"El veto total impide una herramienta institucional destinada a mejorar la calidad del ordenamiento jurídico provincial"

Crecen con fuerza las críticas políticas e institucionales en Tucumán tras la decisión del Poder Ejecutivo de vetar de forma absoluta la ley que creaba el Sistema de Monitoreo Post Legislativo, una norma diseñada para evaluar la efectividad real de las leyes que había sido aprobada por unanimidad en la Cámara y que fue un adelante de Tendencia de Noticias. En este clima de creciente tensión, el legislador Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán) formalizó un proyecto de resolución para que el parlamento local ejerza su atribución constitucional de insistencia sobre la norma vetada. El parlamentario sostiene que el rechazo gubernamental parte de una lectura errónea de las competencias del cuerpo, y afirma que con la insistencia se busca defender la calidad del ordenamiento jurídico y garantizar la transparencia del sistema democrático frente a las objeciones del Ejecutivo.

La controversia institucional se desató tras la firma del Decreto N° 1.939/14 (MGyJ) por parte del gobernador Osvaldo Jaldo y su ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado (foto inferior) mediante el cual se dispuso el veto total del proyecto de ley sancionado el pasado 30 de julio. Los argumentos técnicos del Ejecutivo provincial se estructuraron bajo la premisa de que la norma adolece de vicios de inconstitucionalidad al vulnerar el principio de división de poderes. Desde la Casa de Gobierno se alegó que, según el artículo 101, inciso 3 de la Constitución de Tucumán, la administración y la ejecución de las leyes corresponden de manera exclusiva al Gobernador, por lo que el monitoreo sistemático planteado por la Legislatura —y en particular la creación de un "Laboratorio de Medición de Impacto" integrado por parlamentarios— constituiría una superposición de funciones y una indebida injerencia en la órbita de gestión ejecutiva.

Para apuntalar esta posición, los considerandos del decreto oficial recurrieron al constitucionalista Germán Bidart Campos, señalando que “el reparto de órganos y funciones determina ámbitos propios de actuación, de manera que cada órgano debe ejercer sus atribuciones dentro de la esfera de competencia que el orden constitucional le reconoce”.

Frente a la impugnación del Ejecutivo, el proyecto de resolución elaborado por Berarducci propone que la Legislatura resuelva “insistir con el texto sancionado". En los extensos fundamentos técnicos de su propuesta, Berarducci rebate de manera directa los motivos del veto, al argumentar que la impugnación de Jaldo confunde de forma incorrecta el control político con la ejecución administrativa. “La división de poderes no supone que cada órgano constitucional deba permanecer completamente aislado de la actividad de los restantes. El régimen republicano se estructura sobre una distribución de competencias acompañada por mecanismos de control, información y equilibrio”, expone el legislador en su texto. En esta misma línea apuntó que "el veto total impide actualmente la entrada en vigencia de una herramienta institucional destinada a mejorar la calidad del ordenamiento jurídico provincial".

La fundamentación de Berarducci profundiza en la distinción funcional de los poderes del Estado para disipar las dudas sobre la constitucionalidad de la norma:

• La órbita del Ejecutivo: Se reconoce que el Gobernador “conserva sus competencias constitucionales para reglamentar las leyes cuando corresponda; ejecutar las políticas públicas; administrar los recursos; dictar actos administrativos; organizar los servicios; y adoptar las decisiones necesarias para implementar la legislación”.

  
  

  

  
  

• La órbita del Legislativo: El sistema propuesto solo se limita a obtener información, analizar resultados y emitir recomendaciones. En palabras del legislador: “evaluar no es ejecutar; controlar no es administrar; informar no es ordenar; recomendar no es decidir administrativamente. Esta distinción permite interpretar el sistema de manera plenamente compatible con el principio de división de poderes”.

Asimismo, los fundamentos de la insistencia rescatan que el requerimiento de información a los organismos provinciales no implica subordinación alguna, sino que está plenamente respaldado por el artículo 56 de la Constitución Provincial, el cual faculta expresamente a la Legislatura a nombrar comisiones de su seno para examinar el estado de la provincia y solicitar a las oficinas públicas los informes que crea convenientes.

Por otra parte, Berarducci defiende el rol técnico y la garantía de transparencia de los órganos creados por la ley, al precisar que el Laboratorio de Medición de Impacto y la Unidad de Monitoreo “tienen por finalidad brindar soporte técnico al Poder Legislativo” y “no constituyen organismos administrativos paralelos. No tienen potestades ejecutivas. No sustituyen a ninguna autoridad administrativa”. Para el legislador, la norma establece un mecanismo de autoevaluación parlamentaria que busca asegurar que las leyes no queden en letra muerta: “La iniciativa parte de una consideración elemental de calidad institucional: la sanción de una ley no necesariamente agota el análisis que corresponde efectuar respecto de ella. Una norma puede ser jurídicamente válida y, sin embargo, presentar dificultades en su implementación, insuficiencias, superposiciones, efectos no previstos o resultados distintos de aquellos que motivaron su sanción”.

El coro de voces opositores y las grietas en el oficialismo

El conflicto de poderes unificó la postura de las bancadas opositoras en su reclamo por el respeto a la autonomía parlamentaria. La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) fue una de las más categóricas al señalar que “si la Legislatura no puede preguntar qué pasó con las leyes que sanciona, renuncia a su responsabilidad institucional”. A su vez, José Seleme (Avanza Tucumán) criticó al Gobernador acusándolo de estar “desconectado de la realidad institucional de Tucumán” y de pretender entrometerse en otro poder limitando las facultades de la Cámara. Desde Fuerza Republicana, Eduardo Verón Guerra sumó su cuestionamiento al advertir que “un gobierno seguro de su gestión no debería temer ser evaluado”, mientras que el radical Agustín Romano Norri instó a avanzar con la insistencia argumentando que, al haber salido la norma por unanimidad, corresponde que el Legislativo defienda su voluntad.

Este reclamo unánime de control se asimila con la postura del propio presidente de la Cámara, el vicegobernador Miguel Acevedo (foto superior) quien al momento de defender el espíritu del proyecto vetado había expresado: “entendemos que las leyes que sancionamos deben ser medidas y evaluadas para conocer el impacto que producen en la sociedad y verificar que cumplan el efecto para el cual fueron creadas”.

Sin embargo, a pesar de que la ley cosechó un consenso absoluto el 30 de julio, el bloque oficialista peronista comenzó a mostrar un quiebre interno. El legislador justicialista Gerónimo Vargas Aignasse marcó una fuerte distancia con la norma original al alinearse públicamente con el Gobernador: “Estoy de acuerdo con el veto. No hice uso de la palabra en el recinto y acompañé porque el bloque acompañaba. Pero es un mal proyecto”. Vargas Aignasse adelantó de manera tajante que votará en contra en caso de que se intente ratificar la ley.

El dilema

La presentación del proyecto de insistencia por parte Berarducci coloca a la Legislatura tucumana ante una encrucijada política de alta complejidad institucional. El parlamento deberá definir en las próximas sesiones si decide asumir el costo político de acatar silenciosamente el decreto de veto del Gobernador —lo que licuaría la fuerza institucional de la unanimidad alcanzada hace menos de un mes— o si avanzará con la insistencia de la norma. Esta última opción no solo profundizaría el conflicto directo de poderes con Osvaldo Jaldo, sino que además forzaría a cada uno de los legisladores del oficialismo a elegir públicamente en el recinto entre la obediencia partidaria a la Casa de Gobierno o la defensa de la autonomía parlamentaria del cuerpo que conduce Miguel Acevedo.