luego de que la defensa técnica de los condenados renunciara a continuar por la vía recursiva, por lo que se ordenó la formación del correspondiente incidente de ejecución.

 


Los sumarios y la decisión del Poder Ejecutivo

 

En el caso de Rojas, las actuaciones administrativas habían comenzado en 2023. Tras el allanamiento y su detención, una resolución del 14 de junio de ese año dispuso su pase a Situación Pasiva por Proceso y otorgó a las actuaciones carácter de sumario administrativo.


Aráoz también fue sometido a un sumario y pasó a Situación Pasiva por Proceso en mayo de 2023. Meses después, mediante el Decreto N° 3.320/7 (SES), del 3 de octubre de ese año, el Gobierno provincial dispuso su desafectación y cese inmediato como Personal Transitorio Policial, debido a que se encontraba imputado en la causa penal.


En abril de 2025, la Dirección General de Asuntos Internos Policiales (DIGAIP) resolvió unificar ambos sumarios. La investigación administrativa concluyó que las conductas de Rojas y Aráoz debían encuadrarse en el artículo 14 del Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía, que contempla las faltas de carácter gravísimas.


El decreto remarcó que las pruebas incorporadas al expediente acreditaron que ambos cuentan con una condena judicial firme por un delito doloso castigado con pena privativa de la libertad, circunstancia que habilitó la aplicación de la exoneración. También señaló que durante la tramitación del sumario se respetaron las reglas del debido proceso y el derecho de defensa.



Finalmente, el Ejecutivo expulsó formalmente de la fuerza al sargento Jorge Alejandro Rojas por la comisión de faltas gravísimas. En el caso de Esteban Darío Aráoz, modificó la causal por la cual había sido desvinculado de la Policía en octubre de 2023: su anterior desafectación y cese fue reemplazada por la exoneración, es decir, su despido del cargo.


De esta manera, el Gobierno cerró el procedimiento disciplinario iniciado hace más de tres años contra los dos efectivos, luego de que quedara firme la condena penal a ocho años de prisión por el robo agravado.

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