La disputa por una calle de El Manantial llegó a la Corte Suprema

La discusión que se abrió en la Legislatura alrededor de una calle de El Manantial acaba de trasladarse a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Lo que para el oficialismo fue una herramienta para resolver una situación dominial que afecta a familias de sectores vulnerables, para parte de la oposición representa la pérdida definitiva de una reserva vial en una de las zonas de mayor expansión urbana del Gran Tucumán.

El legislador Manuel Courel, junto con otros vecinos, presentó un amparo colectivo contra la Provincia para que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 9.992 y 9.994, que autorizaron la desafectación del dominio público de una fracción de terreno ubicada en la comuna de El Manantial, departamento Lules. También solicitó una medida cautelar para impedir que la traza sea transferida, subdividida, cerrada, ocupada o urbanizada mientras se resuelve el planteo.

El escrito sostiene que la decisión legislativa elimina un corredor vial que forma parte de la red pública y que podría cumplir una función estratégica de conectividad entre San Pablo, El Manantial y Yerba Buena. Según la presentación, la superficie desafectada tiene unos 6.522 metros cuadrados, con una extensión de aproximadamente 650 metros.

El conflicto tiene un antecedente inmediato en la sesión de la Legislatura en la que se aprobaron los proyectos. Allí, el oficialismo defendió las iniciativas como una respuesta a una situación social y dominial que afecta a unas 80 familias: alrededor de 50 en Ohuanta, San Pablo, y otras 30 en El Manantial. El argumento fue que las tierras que figuran catastralmente como calles no habrían cumplido históricamente una función de tránsito público.

Courel sostiene que la Provincia no acreditó que la traza hubiera perdido su utilidad pública. Según el planteo, antes de desafectar un terreno que integra el dominio público debía demostrarse que dejó de cumplir una función vinculada con el tránsito o la conectividad.

El amparo cuestiona también que no se haya realizado un estudio integral sobre el impacto de la medida. Entre otros aspectos, menciona la necesidad de evaluar la movilidad, el crecimiento urbano de la zona y la demanda futura de infraestructura vial.

El planteo judicial también incorpora la situación de los terrenos pertenecientes a Citrusvil, empresa vinculada con las tierras de la zona. Según la oposición, la desafectación podría facilitar el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario privado.

Ahora, el máximo tribunal deberá analizar el amparo presentado por Courel y, como primera cuestión, el pedido cautelar para suspender los efectos de la desafectación.

El expediente vuelve a poner bajo análisis el destino de una traza ubicada en una zona donde conviven reclamos habitacionales, terrenos privados, barrios cerrados y nuevos desarrollos urbanos. La resolución judicial determinará si la desafectación aprobada por la Legislatura puede mantenerse en los términos establecidos por las leyes 9.992 y 9.994.